La organización COAG advierte sobre el problema que representa para la agricultura familiar que los inversores extranjeros consideren la captura de CO2 como un mercado lucrativo
La agricultura de carbono en España se enfrenta a nuevas dificultades tras la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2024/3012, que establece por primera vez un marco europeo homogéneo para la certificación voluntaria de las absorciones de carbono en suelos agrícolas. De acuerdo con la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), el crecimiento del mercado de créditos de carbono junto con la carencia de controles regulatorios efectivos amenaza el modelo profesional y social de la agricultura española.
“España dispone de dos años para impedir que Wall Street se apodere del carbono de sus tierras agrícolas”, advierten ante el riesgo que implica facilitar la entrada de fondos de inversión y plataformas privadas que buscan convertir la tierra en un activo financiero. Según COAG, la adquisición de tierras por parte de actores externos, especialmente entidades ajenas al sector agrario, con el fin de generar ingresos mediante créditos de carbono y ayudas de la PAC, genera una presión creciente sobre el valor de la tierra y los precios de alquiler rural.
Este fenómeno pone en peligro la sostenibilidad de la agricultura familiar, dificulta la renovación generacional y compromete la producción alimentaria, expone COAG en el informe realizado para la European Climate Foundation. En el documento se indica que los créditos agrícolas dentro del mercado voluntario en España oscilan entre 15 y 35 euros por tonelada de CO₂, cifras muy inferiores a las francesas, que alcanzan los 30 a 40 euros por tonelada.
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Razones por las que los fondos de inversión representan un riesgo para el campo
La entrada de fondos de inversión en el ámbito agrario, motivada por el potencial que ofrecen los créditos de carbono y las ayudas PAC, supondría que la tierra deje de entenderse como un recurso productivo y pase a ser vista como un activo rentable para agentes sin conexión con el entorno rural.
De forma similar a lo ocurrido en el mercado inmobiliario tras la llegada de fondos y multinacionales, este proceso provocaría un aumento generalizado en los precios de las fincas agrícolas y de los alquileres, agravando la exclusión de la agricultura familiar y favoreciendo la concentración de la propiedad en manos de grandes inversores financieros.
COAG ha subrayado que el mercado voluntario español aún está en fases iniciales y fragmentado, pero ha identificado “movimientos estratégicos por parte de plataformas privadas” que ya han comenzado a emitir los primeros créditos agrícolas, focalizando su actividad en explotaciones de gran extensión y modelos agrícolas extensivos, especialmente cerealistas, con superficies medias superiores a 100 hectáreas.
En esta situación, la agricultura familiar, que opera en predios con una media de 25 hectáreas de Superficie Agraria Útil (SAU), resulta especialmente vulnerable debido a la ausencia de regulación y al retraso en la elaboración de metodologías específicas de certificación que la Comisión Europea prevé completar entre 2026 y 2028. En contraste, los agentes más poderosos fortalecen su posición, marginando a pequeños y medianos agricultores que enfrentan mayores dificultades para acceder a estos nuevos mercados.
Asimismo, la organización enfatiza que la falta de un sistema público de certificación —similar al Label Bas-Carbone francés— junto con la fragmentación administrativa entre Estado, comunidades autónomas y entidades privadas, aumenta la exposición de la tierra agrícola española a la inversión especulativa. Por ello, exigen mayor transparencia y trazabilidad en las operaciones de compra-venta, además de la defensa del modelo de agricultura social para evitar una financiarización perjudicial del campo.
Medidas para impedir la entrada de fondos especulativos
Para limitar la entrada de fondos de inversión y proteger el papel social de la agricultura, COAG propone un conjunto de medidas regulatorias concretas destinadas a resguardar el acceso a la tierra y asegurar que el sistema de certificación de carbono beneficie directamente a los agricultores profesionales y familiares.
En primer lugar, plantea condicionar la certificación de créditos de carbono a la figura del agricultor activo o genuino, según la definición europea: “Se propone que el acceso a la certificación de carbono agrícola bajo el Reglamento 2024/3012 esté limitado a agricultores activos o, preferiblemente, genuinos conforme al marco regulatorio, y que quienes no cumplan este requisito no puedan acceder a la certificación”.
En la misma línea, solicitan que las actividades relacionadas con el carbono estén necesariamente vinculadas a la producción alimentaria efectiva: “No deberían acreditarse absorciones derivadas del simple abandono productivo o la transformación de superficies agrícolas alimentarias en monocultivos destinados exclusivamente a generar créditos de carbono”.
La tercera proposición de la organización consiste en fomentar la certificación colectiva para que cooperativas y organizaciones agrarias gestionen certificaciones grupales, lo que facilitaría el acceso de pequeños propietarios y reduciría los costos fijos por verificación y auditoría. Además, señalan que los gastos asociados a la certificación deben ajustarse a la superficie o volumen de absorción gestionados, evitando tarifas uniformes que perjudiquen a la agricultura familiar.
En materia de transparencia, COAG exige fortalecer los bancos de tierras autonómicos y los registros oficiales mediante herramientas que permitan monitorear el impacto de la agricultura de carbono en el valor de la tierra y las operaciones especulativas. También insiste en excluir del diseño y aplicación de metodologías de certificación a fondos de inversión y entidades sin vinculación con el sector agrario.
Reformas en el reglamento y las políticas públicas
El informe de COAG enfatiza el papel de las políticas públicas. En particular, solicita la integración efectiva de la certificación de carbono, el sistema de ayudas de la PAC y los instrumentos nacionales de política climática para favorecer al agricultor profesional y familiar. Entre sus propuestas destaca la creación de una autoridad nacional de coordinación que unifique competencias actualmente dispersas y garantice la transparencia en los procesos de certificación.
Otra demanda fundamental es la implementación de pagos por resultados climáticos, complementarios a los ecoesquemas de la PAC, junto a seguros, fondos de garantía colectiva o mecanismos de fuerza mayor que protejan a los agricultores frente a eventos extremos como sequías, incendios o inundaciones, que puedan revertir la captura de carbono involuntariamente.
La organización también solicita que los contratos entre agricultores y plataformas de certificación estén sujetos a un marco mínimo de protección para prohibir cláusulas abusivas y garantizar la transparencia en la distribución de ingresos y el establecimiento de precios por crédito de carbono. Además, subrayan la urgencia de crear un instrumento público de certificación de carbono agrario que canalice la oferta y la demanda bajo criterios claros de trazabilidad, evitando así la dependencia de estándares privados o extranjeros.