La Sala de Gobierno del Alto Tribunal advierte que resulta «urgente» la incorporación de nuevos jueces a la Sala IV, dado que fue uno de los órganos más afectados por el prolongado bloqueo del CGPJ durante varios años.
La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo examinó el decreto para la creación de 500 plazas judiciales impulsado por el Ministerio de Justicia, que dirige el socialista Félix Bolaños. Según fuentes del Alto Tribunal consultadas por EL MUNDO, el aumento en la plantilla judicial se consideró positivo, ya que España presenta un déficit evidente de jueces en comparación con otros países de su entorno.
Asimismo, el Tribunal Supremo apoyó la postura de su presidenta, la magistrada Isabel Perelló, quien sostiene que la incorporación de nuevos jueces debe realizarse de manera planificada. Al analizar el decreto del Ejecutivo, la presidenta señaló en la entrega de despachos en Barcelona, ante el Rey Felipe VI, la necesidad de una «planificación realista, inversión, presupuestos y cooperación institucional» para reforzar la plantilla judicial en España. Esta declaración representó una crítica hacia la gestión del Ministerio de Justicia. En respuesta, Bolaños calificó el discurso de Perelló de «político».
Aunque, en general, la Sala de Gobierno del Supremo valoró positivamente la creación de las 500 nuevas plazas judiciales, los magistrados reiteraron la importancia de fortalecer la Sala de lo Social del Alto Tribunal.
En el decreto del Ministerio de Justicia, se contempla la creación de dos plazas de magistrado en la Sala Primera o de lo Civil y una más en la Sala Segunda o de lo Penal. Fuentes del tribunal explican que solicitaron dos plazas para la Sala Civil y otras dos para la Sala Cuarta o de lo Social, sin haber reclamado refuerzos para la Sala Penal, que es la encargada de juzgar a los aforados.
La Sala de Gobierno no se opone a ampliar la plantilla de la Sala de aforados, pero ha querido dejar claro que resulta «mucho más urgente» reforzar la Sala de lo Social, presidida por la magistrada Concepción Ureste.
Esto se debe a que, en los últimos años, la Sala ha observado un aumento constante del número de asuntos recibidos, lo que ha elevado considerablemente la pendencia y el tiempo necesario para resolver los recursos presentados por los ciudadanos. Además, esta Sala fue una de las más perjudicadas por el bloqueo prolongado en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, situación que redujo su plantilla mientras incrementaba la entrada de expedientes. Actualmente, este órgano cuenta con 13 magistrados.
En el Supremo ha llamado especialmente la atención que el Ministerio de Justicia haya decidido aumentar la plantilla de la Sala Segunda pero haya desestimado las dos plazas solicitadas por la Sala de Gobierno para la Sala Cuarta.
Fuentes consultadas interpretan esta decisión como un intento del Ejecutivo por lograr un cambio ideológico en la Sala que condenó al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y que próximamente juzgará al ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos.
Este informe de la Sala de Gobierno del TS responde a la solicitud realizada por el órgano de gobierno de los jueces respecto a las nuevas 500 plazas judiciales.
Luego de un desencuentro inicial entre Perelló y Bolaños, el Ministerio y el CGPJ acordaron que 375 de estas plazas serán destinadas a jueces mediante oposición, mientras que las 125 restantes podrán ofrecerse en la próxima convocatoria del concurso para juristas con reconocido prestigio y más de 10 años de experiencia profesional, en lo que se denomina cuarto turno.
Según el artículo 311.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), una de cada cuatro vacantes en la categoría de magistrado puede cubrirse mediante concurso entre juristas con reconocida competencia, que posean más de 10 años de ejercicio profesional y hayan superado el curso de formación estipulado en la misma norma.
Por otra parte, el Pleno del órgano que preside Perelló ha recomendado realizar una reforma legal que «facilite acortar los plazos de incorporación» de nuevos jueces, acelerando así la cobertura de las plazas ofertadas. Será responsabilidad de la Comisión de Escuela Judicial elaborar una propuesta de reforma para los artículos de la LOPJ que regulan el funcionamiento de la escuela y, en su caso, el plan para el curso de selección obligatorio tras superar la oposición, cuya duración actual es de dos años. La reforma planteada por el CGPJ deberá garantizar «que no se reduzcan los estándares formativos».