José Luis Ábalos, antiguo ministro y exsecretario de Organización del PSOE, afrontará juicio en abril ante el Supremo, acusado de corrupción con una petición fiscal que asciende a 24 años de prisión.
El proceso judicial incluye a su asistente Koldo García y al empresario Víctor de Aldama; Ábalos y García permanecen en prisión preventiva desde noviembre debido al riesgo de fuga.
Entre los testigos aceptados se encuentran la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el ministro Ángel Víctor Torres y la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera.
Las imputaciones se basan en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia a cambio de sobornos y la presunta contratación irregular de personas vinculadas a Ábalos en empresas estatales.
El exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, será juzgado el próximo mes por la Sala Penal del Supremo bajo cargos de corrupción, que conllevan una solicitud fiscal de 24 años en prisión.
El máximo tribunal rechazó las cuestiones previas planteadas en una audiencia del 12 de febrero, las cuales representaban la última vía de la defensa para enviar el caso a la Audiencia Nacional y con ello aplazar indefinidamente el juicio.
La Sala Penal confirmó su jurisdicción, teniendo en cuenta la tardía renuncia de Ábalos al acta de diputado, que le garantizó el fuero durante toda la instrucción del caso.
Así, quien fuera mano derecha del presidente Pedro Sánchez se sentará en el banquillo junto a su asistente, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama.
Los dos primeros están en prisión preventiva desde el 27 de noviembre a causa del «alto riesgo de fuga».
Testigos
El juicio, previsto para iniciar el 7 de abril con una duración estimada de seis semanas, según fuentes judiciales, no requerirá la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ni del exministro de Sanidad y actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.
Sin embargo, sí se ha autorizado que testifiquen la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro Ángel Víctor Torres.
La solicitud de declaración de ambos fue planteada tanto por Ábalos como por García, pero la Sala, evitando que el juicio se convierta en un espectáculo con autoridades desfilando, consideró que su testimonio no aportaría datos relevantes sobre los hechos imputados.
Tampoco fueron admitidos para declarar la exdirectora del CNI, Paz Esteban, ni la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano.
Por otro lado, deberán comparecer la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera; el jefe de gabinete del Ministerio de Hacienda, Carlos Moreno; el exsecretario de Estado de Interior Rafael Pérez; y Juan Ignacio Díaz Bidart, quien dirigió hasta 2023 el gabinete de la entonces ministra de Industria Reyes Maroto.
Asimismo, la Sala aceptó el testimonio del exgerente del PSOE Mariano Moreno, solicitado por Ábalos y su asesor.
Moreno declaró ante el instructor Leopoldo Puente y reconoció haber entregado efectivo a Ábalos y García, supuestamente para anticipar gastos vinculados a sus funciones dentro del PSOE.
No obstante, el descontrol en los pagos en efectivo en Ferraz revelado durante la declaración del exgerente llevó al magistrado Puente a solicitar en octubre a la Audiencia Nacional que investigue esta cuestión. Desde entonces, se tramita una pieza separada sobre la financiación del PSOE en el juzgado que dirige Ismael Moreno.
Acusaciones
La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares encabezadas por el PP imputan a Ábalos y García siete presuntos delitos: organización criminal, cohecho, falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y malversación de fondos. Esta última no se atribuye a Aldama.
La acusación se centra principalmente en la adjudicación, por parte de organismos dependientes del Ministerio de Transportes, de contratos para mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión SL, para la que Aldama actuaba como intermediario, a cambio de sobornos para Ábalos y García.
También se les imputa facilitar gestiones para beneficiar a Aldama o a compañías vinculadas a él, como Air Europa o Villafuel.
Los escritos de acusación incluyen además la contratación en empresas públicas de Jésica Rodríguez y Claudia Montes, ambas vinculadas a Ábalos, quienes deberán comparecer como testigos.
La primera fue contratada por Ineco y luego por Tragsatec, ambas dependientes de Transportes, aunque, como admitió ante el juez Leopoldo Puente, no realizó actividad alguna durante dos años y medio.
Además, Aldama, mediante un intermediario, costeó el alquiler y gastos de un piso de lujo para Jésica Rodríguez en el centro de Madrid.