El PP solicita al Gobierno que presente ante el Congreso la autorización para enviar la fragata Cristóbal Colón a Chipre, argumentando que resulta obligatorio conforme a la Ley de Defensa Nacional.
El Ejecutivo trasladó la fragata desde el Báltico al Mediterráneo oriental tras los ataques de Hezbolá en Chipre, modificando su papel de maniobras de la OTAN a una misión real en una zona de conflicto.
Desde 2006, los anteriores gobiernos pidieron 26 autorizaciones parlamentarias para operaciones en el exterior, pero desde 2018 ninguna misión militar ha sido sometida al Congreso.
Podemos y el BNG cuestionan la decisión; el PP denuncia que el Gobierno actúa sin supervisión parlamentaria y exige la comparecencia inmediata de Pedro Sánchez.
El PP insta al Gobierno de Pedro Sánchez a respetar la Ley Orgánica de Defensa Nacional y someter a la aprobación del Congreso la autorización para el despliegue de la fragata Cristóbal Colón a Chipre. El principal partido opositor reprocha al presidente que haya enviado el buque de guerra más avanzado de la Armada «a una zona de conflicto» sin contar con el consentimiento del Parlamento.
Voceros del PP afirman que «Pedro Sánchez no puede arriesgar la seguridad de nuestros soldados sin la autorización del Congreso». La formación de Feijóo reclama que este asunto se lleve ante la Cámara «con carácter inmediato».
La fragata formaba parte hasta esta semana del ejercicio Steadfast Dart 26, maniobras de la OTAN en el Báltico, actuando como escolta del portaaviones francés Charles de Gaulle. Tras los ataques de Hezbolá contra una base británica en Chipre, el Gobierno ordenó su traslado al Mediterráneo oriental.
Este cambio resulta significativo, ya que la misión pasa de un ejercicio de entrenamiento a una operación real en zona bélica.
El artículo 17 de la Ley Orgánica 5/2005 es claro. Para ordenar operaciones exteriores que «no estén directamente vinculadas a la defensa de España o de su interés nacional», el Gobierno debe «realizar previamente una consulta y obtener el permiso del Congreso de los Diputados».
De acuerdo con el catedrático de Derecho Constitucional Agustín Ruiz Robledo, «según las propias declaraciones del presidente, parece evidente que se cumplen los supuestos negativos que establece ese artículo». Esto significa que se trata de una operación no relacionada directamente con la defensa nacional española.
Ruiz Robledo añade que, «ante cualquier duda, debe optarse por la consulta, dado que el artículo 1.3 de la Constitución afirma que España es una monarquía parlamentaria». Las disposiciones ambiguas se deben interpretar favoreciendo a las Cortes.
26 autorizaciones
Chipre no ha invocado la cláusula de defensa mutua del artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea. Toda la coordinación es bilateral, liderada por Francia. No existe solicitud formal ante Bruselas.
Desde el PP son categóricos. «El lema de Sánchez no es ‘No a la guerra’, sino ‘No al Congreso'», según declaraciones del partido. Acusan al presidente de gobernar «como si el poder ejecutivo prevaleciera sobre los demás poderes» y de considerar que «el Ejército le pertenece solo a él, no a todos los ciudadanos».
Desde 2006, los gobiernos de Zapatero y Rajoy solicitaron 26 permisos al Congreso, en Pleno o Comisión, para que las Fuerzas Armadas participaran en misiones internacionales. La última fue en enero de 2018, cuando la ministra Cospedal pidió autorización para ampliar los efectivos de la misión de la Unión Europea en Mali.
Desde entonces, ninguna operación militar ha sido evaluada por el Parlamento. Zapatero solicitó permiso para Afganistán, Líbano, Congo, Chad, Somalia, Haití y Libia. Rajoy lo hizo para Mali, República Centroafricana, la coalición contra ISIS, Afganistán y el Mediterráneo.
El PP también señala que Sánchez no cuenta con el apoyo total de algunos de sus aliados parlamentarios. Podemos ha rechazado el despliegue al calificarlo como «participación en una guerra ilegal». El BNG ha pedido explicaciones ante lo que considera un giro hacia la intervención militar.
Los populares insisten en que «el partido principal de España no puede enterarse por televisión de que nuestra fragata más avanzada, armada y preparada para el combate, zarpa hacia una zona de conflicto». Solicitan una comparecencia en el Congreso.
No es la primera vez que se acusa al Gobierno de eludir el control parlamentario en asuntos de Defensa. El exministro Federico Trillo denuncia que el Ejecutivo «está incumpliendo la ley de forma absoluta». Algo similar sucedió en septiembre de 2025, cuando el buque Furor escoltó una flotilla humanitaria a Gaza sin pasar por el Congreso.
En 2024, el PP presentó una proposición para ampliar el artículo 17 y fortalecer el control parlamentario, buscando que el Congreso pudiera pronunciarse si cambiaban las condiciones de una misión ya autorizada. El PSOE la rechazó.