Los agentes especiales de la Guardia Civil reabrieron la investigación en noviembre de 2024 y comenzaron a estrechar el cerco alrededor de los dos hermanos desde el 14 de enero de este año.
Desde la noche del 9 de mayo de 2017 hasta el 11 de marzo de 2026. 3.230 días. Casi nueve años transcurridos con sus sombríos amaneceres y sus interminables noches para la familia de Francisca Cadenas (su esposo y sus tres hijos). La inquietud y el desánimo se apoderan progresivamente de ellos. «Teníamos una intuición». A menos de 30 metros, justo sobre la Calle Nueva donde residen, sus dos vecinos —Lolo y Juli— habitan la casa del horror, pisando el mismo patio en cuyo suelo yace enterrada la mujer de 59 años. Pero no existen pruebas concluyentes. Solo sospechas, presentimientos y, al inicio, ruidos de obras. Un hermano mayor (55 años) participa en concentraciones para exigir que la investigación sobre la desaparición continúe (Lolo), mientras que el menor (50 años), Juli, nunca aparece. ¿Por qué no permiten entrar en su domicilio? La pesquisa careció de evidencias sólidas durante todo este tiempo para solicitar una orden judicial. El cerco se ha ido cerrando paulatinamente desde el 14 de enero pasado, cuando la UCO —como siempre solicitó la familia de la víctima— asumió la responsabilidad del caso en noviembre de 2014. Primero fueron 16 meses. Esta última semana ha sido vertiginosa para esclarecer un caso que se consideró perdido (estuvo archivado cinco años).
Los hermanos detenidos han pasado a disposición judicial.
Aún falta por esclarecer cómo se cometió el crimen y, sobre todo, el motivo, pues nunca puede existir una razón que justifique tanta crueldad y frialdad. De momento, y eso es lo fundamental, el cuerpo ha sido encontrado y hay una confesión («se terminó derrumbando», señalan fuentes de la investigación). Fue Julián González quien confesó ayer, exculpando a Manolo, que ya presentó su coartada frente a la Guardia Civil y los medios, negando una vez más cualquier vinculación con el crimen: «Estaba en el hospital de Mérida esa noche acompañando a un familiar (su tía). ‘No sabía nada’, repite constantemente. La última vez fue ayer durante un nuevo interrogatorio ante los agentes. ¿Es posible que alguien conviva durante nueve años con los restos de una persona bajo sus pies sin darse cuenta? ¿Es razonable que un hermano no informe al otro —viviendo bajo el mismo techo— sobre el delito, cuando en Hornachos no se habló de otra cosa en toda una década? Y lo más relevante desde el punto de vista judicial: ¿tuvo Juli tiempo de matar y enterrar a su vecina para que, al regresar Lolo desde Mérida, la escena del crimen estuviera intacta? Nadie en la investigación lo cree. Habrá que esperar a su declaración en el Juzgado de Zafra este sábado a las 12:00 horas, cuando serán trasladados desde el cuartel de Zafra.
Ayer, el periodista Paco Lobatón se preguntaba en las calles de Hornachos, siempre muy cercano al caso y la familia, cómo fue posible que no se cerrara el cerco mucho antes. «La familia, los hijos de Francisca, tenían muy claro dónde debían buscar, y sin embargo, se tardó lo que se tardó». Es la pregunta común a todos.
Como relató este periódico ayer, en la misma noche en que desapareció su madre, José Antonio fue al domicilio de los ahora acusados. También visitó otras casas en la calle. Todos los vecinos prestaron su colaboración, abrieron sus puertas… salvo una. Salvo una única puerta. Juli presentó una excusa y casi la cerró en la cara de José Antonio, alegando que debía cuidar a su tía enferma. «Deberíamos haberla derribado», lamentan hoy sus hijos. Más aún cuando las sospechas aumentaron al escucharse ruidos de obras en la vivienda dos o tres días después de la desaparición. Ahora parece claro que bajo el suelo se estaba construyendo la ignominia, excavando y colocando baldosas, plantas e incluso un frigorífico. El horror.
«La resolución estaba a pocos metros», clamó ayer su hijo, un incansable activista para que el caso no cayese en el olvido, como ocurrió durante cinco largos años, cuando la carpeta del sumario estuvo archivada por el juzgado. No había pruebas, no existía caso. Inicialmente, la investigación estuvo a cargo de la Unidad Territorial de la Guardia Civil, que pasó casi tres años sin lograr avances. Se realizaron interrogatorios, también a los dos hermanos, al matrimonio amigo cuya hija cuidaba Francisca casi todas las tardes, los últimos que la vieron con vida. Se registraron domicilios, incluso de la familia afectada. Se inspeccionaron pozos y se dirigió la atención hacia otros vecinos. Otro dato: el hermano mayor detenido sí participaba en las concentraciones que se realizaban en el pueblo demandando la intervención de la UCO en el caso. El confeso autor del crimen jamás lo hizo, según señalan en el pueblo.
En 2019, al alcanzar un punto muerto, el caso fue archivado. Sin embargo, la familia no se rindió. Hubo manifestaciones, incluso frente a la Delegación del Gobierno en Badajoz. Fue una lucha constante de la familia y la comunidad, con un papel esencial de los medios de comunicación como altavoz. El caso permaneció en letargo.
No obstante, cuando nadie lo esperaba, llegó el giro decisivo. En noviembre de 2024, la UCO desplegó todos sus recursos para reconstruir los últimos pasos de la mujer. Solo la presencia de los agentes en las calles daba nueva esperanza. La primera acción visible en esta fase se produjo tras las Navidades, el 14 de enero. Luego, desde el pasado 4 de este mes, se sucedieron operaciones continuas con 200 agentes en las calles, hasta esta semana culminante en la que todo se precipitó, con el cerco completamente cerrado sobre Lolo y Juli. No tenían escapatoria. El lunes pasaron de testigos a investigados, mientras comenzaban los registros en su vivienda, aun sin orden judicial, pero con su «colaboración» por recomendación de su abogado.
Con la autorización judicial, entraron por tercera vez en la vivienda de dos plantas el miércoles. Los hermanos aún estaban en libertad, pero a las cinco de la tarde todo terminó con el hallazgo de los huesos. Han transcurrido 3.230 días desde que Francisca no regresó a casa para preparar la cena a su hijo, como había prometido.
Las operaciones en estos días incluyeron mediciones técnicas en el callejón y en el tramo superior de la vía donde residían, además de la toma de declaraciones a vecinos de la zona. Y un factor clave para la rapidez final fue la experiencia acumulada en casos similares: la UCO desplegó el mismo equipo que resolvió un caso muy semejante, el de Manuela Chavero, la mujer desaparecida en Monesterio. Ambas localidades distan 65 kilómetros, y ambos casos representan horrores similares. «Nada será igual, no somos las mismas personas», clamó ayer su hijo José Antonio. Probablemente se enfrentarán a un jurado popular y a un horizonte penal con una posible prisión permanente revisable. Entonces, sí, la familia de Francisca podrá, por fin, hallar paz.