Eugenio Domínguez presuntamente habría recibido sobornos mediante una empresa y a través de su esposa
«Yo simplemente hice todo lo que estaba en mi mano para que esos proyectos prosperaran, actué conforme era necesario. Mi papel se limitaba a facilitar los trámites. España había realizado una fuerte apuesta nacional por las energías renovables y no podía ser que los proyectos no avanzaran por falta de capacidad en el departamento para procesar los expedientes. Mi única acción fue acelerar ese proceso».
Con esta defensa se presentó Eugenio Domínguez, ex subdirector de Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica, ante EL MUNDO en diciembre pasado, respondiendo a las críticas sobre su «inusual» gestión durante sus años en el Ministerio, unas opiniones que se habían extendido como vox populi en la institución desde 2024 y que este medio reveló hace dos meses.
Entre finales de 2022 y principios de 2023, Domínguez llevó a cabo «acciones inexplicables», según relataron varios de sus subordinados en Evaluación Ambiental a este diario. «Él acumulaba en su ordenador expedientes de doscientas solicitudes de DIA [Declaraciones de Impacto Ambiental], superando ampliamente los 50 empleados de su departamento, y todas tenían resultado favorable», revelaron fuentes del área a EL MUNDO.
Domínguez contaba con la autoridad ministerial para aprobar inversiones millonarias en renovables, como las de la empresa aragonesa Forestalia: si él aprobaba y la DIA resultaba favorable, el parque eólico o solar podía instalarse, además de permitir captar millones en subvenciones públicas. «Cuando no podía tramitar directamente, contrataba a Tragsa, que también tenía vía libre», explicaban estas fuentes. Las energías renovables se habían convertido en el principal negocio tras la burbuja inmobiliaria en España, mientras que el principal obstáculo para parques solares y eólicos era, habitualmente, el medio ambiente.
Hoy, apenas dos meses después de su entrevista con EL MUNDO, Domínguez fue arrestado por la división de Medio Ambiente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCOMA). Según fuentes jurídicas, los agentes lograron cerrar el círculo. Tras ese inusual acopio de expedientes y la mencionada «barra libre» señalada por sus ex subordinados, los guardias civiles siguieron el rastro financiero. Y obtuvieron pruebas contundentes: varios pagos se habrían realizado a través de la adquisición de sociedades mercantiles registradas a nombre de Domínguez y su esposa —detenida también ayer— por parte de otras empresas vinculadas al grupo Forestalia. Allí estarían las supuestas mordidas.
También fue arrestado ayer el presunto pagador de esos sobornos: el propietario de Forestalia, Fernando Samper, quien lleva años bajo la lupa de investigaciones policiales y habría canalizado pagos a Domínguez mediante alguna de sus numerosas mercantiles —Forestalia tiene un entramado societario extenso: casi una empresa por cada molino de viento—.
La vivienda de Samper fue registrada igualmente ayer, y sus problemas no se limitan a este caso: este empresario llegó años atrás a Navarra acompañado por Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar, asimismo investigado por la UCO en el marco del Caso Leire. Una coincidencia más entre Domínguez y el Caso Cerdán: igual que la participación del ex número 2 del PSOE en Servinabar nunca fue pública, tampoco se registraron oficialmente los pagos al ex alto cargo del Ministerio de Ribera mediante la compra de mercantiles… Sin embargo, el dinero sí fue recibido, según fuentes jurídicas. Por esta ocultación también está siendo investigado el notario que legalizó esas operaciones, según ha podido confirmar este diario.
La detención de Domínguez, ordenada por el juzgado de Instrucción 1 de Teruel, se efectuó ayer bajo la acusación de cohecho por haber aprobado el Clúster del Maestrazgo, un enorme parque eólico de cerca de 200 aerogeneradores de más de 150 metros de altura ubicado en zona protegida de la Red Natura 2000 y denunciado por Teruel Existe. No obstante, los agentes trabajan bajo la hipótesis de que muchos de los expedientes firmados por él pudieron estar afectados por prevaricación.
Tras su jubilación a mediados de 2023, Domínguez fue contratado directamente por la Secretaría de Estado. Cuando este medio le preguntó en diciembre pasado para qué, respondió: «Simplemente porque hacía falta que pudiera tramitar más Declaraciones de Impacto Ambiental».
Esa contratación directa, como asesor de nivel 30 en la Administración, es muy inusual y ha llamado la atención de fuentes judiciales. La superior de Domínguez en Evaluación Ambiental en ese periodo no está, por ahora, bajo investigación, aunque resulta llamativo el número de permisos ambientales otorgados: se están revisando con detalle hasta 52 expedientes. En cuanto al Clúster del Maestrazgo, la Justicia habría intervenido a tiempo. Sin embargo, otros parques que podrían declararse ilegales ya están construidos, lo que plantea un complejo entramado legal si tuviera que procederse a su demolición.
«Su comportamiento era muy evidente, incluso asistía a actos públicos de Forestalia», afirmaron funcionarios a este diario. «Eso es falso», respondió Domínguez. Ayer ambos, él y el propietario Fernando Samper, fueron detenidos.