El PP señala a Miquel Iceta por un posible conflicto de intereses tras la incorporación de su pareja, Ángel García Rosique, como piloto en Iberojet, un hecho que ocurrió tras la aprobación del rescate de Ávoris en el Consejo de Ministros.
El Grupo Popular sugiere la existencia de un posible delito de negociaciones prohibidas y exige al Ejecutivo una aclaración sobre si tenía conocimiento de dicha contratación al aprobar el rescate de 320 millones para Ávoris.
Cuca Gamarra ha solicitado la destitución de Iceta como embajador ante la UNESCO, denunciando el uso de la estructura estatal para favorecer a familiares de integrantes del Gobierno.
El PP remarca que Iceta intervino en la decisión del rescate y que las gestiones para la contratación comenzaron antes de su ratificación, lo que podría constituir una infracción grave y posibles consecuencias penales.
El Partido Popular ha tomado la iniciativa en el escándalo que vincula al exministro Miquel Iceta con la contratación de su pareja, Ángel García Rosique, como piloto en Iberojet, según ha revelado EL ESPAÑOL.
El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso una serie de preguntas escritas donde denuncia un claro «conflicto de intereses».
El PP incluso señala un posible delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, contemplado en el artículo 439 del Código Penal.
Exigen al Gobierno que detalle «si sabía que García Rosique iba a ser contratado por Iberojet» cuando el Consejo de Ministros aprobó el rescate de Ávoris por 320 millones de euros, información que se deduce tras la publicación de los mensajes del KoldoGate.
Técnicamente, Moncloa está obligada a proporcionar toda la información y la secuencia de hechos, aunque desde Génova anticipan que «contestarán con evasivas».
Además, los populares preguntan si el Ejecutivo planea «proceder al cese de Iceta como embajador ante la Unesco«.
El escrito menciona este caso como otro ejemplo de los «rescates controvertidos» del Gobierno de Pedro Sánchez a empresas «por supuestos casos de tráfico de influencias, conflictos de intereses, comisiones ilegales e irregularidades«, como en los rescates de Air Europa (475 millones) y Plus Ultra (53 millones).
El rescate de Ávoris «se suma a esta lista» tras descubrirse, según el PP, «una nueva contraprestación personal en favor de algún miembro del Gobierno o de sus familiares», similar a lo ocurrido con Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Ejecutivo.
En realidad, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP fue aún más allá este lunes.
Cuca Gamarra exigió la renuncia o destitución de Iceta como embajador en la UNESCO, denunciando «el uso de la estructura del Estado para favorecer a familiares como práctica común del ‘sanchismo’«, afirmó la dirigente de la dirección de Alberto Núñez Feijóo.
La cronología, esencial
El PP destaca que «Iceta formó parte del Consejo de Ministros del 16 de marzo de 2021 que aprobó el rescate». Y que solo dos meses después, «su pareja fue contratada como piloto en Iberojet, filial de la empresa rescatada».
De acuerdo con EL ESPAÑOL, las gestiones se canalizaron a través de Koldo García, utilizando a Víctor de Aldama y al consejero delegado de Ávoris, Miguel Ángel Sánchez.
La cronología resulta reveladora. Los mensajes interceptados por la UCO en el teléfono de Koldo prueban que las gestiones para la contratación comenzaron el 22 de enero de 2021, casi dos meses antes de la aprobación del rescate.
Koldo envió a Aldama el currículum y los títulos académicos del piloto. Iceta, lejos de mostrarse indiferente, agradeció la contratación: «Muchísimas gracias! Hoy comienza el resto de mi vida. Sin ti no habría sido posible».
Infracción con posible «destitución»
El documento del PP menciona claramente la posible existencia de un «conflicto de intereses», concepto regulado por la Ley 3/2015 sobre el ejercicio de altos cargos en la Administración General del Estado.
El artículo 11 de esta ley define esta situación como aquella en la que un alto cargo adopta decisiones que pueden afectar a «los intereses económicos de su cónyuge o persona con la que conviva en relación afectiva análoga».
El artículo 12 impone la obligación de abstenerse: «Los altos cargos deben ejercer sus funciones sin incurrir en conflictos de intereses y, si consideran que existe tal conflicto, deben abstenerse de tomar decisiones que lo involucren«.
Iceta, en su calidad de ministro, fue el directo beneficiario de una contratación a su pareja que él mismo negoció, según revelan los mensajes del móvil secreto de Koldo García.
De hecho, como ministro, Iceta participó en el Consejo de Ministros que aprobó el rescate de la empresa que inmediatamente contrató a su pareja.
Así, incumplir ese «deber de abstención» implica una infracción administrativa grave que puede conllevar la destitución, la pérdida del derecho a compensación tras el cese, y la prohibición de ocupar cargos públicos por un período de hasta diez años.
Delito penal con penas de prisión
Además, la situación tiene implicaciones penales.
El delito de negociaciones prohibidas, recogido en el artículo 439 del Código Penal, sanciona a la autoridad que, por su cargo en algún contrato u operación, se aproveche de esa posición para facilitar cualquier tipo de participación, directa o mediante terceros.
Las penas establecidas incluyen de seis meses a dos años de prisión, multas de doce a veinticuatro meses, y inhabilitación de dos a siete años.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha determinado que se trata de un delito «de mera actividad», lo que significa que no requiere que exista un beneficio efectivo ni perjuicio a la Administración, aunque según las informaciones del Koldogate, en este caso sí se logró la contratación buscada.
Este delito encaja directamente con el caso Iceta, quien, como miembro del Consejo de Ministros, intervino en el rescate y supuestamente se aprovechó para facilitar, a través de un tercero (Koldo García), la incorporación de su pareja en la empresa rescatada.
Los hechos podrían constituir además un eventual delito de tráfico de influencias.
El artículo 428 del Código Penal sanciona al funcionario que influye en otro «para obtener una resolución que cause beneficio económico», con penas de hasta dos años de prisión y inhabilitación de hasta nueve.
En este caso, los implicados serían Koldo García, como asesor ministerial que ejerció la influencia, y Víctor de Aldama, como intermediario ante una empresa dependiente de fondos públicos.