Javier Gil, creador de ‘Generación inquilina’, explica cómo la herencia supera al esfuerzo laboral para acceder a una vivienda hoy en día

El investigador del CSIC lanza su primer libro, donde expone de forma divulgativa las claves del actual problema habitacional y las soluciones políticas y sociales posibles

Javier Gil, investigador del CSIC, presenta su obra “Generacióninquilina”, que reúne sus estudios sobre la crisis inmobiliaria actual y motiva a esta generación a transformar su presente y futuro.

La crisis de la vivienda que afecta a España no es un fenómeno aislado. Esta situación crítica se extiende por gran parte del norte global, impulsada por el auge del neoliberalismo y las políticas capitalistas que, tras la crisis financiera a comienzos de siglo, abrieron paso a la inversión inmobiliaria de los fondos buitre. Javier Gil, investigador del CSIC, expone en su primer libro, Generación Inquilina, cómo los ciudadanos tienen en sus manos la capacidad de cambio, aunque para lograrlo se requiere desobediencia política y un esfuerzo colectivo.

-Pregunta: En tu libro mencionas la influencia del neoliberalismo y el capitalismo en el mercado inmobiliario, ¿cómo describirías su impacto?

-Respuesta: Se refiere directamente al capitalismo rentista y a un nuevo paradigma rentista que surgió en 2008. La vivienda se convierte en el eje en torno al cual gira todo. Se pasa de un capitalismo centrado en producir mercancías, generar riqueza y consumo, a un capitalismo donde la inversión se orienta hacia el control de activos para obtener beneficios especulativos, elevando su precio, ya sea en vivienda, oro, criptomonedas o acciones.

-P: La idea del libre mercado suele asociarse con posturas políticas de derecha, ¿consideras que solo un Gobierno socialista o de izquierda podría resolver la crisis actual?

-R: Los mercados son esencialmente políticos y están completamente regulados. El mercado inmobiliario está extremadamente regulado de arriba a abajo, pero para favorecer la subida de precios. Es necesaria una regulación diferente, que coloque el bienestar de las personas como prioridad y no la rentabilidad de la propiedad de activos o el rentismo. Se observa que tanto partidos de izquierda como de derecha tienen dificultades para afrontar y controlar el problema de la vivienda. Creo que solo puede entenderse con una política de izquierda, en el sentido de regular e intervenir en los mercados. La generación inquilina pierde cada vez más confianza en este sistema, y esto comienza a manifestarse en expresiones políticas directas, como el auge de las extremas derechas. Existe un vínculo muy estrecho entre la crisis habitacional y el crecimiento de los sectores de derecha extrema.

-P: En el libro mencionas la sociedad de propietarios, ¿cómo la describirías?

-R: La sociedad de propietarios es un pilar fundamental de este proceso iniciado en los años 70, vinculado al neoliberalismo, que es un proceso de desposesión de la clase trabajadora. Se eliminan sindicatos, el Estado de Bienestar se reduce y la desigualdad comienza a aumentar de forma vertiginosa. A esta población se la transforma en propietaria. Estos proletarios, que antes se identificaban como obreros y luchaban por sus condiciones laborales y económicas, comienzan a verse como propietarios, clase media, y su bienestar pasa a depender de que el precio de la vivienda no disminuya. Lo que se ha visto a largo plazo es que este modelo colapsó, porque era inviable.

-P: ¿Consideras que la idea de que alguien es clase media por tener vivienda ha perdido sentido?

-R: La vivienda es la condición principal para acceder a la clase media y la generación inquilina no puede adquirirla con mérito propio; solo accede a la propiedad por herencia o apoyo familiar. Esto contradice la idea de clase media, que se basa en trabajar y esforzarse para merecer lo que se posee. La desigualdad se justificaba mediante la meritocracia: quien tiene, es porque se esfuerza. Esa idea se está desmoronando, pues ahora se observa que quien tiene, hereda. Y no importa cuánto se trabaje o esfuerce, porque los precios de la vivienda en ciudades como Madrid no se corresponden con los salarios.

-P: En este contexto, la brecha económica entre quienes heredan y quienes deben pagar alquiler o hipoteca es abismal.

-R: Dos personas con vidas similares, que trabajan igual y residen en el mismo lugar, si una hereda su vivienda y la otra no, tras 30 o 40 años una acumula un patrimonio cercano al millón de euros, mientras la otra no posee nada. Esto demuestra que la capacidad de heredar pesa más que el trabajo. Esto rompe los pactos sociales dominantes y genera descontento, desafección y desconfianza creciente hacia las sociedades en las que vivimos.

-P: En tu libro afirmas que el mercado inmobiliario funciona como un esquema Ponzi. Si es así, ¿quién se encuentra en la cima de la pirámide?

-R: En la cima están, sin duda, los fondos de inversión. Unas 56.000 personas a nivel mundial. Un grupo reducido que podría caber en un campo de fútbol y que concentra la mayor parte de la riqueza mundial. Aunque hay más actores, está claro que una élite muy pequeña controla una enorme cantidad de riqueza, propiedades y activos.

-P: ¿Cuándo estas empresas consideraron a España un mercado atractivo?

-R: Entraron masivamente en el mercado inmobiliario a partir de 2013, con la venta de vivienda pública a Blackstone y Goldman Sachs por parte del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid. Desde entonces, se puede hablar de una colonización de fondos de inversión en el mercado inmobiliario español, que adquirieron miles, cientos de miles de viviendas a los bancos a precios muy por debajo del mercado. Si el dinero empleado por el Estado para rescatar bancos se hubiera destinado a comprar esas viviendas, España tendría ahora uno de los parques públicos más extensos de Europa, no habrían entrado fondos de inversión ni se habría generado un nuevo ciclo de especulación, y probablemente no estaríamos discutiendo este problema hoy.

-R: ¿Cuál sería la forma de poner fin a estos esquemas Ponzi?

-R: Lo primero es limpiar el mercado de estos especuladores, es necesario expulsarlos. Se les llama fondos buitre porque su actividad daña la economía y a la población. Expulsarlos e impedir su entrada mediante barreras, y que cuando compran viviendas o edificios a otros fondos, el Estado pueda intervenir la operación y adquirir esas viviendas al mismo precio. Algunas comunidades autónomas ya aplican estas medidas, pero es necesario extenderlas de forma general y constante. El problema solo se resolverá con una democratización real del mercado inmobiliario, lo que implica una regulación muy distinta a la actual.

En esta entrevista, Javier Gil examina las causas y consecuencias de la crisis de vivienda en España. Desde el rentismo que expulsa familias para aumentar ganancias, hasta las soluciones basadas en la reordenación del mercado.

-P: También mencionas el alquiler turístico, que llamas ‘airbnbización’. ¿Cuándo llegó Airbnb a España y por qué se percibe esta plataforma como forma de obtener beneficios?

-R: Cuando la regulación facilita la especulación, el aumento de precios, y la expulsión de inquilinos para poner otros que paguen más o convertir la vivienda en piso turístico, esta dinámica genera un contexto de alza de precios y especulación. Muchos propietarios piensan: “Quiero maximizar la rentabilidad de mi propiedad. Echo al inquilino, la convierto en piso turístico, echo al inquilino, busco otro que pague más”. Algunos defienden que es su derecho. El problema es que en España, como en Europa, la propiedad privada es un derecho reconocido, pero no absoluto, por lo tanto se pueden imponer límites a los usos especulativos.

-P: Sobre las soluciones, mencionas que no basta con construir, sino con reordenar el mercado. ¿Puedes explicar esa reordenación?

-R: Primero, limitar la especulación; regular los usos para impedir que viviendas se conviertan en pisos turísticos; reducir los precios legalmente para ajustarlos a los salarios y a la economía real; limitar las compras especulativas; garantizar alquileres indefinidos que impidan desalojos por búsqueda de inquilinos con mayor renta. Además, establecer una fiscalidad que penalice la concentración de propiedades. Finalmente, el Estado debe fomentar la promoción, construcción y gestión de viviendas con criterios sociales. No puede dejarse todo en manos de especuladores.

-P: De las alternativas habitacionales que mencionas, planteas las cooperativas, ¿cómo funcionan este tipo de propiedades?

-R: Aunque operan en algunas comunidades autónomas como Cataluña, tienen muy poca presencia. En otros países representan una proporción destacada del mercado inmobiliario, hasta un 30%. Básicamente, no constituye ni propiedad ni alquiler para la población, ya que la cooperativa es la propietaria. Dado que no busca maximizar beneficios sino ofrecer vivienda asequible, el coste se limita a mantener la vivienda. Sería la base de un nuevo modelo habitacional.

-P: Tu libro también transmite un mensaje a esta generación inquilina sobre la posibilidad de un futuro mejor, pero si la situación es tan compleja, ¿por qué cuesta cambiarla?

-R: Principalmente porque no existe una cultura de organización y cambio de lo que no satisface. Predomina una cultura de sálvese quien pueda. Este es uno de los principales logros del neoliberalismo, que beneficia a un sistema que concentra cada vez más riqueza y aumenta la desigualdad. Se necesita lo contrario: que esta generación inquilina, aunque heterogénea, empiece a identificarse como un grupo social común y organice sus intereses colectivos de manera antagónica frente a quienes impiden una vida mejor. Desde ahí pueden surgir cambios sociales.

-P: También señalas que en los bloques de viviendas no se conoce a los vecinos, dificultando encontrar soluciones si no se sabe quién vive al lado.

-R: A menudo, la gente no desea conocerse por falta de tiempo o interés. Sin embargo, tras crisis como la Dana, se ha visto cómo personas desconocidas comienzan a colaborar solidariamente, como una familia. Cuando las crisis aumentan, como la de la vivienda, se requerirán más estos lazos comunitarios.

-P: ¿Percibes ya una organización entre propietarios e inquilinos?

-R: En Madrid, muchos edificios son propiedad de fondos de inversión que intentan desalojar a los inquilinos, quienes ya están organizados con el Sindicato de Inquilinas. Recientemente, en Cataluña, cuando CaixaBank buscaba expulsar a muchos inquilinos, se organizaron con el Sindicat de Llogateres de Catalunya y lograron que CaixaBank vendiera las viviendas a la Generalitat para convertirlas en vivienda pública. Esto demuestra que otro tipo de política es posible y que ya existen actos de desobediencia para conquistar derechos. Pero para un cambio real, esto debe suceder a una escala mucho mayor.

-P: Finalmente, en tu libro cuestionas si es posible vivir mejor, pero ¿cuándo crees que se podrá vivir mejor?

-R: La combinación de actos de desobediencia civil y la creación de nuevos movimientos políticos permitirá vivir mejor. Las posibilidades existen. Vivimos en un contexto de abundancia generalizada, pero esta abundancia está secuestrada políticamente. Cada vez se restringe más el acceso a la riqueza a las mayorías sociales para concentrarla en unos pocos. Es fundamental generar condiciones políticas que permitan redistribuir esa riqueza, pues nunca antes en la historia las mayorías, en términos materiales, podrían vivir tan bien como podrían hoy. La razón por la que no es así es la fuerte concentración de riqueza.