El Gobierno ha establecido un canal anónimo para que los becarios puedan reportar abusos e irregularidades ocurridas durante sus prácticas.
El Injuve recopilará dichas denuncias y las enviará a la Inspección de Trabajo, que podrá llevar a cabo investigaciones sobre posibles fraudes laborales.
Las empresas que violen la normativa vigente referente a becarios podrían ser sancionadas con multas de hasta 225.000 euros.
Esta iniciativa forma parte de una estrategia destinada a proteger a los jóvenes trabajadores, que se reconocen como un grupo vulnerable frente a la explotación laboral.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha este lunes un nuevo medio para que los becarios denuncien de manera anónima eventuales abusos sufridos durante sus prácticas.
En concreto, el Ministerio de Juventud e Infancia, mediante el Instituto de la Juventud (Injuve), ha lanzado el denominado ‘Buzón de las personas Becarias’, una herramienta que facilitará a los jóvenes activos o que ya concluyeron su formación comunicar irregularidades a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Esta iniciativa, presentada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se inscribe en un acuerdo de colaboración entre Injuve y el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (OEITSS), con el fin de fortalecer la protección laboral de los jóvenes.
Mediante este buzón, los estudiantes podrán informar sobre situaciones tales como la falta de correspondencia entre las tareas realizadas y sus estudios, la sustitución encubierta de empleados fijos, la ejecución de las mismas responsabilidades que el personal contratado, la ausencia de tutoría adecuada o la asignación de funciones que superan el carácter formativo de las prácticas.
El Injuve se encargará de reunir y organizar las denuncias recibidas y remitirlas a la Inspección de Trabajo, que podrá iniciar las investigaciones pertinentes para verificar el cumplimiento de la legislación laboral, especialmente en situaciones de posibles relaciones laborales disfrazadas bajo la figura de prácticas no laborales.
Multas de hasta 225.000 euros
Desde el Ministerio argumentan que la meta es «promover la protección de la juventud en el ámbito laboral» y consolidar los derechos de un colectivo que, según indican, «tradicionalmente ha enfrentado niveles elevados de explotación laboral» mediante una modalidad diseñada para el aprendizaje y no para sustituir empleo estable a coste menor.
El lanzamiento del buzón coincide con la próxima aprobación en segunda vuelta en el Consejo de Ministros del llamado Estatuto del Becario, el anteproyecto que regula nuevos derechos para estudiantes en prácticas, tales como la compensación de gastos o el derecho a vacaciones, y que establece sanciones de hasta 225.000 euros para las empresas que incumplan sus obligaciones.
En 2022, durante el inicio de la negociación de esta norma, la Inspección de Trabajo detectó más de 3.000 contratos fraudulentos de falsos becarios desde 2020. Solo en 2024, de acuerdo con datos oficiales, se llevaron a cabo 802 actuaciones que permitieron identificar 220 casos de falsos becarios y regularizar 187 empleos, con cuotas liquidadas que superan los 450.000 euros.
El Ejecutivo fundamenta la medida en cifras como las de la Encuesta de Juventud 2023, que muestran que el 42% de los jóvenes reconoce haber experimentado alguna forma de explotación laboral durante su trayectoria, ya sea trabajando sin contrato, como falso autónomo, becario sin remuneración o bajo condiciones precarias.
De esta manera, el nuevo buzón se integra en una estrategia más amplia para intensificar la supervisión de las condiciones laborales de los jóvenes, considerados por el Ministerio como un grupo «especialmente vulnerable», así como para incrementar tanto las inspecciones como las campañas informativas dirigidas a estudiantes y empresas.