El malestar generado por Igualdad, la insalvable fractura del movimiento y la pérdida de apoyos femeninos se ven eclipsados por la consigna antibelicista.
En este momento del año, 2026 se perfila como uno de los más complicados para el feminismo desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. El Gobierno, que arrastra una serie de escándalos sexuales denunciados dentro del espacio de la izquierda, específicamente en el PSOE y en las instituciones; junto a disfunciones en los sistemas de protección de las víctimas de violencia de género; además de leyes comprometidas que no llegan a aprobarse, intenta tapar la fractura con su electorado femenino y recuperar su respaldo invitándolas a sumarse al No a la guerra. Por ello, hoy, Día Internacional de la Mujer, mientras miles de personas participan en las múltiples manifestaciones a nivel nacional, se alzará la voz contra el actual belicismo.
“El 8-M saldremos a la calle para defender la paz”, afirmó ayer la ministra de Igualdad, Ana Redondo, mediante un mensaje en X. La iniciativa antibelicista promovida por el Ejecutivo podría servir no solo para reactivar el voto de la izquierda, sino también para mitigar la volatilidad del electorado femenino, que desde diciembre, según las proyecciones realizadas ese mes por Sigma Dos para EL MUNDO, está abandonando al partido. En aquel entonces, con una participación electoral similar a la de 2023, el sondeo señalaba que más de 162.000 mujeres estarían dejando de votar por esta formación. Un desgaste notorio, especialmente considerando que el 28% del voto en el 23-J lo aportaron mujeres, frente al 23% que correspondió a hombres.
Esta pérdida podría intensificarse. Frente a los escándalos, tanto Redondo como Sánchez han repetido durante los preparativos del 8-M que “la diferencia no radica en la existencia o no del problema, sino en cómo se reacciona cuando surge”, subrayó el presidente en el acto institucional con motivo del Día de la Mujer.
Este año se han conocido nuevos episodios de acoso y agresiones; algunos antiguos han resurgido: el proceso contra el exdiputado de Sumar Íñigo Errejón se ha reactivado tras la denuncia de una segunda mujer a finales de febrero.
Sin embargo, la credibilidad de la izquierda, y sobre todo la del Ejecutivo, lleva tiempo estando bajo sospecha. Desde Tito Berni y los mensajes entre Ábalos y Koldo sobre prostitutas, pasando por el caso Salazar, las denuncias contra el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional y numerosas otras dirigidas a cargos socialistas en toda España, la respuesta del PSOE ha sido tardía y en ocasiones poco rigurosa.
Tal es el caso del exdirigente socialista Paco Salazar, contra quien se presentaron denuncias por acoso sexual que no se atendieron hasta cinco meses después. Este es uno de los episodios que más han mermado el apoyo femenino al espacio socialista, especialmente cuando se hizo público que las denuncias desaparecieron del canal interno del partido y que se desatendió a las empleadas de La Moncloa que las presentaron. Además, la líder del PSOE de Aragón y exministra de Educación Pilar Alegría se reunió para almorzar con el acusado, restringiendo el encuentro a su “ámbito personal”, lo que desató una crisis de confianza que permea a todo el partido.
Para colmo, la ministra de Igualdad fue quien experimentó la mayor caída en valoración en 2025, tras el escándalo por los fallos en las pulseras antiagresores, revelado en la Memoria Anual de la Fiscalía 2024, que llevó a su reprobación en el Congreso. El fallo del sistema volvió a producirse el 11 de noviembre de 2025; casi tres meses después, el pasado viernes, el Ministerio sancionó a Vodafone, empresa encargada del servicio, con una multa de 25.000 euros. También se detectaron fallos en el Sistema Cometa, responsable de estos dispositivos.
Estas negligencias cobran aún más relevancia en el contexto de los asesinatos en relaciones de pareja o expareja en lo que va de 2026: diez mujeres y dos menores han sido víctimas, cifra que supera a las nueve de 2023, cinco de 2024 y tres de 2025, todas contabilizadas hasta el 23 de febrero de cada año. Esta escalada alarmante refuerza las numerosas demandas para fortalecer la protección a las víctimas.
A la situación se suman debates políticos pendientes, como la prohibición del burka —el PSOE rechazó la propuesta de Vox para luego mostrarse dispuesto a discutirla cuando fue presentada por Junts— y la paralización de iniciativas legislativas. Por ejemplo, la ley contra la violencia vicaria aún debe superar su segunda aprobación en el Consejo de Ministros. Otras, consideradas “prioritarias” por Redondo en septiembre, como las leyes contra la trata y la abolición de la prostitución, profundizan la fragmentación del movimiento feminista. Además, provocan descontento hacia la ministra, quien planea exigir a las organizaciones solicitantes de subvenciones para programas de prevención e investigación sobre violencia contra las mujeres que reconozcan explícitamente que la prostitución constituye “violencia contra las mujeres”. Esta tensión generalizada queda desplazada por la consigna del No a la guerra.