El órgano que lo juzgará a finales de mayo le había solicitado que trasladara las comunicaciones relacionadas con la vista oral.
David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, continúa negándose a revelar su domicilio actual. A pesar de los dos requerimientos consecutivos remitidos a su abogado por la Audiencia Provincial, que le instó, al igual que al resto de los imputados, a proporcionar una dirección para recibir todas las notificaciones judiciales previas al juicio donde está procesado por prevaricación y tráfico de influencias, el músico mantiene su negativa.
Así, esta misma mañana, su representante legal ha presentado un escrito ante la Audiencia de Badajoz en el que, en lugar de facilitar su domicilio particular, opta por presentarse personalmente la próxima semana en la sede judicial de Badajoz para recoger la notificación del inicio del juicio previsto para la última semana de mayo.
«Nuestro defendido comparecerá en persona en sus instalaciones durante la próxima semana», señala el documento, evitando de este modo proporcionar a la Audiencia los datos de su residencia actual.
La última ocasión en que facilitó esta información fue el verano pasado, cuando la jueza de instrucción, Beatriz Biedma, se la solicitó para comprobar si tenía intención de trasladarse a Japón con su esposa mientras aún estaba procesado y la magistrada necesitaba conocer si aspiraba a abandonar España durante el procedimiento judicial. En ese momento, su abogado negó dicha posibilidad y afirmó que su domicilio, utilizado también para notificaciones, seguía ubicado en la localidad portuguesa de Elvas.
Hace 48 horas, la Audiencia de Badajoz requirió notificar su domicilio tanto al hermano del presidente como al diputado provincial Francisco Martos y al exjefe de Actividades Transfronterizas de esta institución, Luis María Carrero, amigo de David Sánchez; todos ellos imputados en este caso que hasta ahora no han proporcionado su dirección actual.
Mediante una diligencia de ordenación, la Audiencia de Badajoz indicó que necesitaba conocer estos tres domicilios para poder enviarles las citaciones como investigados en el juicio, donde 11 personas serán juzgadas por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
La representación de David Sánchez comunicó como domicilio la oficina de su abogado, Emilio Cortés, en Cáceres. Sin embargo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal estipula que, para una citación como investigado ante un Tribunal, ésta debe ser enviada al domicilio personal de la persona. De igual manera, las citaciones para el juicio oral de los acusados Francisco Martos y Luis María Carrero han sido devueltas, por lo que sus defensas han sido requeridas para proporcionar los domicilios correspondientes.
LAS FECHAS
El magistrado ponente de la Audiencia Provincial de Badajoz, Emilio Serrano, ha establecido el calendario del juicio, que tendrá lugar del 28 de mayo al 4 de junio. Los once procesados, entre ellos David Sánchez y el exsecretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, declararán los días 28 y 29 de mayo ante la Audiencia de Badajoz, acusados por tráfico de influencias y prevaricación administrativa. Ambos ya no mantienen relación laboral con la Diputación. El hermano del presidente renunció a su puesto en febrero del año pasado, poco después de su declaración ante la jueza Beatriz Biedma, y Gallardo dimitió como presidente de la Diputación para ocupar un escaño regional y obtener aforamiento en la Asamblea de Extremadura.
Los demás imputados incluyen cargos y exresponsables de diversas áreas de gestión en la Diputación de Badajoz, junto con Luis María Carrero, quien antes de incorporarse a esta institución trabajó como asesor en el Ministerio de Presidencia y posteriormente consiguió un puesto en el departamento dirigido por David Sánchez, en la Oficina de Artes Escénicas, desempeñando de facto funciones de asesor personal.
Los días 1 y 2 de junio la vista recogerá las declaraciones de unos quince testigos, entre ellos los aspirantes al cargo que finalmente ocupó David Sánchez como coordinador de las Actividades de los Conservatorios de la Diputación, así como directores y exdirectores de conservatorios. Al día siguiente, según el calendario, declararán cuatro testigos adicionales y nueve agentes de la Guardia Civil que participaron en la investigación del caso.
La última sesión estará destinada a la presentación de los informes definitivos por parte de las partes implicadas, entre ellas siete acusaciones populares (Manos Limpias, HazteOir, Vox, PP, Iustitia Europa, Asociación Liberum y Fundación de Abogados Cristianos). Estas acusaciones actuarán de forma individual y no agrupadas en una acusación particular conjunta, como ocurrió durante la instrucción.