Fracasa en su segundo intento de aprobar el «escudo social» debido a la negativa de Junts a extender la suspensión de los desahucios
No hubo éxito ni con el plan A ni con el plan B, y a estas alturas, no existe un plan C que asegure el triunfo. Ayer, el Gobierno presenció cómo el Congreso, un mes después, volvió a rechazar su segundo intento para aprobar el llamado «escudo social», un conjunto de medidas diseñadas para proteger a los colectivos más vulnerables: descuentos en el precio de la energía, prohibición de cortar suministros esenciales, moratoria sobre desahucios… El Ejecutivo de Pedro Sánchez no consiguió aprobar estas iniciativas cuando, en enero, las presentó en conjunto con la revalorización de pensiones, ya que Junts se unió a PP y Vox para rechazar el «todo o nada». Este resultado obligó a La Moncloa a fragmentar el decreto y dividir estos temas en dos textos diferentes: el que contenía el aumento del 2,7% en las pensiones fue aprobado ayer, pero no así el que agrupaba las medidas del «escudo social», que quedan nuevamente paralizadas. Aunque el ministro Pablo Bustinduy afirmó que seguirán insistiendo para aprobarlas, por el momento no existe un plan C que garantice la implementación completa de medidas que incluyen desde el bono social energético hasta la prórroga en la suspensión de desahucios.
El rechazo de Junts a esta última propuesta representa el principal obstáculo para el Gobierno de Pedro Sánchez, cuyos intentos de gobernabilidad continúan siendo bloqueados por el grupo de Carles Puigdemont. De hecho, ayer también consiguieron tumbar una segunda propuesta que buscaba limitar precios en situaciones de emergencia. De los cuatro decretos que el Ejecutivo sometió a convalidación este jueves en el Congreso, únicamente dos fueron aprobados. La mitad.
Este panorama refuerza una estadística en la que Sánchez lidera: la cantidad de decretos impulsados por sus gobiernos que posteriormente han sido revocados en la Cámara Baja. Esta herramienta legislativa, diseñada para implementar normas con mayor rapidez —eludiendo el largo trámite parlamentario— y que en el pasado solía recibir mayor consenso, tampoco ofrece garantías a Sánchez para aprobar sus medidas. De los 12 decretos derogadas en democracia por el Congreso, nueve fueron promovidos por sus administraciones —dos en la legislatura anterior y siete en la actual—. Dos de estos reveses, en enero de 2025 y 2026, ocurrieron con decretos ómnibus que Junts rechazó apoyar por incluir medidas variadas, la misma razón que motivó a los neoconvergentes a rechazar el texto de ayer.
Con el voto negativo de 177 diputados al «escudo social» del Gobierno, las reducciones en el coste de la energía para colectivos con dificultades económicas, la prohibición de cortar el suministro básico de agua, luz y gas a quienes no paguen, y las limitaciones para que las empresas que reciben ayudas públicas despidan trabajadores quedan suspendidas. La mayoría de estos mecanismos, aplicados en plena pandemia y vigentes desde finales de 2020, se han convertido en un elemento característico del gobierno progresista. Igual sucede con la suspensión de desahucios para ciudadanos en situación vulnerable, iniciativa que Junts se niega a respaldar y que enfrenta dificultades para ser aprobada si el Gobierno decide, como exigen los neoconvergentes, fragmentar el «escudo social» para someter esta medida a votación separada.
El grupo de Puigdemont aprobó el año pasado esta prórroga de la suspensión de desahucios —aunque en el segundo intento— a cambio de que se procesara en el Congreso el texto que solicitaba a Sánchez enfrentar una cuestión de confianza. No obstante, esta vez, tras su anunciado distanciamiento con el Ejecutivo, mantuvieron el no también en el segundo intento. A pesar de que el Gobierno aceptó introducir un «matiz» en el texto, tras la demanda del PNV, para que la suspensión de lanzamientos no se aplique en casos que involucren a pequeños propietarios, algo que podría haber sido bien visto por los neoconvergentes, esto no fue suficiente. En el Ejecutivo reina la frustración ante Junts y su negativa a respaldar estas iniciativas: «No es que se rehúsen a negociar, sino que rehúsen sentarse a dialogar», afirman fuentes del Gobierno.