Aunque la enfermedad limite la capacidad de trabajar, muchos trabajadores ven denegadas sus solicitudes de incapacidad permanente y deben enfrentarse a un largo proceso administrativo
Qué es la incapacidad permanente: cómo solicitar la pensión, qué enfermedades otorgan la ayuda y cuánto dinero se percibe.
Para numerosos trabajadores, enfrentarse a un proceso de incapacidad permanente puede resultar especialmente frustrante. No solo deben lidiar con problemas de salud que dificultan o impiden realizar su actividad laboral con normalidad, sino que también, en ocasiones, reciben una respuesta negativa inicial a su solicitud. La sensación de tener que demostrar repetidamente que no están en condiciones de trabajar es una de las quejas más frecuentes entre quienes atraviesan procedimientos ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social dentro del sistema de Seguridad Social, donde las valoraciones médicas y administrativas pueden diferir de la percepción personal del afectado sobre sus limitaciones reales.
En un video publicado en su perfil de TikTok (@leyesconsebas), el abogado Sebastián Ramírez señala que la Seguridad Social suele presentar “muchos problemas para conceder las pensiones de incapacidad permanente”. Según su experiencia, no es un caso aislado. “No es raro encontrar casos de personas que realmente están mal, que no pueden ir a trabajar y la Seguridad Social les indica que sí están capacitados”, afirma Ramírez.
En España, el reconocimiento de una incapacidad permanente corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), entidad encargada de evaluar si un trabajador cumple con las condiciones médicas y laborales necesarias para acceder a una pensión dentro del sistema de Seguridad Social. El procedimiento suele iniciarse después de una baja médica prolongada o a solicitud del propio trabajador y se fundamenta en informes clínicos, historial sanitario y la valoración del puesto laboral desempeñado.
Cuando el tribunal médico no reconoce la incapacidad
La legislación española distingue distintos grados de incapacidad permanente según la limitación que padezca el trabajador para ejercer su actividad profesional. Estos grados comprenden la incapacidad permanente parcial, la total para la profesión habitual, la absoluta para cualquier trabajo y la gran invalidez. La evaluación corresponde a los Equipos de Valoración de Incapacidades (EVI), también llamados “tribunales médicos”, que examinan la documentación sanitaria y determinan si las dolencias del trabajador justifican la concesión de la prestación.
Cuando la Seguridad Social rechaza una pensión o asigna un grado menor al correspondiente, el abogado indica que existe la posibilidad de presentar recurso. “Si se hace correctamente, siempre está abierta la opción de solicitar que un juez evalúe el caso y rectifique a la Seguridad Social en caso de error”, señala. Frente a la negativa inicial del organismo, el letrado insiste en que el proceso no está cerrado para quien se considere valorado injustamente. Explica: “Aunque la Seguridad Social indique en primera instancia que no, no todo está perdido”.
El trabajador puede recurrir a la vía judicial
Ramírez ejemplifica con una sentencia reciente: “Un juzgado de Barcelona corrige a la Seguridad Social y concede la incapacidad permanente absoluta a un técnico de mantenimiento”. Casos de este tipo, sostiene, demuestran que el criterio administrativo puede revisarse mediante la vía judicial.
El tribunal médico deniega la incapacidad permanente a una mujer con cáncer por ir “demasiado maquillada”.
En España, los procesos para reclamar una pensión de incapacidad permanente generalmente comienzan con una resolución negativa de la Seguridad Social. Si la persona afectada no está conforme, puede presentar una reclamación previa y, si esta también es rechazada, acudir a la vía judicial. En numerosos casos, un juez puede revertir la decisión administrativa cuando considera que existen evidencias suficientes sobre el estado de salud del trabajador.
Los tribunales de lo social examinan en estas situaciones tanto los informes médicos como la realidad laboral del afectado. La jurisprudencia ha establecido en repetidas ocasiones que la evaluación no debe centrarse exclusivamente en el diagnóstico clínico, sino también en el impacto real que las dolencias generan sobre la capacidad para desempeñar una actividad profesional.