«No se trata de una situación convencional, pero sin duda no constituye un acto criminal. Es un asunto exclusivamente asistencial relacionado con una familia con dificultades y un comportamiento atípico», explican los abogados, quienes recalcan el «temor» de los progenitores ante el Covid-19 y su estatus irregular en España.
Las pericias han brindado un sólido apoyo a la defensa de los padres acusados de retener cautivos a sus tres hijos en una vivienda de Oviedo durante casi cuatro años. Julio Bobes, catedrático de psiquiatría quien evaluó a los progenitores en prisión provisional, descartó que padecieran «una enfermedad mental grave» y el médico forense negó la existencia de un perfil abusador en los acusados o de víctimas de maltrato en los menores, dos gemelos de ocho años al ser localizados y su hermano de 10 años.
La segunda jornada del juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Asturias se focalizó en los testimonios periciales. Aunque nuevamente se realizó a puerta cerrada, el psiquiatra atendió a la prensa fuera del recinto judicial y confirmó la línea defensiva presentada por los abogados de los padres, quienes alegan que los acusados deberían restablecer el vínculo con sus hijos, quienes perdieron la custodia en favor del Principado de Asturias.
Según este especialista, los niños presentan «retraso en su desarrollo como consecuencia» de haber permanecido sin educación formal y detecta en ellos una «necesidad urgente y prioritaria» para «normalizar su vida». Para lograrlo, destaca la relevancia de su inclusión en el sistema educativo, pero también de que «recuperen el contacto con sus padres». Solicita, por ello, «revisar la prohibición actual que afecta el vínculo entre padres e hijos».
El proceso judicial se prolongará un día adicional respecto a lo previsto y hasta el jueves 12 no se espera la declaración de los acusados, a quienes la Fiscalía imputa 25 años y 4 meses de prisión por violencia psíquica habitual y tres años por detención ilegal de sus hijos. Antes de ese testimonio, una prueba psiquiátrica presentada por la defensa en la sala establece que «existía, efectivamente, un temor insuperable a salir al exterior por parte de los padres».
Para el letrado Javier Guillermo Muñoz Pereira, defensor de la madre, «esto reduce, evidentemente, la posible responsabilidad penal». Las defensas insisten en negar la criminalidad y sostienen que este caso es «un tema estrictamente asistencial» que corresponde resolver a los servicios sociales.
Elena González Martínez, abogada del padre, subraya que el ámbito penal resulta «el más perjudicial» para los menores, ya que «se ha fracturado una familia». Esta letrada reconoce que la conducta de los progenitores, que aislaron a los niños sin escolarizar y sin acceso a servicios médicos, no fue la adecuada, pero descarta que hayan cometido delito alguno, motivo por el que solicitan la absolución. «No es una situación convencional, pero sin duda no se trata de un acto criminal. Es un asunto exclusivamente asistencial de una familia con problemas y un comportamiento anómalo», defendió.
Según explicaron los abogados a la prensa, los padres manifestaban dos temores que convergieron: el Covid-19 y su estatus irregular en España, lo que les generaba dificultades. «No era solo una cuestión de covid, sino personas que, tras contagiarse y permanecer enfermos durante meses, no pudieron regularizar su situación en España», señaló Elena González. «Ese miedo irracional e insuperable fue el verdadero motivo de su encierro», concluyó la abogada.
Christian S., alemán de 53 años, y Melissa A.S., estadounidense de nacionalidad alemana de 48 años, se mudaron con sus hijos desde Alemania a Asturias en octubre de 2021 y solo el padre figuraba residiendo en la conocida como «casa de los horrores», mientras que ni la madre ni los niños estaban registrados en el sistema oficial. Al ser hallados en abril de 2025, los niños no habían acudido al médico desde 2019 y estaban sin escolarizar. Ambos padres habían contraído covid en dos ocasiones y sufrían covid persistente, razón por la cual temían salir para regularizar la situación de los menores.
Desde la prisión de los padres, los niños permanecen bajo la tutela del Principado de Asturias y los expertos no solo apoyan el restablecimiento del vínculo paterno, sino que certifican que los progenitores están capacitados para ejercer como tales. «Están en condiciones de educar a sus hijos con apoyo asistencial», señalan, enmarcando el problema dentro de un contexto psicosocial.
Importante fue también el testimonio del médico forense José Antonio Sánchez Moro, quien examinó a los padres y a los menores. Según declaraciones recogidas por La Nueva España, los niños «se encuentran en buen estado» y «no han sufrido maltrato ni daños». Además, aseguró que los tres «aman a sus padres, los extrañan y desean regresar con ellos».
Los representantes legales de la defensa insisten en descartar que la vivienda fuera una «casa de los horrores», como la denominaron inicialmente algunos policías al entrar, y también apelan a la situación actual de los menores, para la que solicitan, como solución adecuada, una «reconciliación familiar gradual», en la cual los padres participen activamente en la vida de sus hijos bajo supervisión de los servicios sociales y profesionales especializados.