El exceso de hechos vinculados a las diligencias iniciadas —blanqueo de capitales— junto con las sospechas de que una «organización criminal» se habría beneficiado del rescate, ha llevado a la magistrada a decidir inhibirse.
La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, encargada de instruir el caso relacionado con el rescate de Plus Ultra, ha optado por inhibirse en favor de la Audiencia Nacional.
De acuerdo con fuentes de la investigación a EL MUNDO, la magistrada estima que el órgano competente para continuar con la instrucción es la Audiencia debido a la «ampliación de la dimensión» que ha experimentado el procedimiento, en el que están imputados el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, el CEO, Roberto Roselli, el empresario Julio Martínez Martínez —amigo y financiador del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero— y un abogado de Madrid. La inhibición presentada por la juez Collazos ya fue recepcionada por la Audiencia Nacional. La causa permanece bajo secreto de sumario. La decisión sobre la competencia para investigar el rescate de Plus Ultra recae ahora en el juez José Luis Calama.
Las fuentes consultadas detallan que el proceso abierto por el rescate de la aerolínea adquirió esta «nueva dimensión» tras las detenciones y registros efectuados en diciembre pasado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. La superación de los hechos iniciales que motivaron la apertura de diligencias —el delito de blanqueo de capitales— y las sospechas de que una «organización criminal» se benefició del rescate de Plus Ultra, provocaron que la magistrada considere la falta de competencia propia para seguir con las investigaciones.
La extensión de la implicación de la organización criminal ha alcanzado tal magnitud que la jueza entiende que corresponde a la Audiencia Nacional asumir la investigación. Previamente, Anticorrupción intentó que el caso del rescate de la aerolínea fuera asignado al tribunal especial encargado de investigar el crimen organizado y la delincuencia económica a gran escala.
Cabe señalar que, desde hace meses, el ex presidente Zapatero está bajo la mirada de los investigadores. Según reveló este diario, el empresario Julio Martínez le pagó 460.000 euros por supuestos servicios de asesoría. Además, este empresario realizó pagos por unos 200.000 euros a las hijas del ex líder socialista mediante su sociedad Whathefav. Zapatero ha negado en todo momento que interviniera en el rescate de Plus Ultra, empresa a la que el Gobierno de Pedro Sánchez inyectó 53 millones de euros provenientes de fondos públicos.
Por su parte, Plus Ultra sostiene que contrató a Julio Martínez como asesor externo y mediador ante Venezuela, país donde Zapatero posee una reconocida y prolongada influencia. En concreto, Julito —nombre con que es conocido en los círculos de poder el empresario amigo del expresidente socialista— se encargaba de negociar con las autoridades venezolanas para solucionar problemas operativos ante el Régimen de Maduro. Entre sus responsabilidades estaba obtener permisos de aviación, resolver inconvenientes aduaneros y aplazar deudas de combustible de la aerolínea ante los dirigentes chavistas.
La investigación deberá determinar si esos supuestos servicios realmente se prestaron o si, por el contrario, Martínez funcionó como testaferro del ex presidente del Gobierno, siendo utilizado para encubrir el cobro de una comisión vinculada a una supuesta mediación en el rescate de Plus Ultra.
Como adelantó en exclusiva EL MUNDO, en las entradas y registros realizados en diciembre, la UDEF incautó un contrato que establecía una comisión del 1% para Julio Martínez en caso de lograr con éxito las gestiones para que el Gobierno rescatará la aerolínea. Las cantidades recibidas por Martínez —quien sostiene que dicho contrato nunca se ejecutó— rondaron el medio millón de euros y equivalen aproximadamente al 1% de la cantidad inicial solicitada para el rescate, dado que Plus Ultra pidió 50 millones de euros de inyección de fondos públicos el 31 de agosto de 2020.
La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) determina que la Audiencia Nacional es competente para investigar fraudes que puedan tener «grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial a un conjunto amplio de personas en el territorio de más de una Audiencia», así como aquellos delitos cometidos fuera del territorio nacional «cuando conforme a las leyes o tratados corresponda su enjuiciamiento a los Tribunales españoles».
En diciembre de 2024, la Sala de lo Penal de la Audiencia rechazó asumir la investigación derivada de la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción por posible blanqueo de fondos tras el rescate de Plus Ultra. Sin embargo, en ese auto, el tribunal indicaba lo siguiente: «La apertura de un procedimiento penal en el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, precisamente en torno a la concesión de dicha ayuda pública, determinaría, en principio, la competencia de ese Juzgado Ordinario para mantener esa investigación, sin que pueda interferir otro Juzgado hasta que se produzca la cesión. En su caso, debería trasladarse a dicho Juzgado la nueva información de la Fiscalía para que, si se considera oportuno, se reabrieran las actuaciones, aparentemente sobreseídas provisionalmente, sin perjuicio de declinar posteriormente la competencia a los Juzgados Centrales de Instrucción si de las actuaciones se dedujera indiciariamente la comisión de delitos cuya competencia corresponda a la Audiencia Nacional.»
Tras la negativa inicial de la Audiencia, la Fiscalía Anticorrupción prosiguió con las indagaciones hasta que finalmente solicitó la reapertura del caso sobre el rescate de la aerolínea ante la magistrada Esperanza Collazos.
Actualmente, la jueza considera que los hechos superan el ámbito de un solo delito de blanqueo de capitales, por lo que la competencia debe ser asumida, en esta ocasión, por uno de los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional.