El Ejecutivo incrementa las exigencias para las universidades privadas y regula la Formación Profesional como respuesta al crecimiento de la educación online, la cual está en manos de operadores privados.
La proporción de estudiantes matriculados en universidades a distancia alcanzó el 18,5% del total en el curso 2024-2025, destacando que la mayoría pertenece a centros privados.
La oferta pública de educación en línea, tanto universitaria como de Formación Profesional, es reducida si se compara con la rápida expansión y flexibilidad del sector privado.
Los nuevos decretos tienen como objetivo fortalecer la educación pública a distancia y frenar la proliferación de universidades virtuales privadas, intentando recuperar espacio en un mercado en auge.
El aumento en los requisitos para las universidades privadas y el anuncio de un nuevo real decreto para «ordenar» la Formación Profesional responden a algo más que a un conflicto ideológico entre lo público y lo privado.
Detrás de esta medida regulatoria existe un motivo claro que justifica la postura del Gobierno: el crecimiento de la educación online, que avanza en un mercado donde la educación pública se ha quedado rezagada.
Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez incrementa el control sobre las universidades privadas y prepara una normativa específica para la Formación Profesional, el modelo digital se consolida como un motor clave en el sistema educativo superior.
Y actualmente, ese espacio está mayoritariamente en manos de operadores privados.
Las cifras lo respaldan. Según datos de la plataforma reciente Universidades Virtuales, el sistema universitario español ha experimentado en la última década una transformación profunda.
En el curso 2019-2020, las universidades a distancia contaban con 264.857 estudiantes matriculados, representando el 16,2% del total.
Para el curso 2024-2025, esta cifra ha subido hasta el 18,5%, con 338.193 estudiantes entre más de 1,8 millones de matriculados.
Actualmente, España dispone de seis universidades digitales reconocidas oficialmente. De ellas, solo una es pública (la UNED), que está bajo un proceso de rescate financiero anunciado meses atrás por Pedro Sánchez.
En contraste, hay cinco instituciones privadas. Italia, como comparación, cuenta con once.
El crecimiento también tiene impacto económico. En 2024, la formación a distancia generó en España un valor de 2.935 millones de euros, con un crecimiento anual del 8,5%, tras el 9,5% registrado en 2023. Este mercado no solo crece: se estabiliza.
El inconveniente es que estos estudiantes no se concentran en la UNED ni en las universidades públicas españolas: a pesar de contar con formaciones online para ciertos grados, no poseen la capacidad de oferta que tienen las privadas.
Esta misma dinámica se observa en la Formación Profesional.
Conforme a los últimos datos públicos por el Gobierno de España, la FP alcanzó 1.085.259 estudiantes en el curso 2022-2023, un incremento del 32,6% respecto a cinco años antes, según el informe de Estadísticas de Formación Profesional del Sistema Educativo (2024) del Ministerio de Educación, FP y Deportes.
Sin embargo, el aumento más significativo corresponde a la modalidad online: representa el 19% de las inscripciones totales y ha crecido un 171% en cinco años.
En los ciclos formativos de grado superior, la FP a distancia representa ya el 25,6% de las matrículas; en grado medio, el 13,5%. Solo el Grado Básico permanece completamente presencial.
Durante el último curso estudiado (2022-2023), la enseñanza online en FP creció un 15,3% en grado superior y un 11,3% en grado medio.
También hay que recordar el informe de CCOO, publicado recientemente por EL ESPAÑOL, que alertaba que el sector privado domina la oferta digital debido a que la pública no ha logrado adaptarse con la rapidez necesaria ni establecer una red online competitiva.
Factor UNED
En el entorno universitario, la UNED es la única universidad pública nacional especializada en educación a distancia.
El Gobierno ha tomado iniciativas para aumentar su financiación y ampliar su oferta, especialmente en másteres habilitantes, uno de los mercados más rentables dentro del sector privado. La expansión de estos títulos tiene un carácter estratégico.
De acuerdo con la Conferencia de Decanos y Decanas de Psicología de las Universidades Españolas, el 85% de las plazas disponibles en el curso 2024-2025 para el máster habilitante en Psicología General Sanitaria —requisito para ejercer en consulta— corresponden a centros privados.
De las 9.945 plazas ofertadas, 8.393 son privadas y 1.532 públicas. Una situación similar ocurre con los másteres habilitantes para profesorado, donde la modalidad online con clases virtuales generalmente los sábados domina el mercado.
El coste de estas formaciones supera los 6.000 euros por año. Ofrecen a los estudiantes, mayormente profesionales en actividad, la flexibilidad requerida.
Si el Ejecutivo logra fortalecer la oferta habilitante de la UNED y paralelamente limita la creación de nuevas universidades virtuales privadas con requisitos más exigentes, la educación pública a distancia podría recuperar parte de su influencia.
Ocurre algo parecido en la Formación Profesional. Según el citado informe de CCOO, el problema es que la educación superior pública apenas ofrece FP online.
De hecho, el equivalente a la UNED para FP es el Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD). Aunque el sitio oficial del Ministerio de Educación no muestra las plazas exactas que ofrece, se trata de una iniciativa bastante reciente.
Según el Boletín Oficial del Estado (BOE), hasta 2021 este centro carecía de autorización para impartir enseñanzas de FP en modalidad online.
Paradójicamente, el sistema público tuvo una oportunidad histórica para consolidar el modelo online durante la pandemia. La covid-19 obligó a universidades y centros públicos a adaptarse de forma urgente a la digitalización.
Sin embargo, finalizada la emergencia sanitaria, el modelo híbrido no se estableció como una apuesta permanente en la enseñanza pública. En cambio, el sector privado convirtió esa transición forzada en un modelo de negocio estable.
Actualmente, casi uno de cada cinco universitarios estudia a distancia y una cuarta parte de los estudiantes de FP superior lo hace en modalidad online.
En este contexto, los dos reales decretos que restringirán la formación superior privada no solo pueden interpretarse como una garantía de «calidad», tal como afirma el presidente del Gobierno, sino también como una respuesta ante un mercado educativo que crece fuera del control estatal tradicional.