La controversia en la Guardia Civil aumenta tras las críticas de Pérez de los Cobos al Gobierno: del respaldo absoluto al señalamiento de límite sobrepasado

El coronel Diego Pérez de los Cobos a su llegada al funeral por el vigésimo aniversario del 11-M, en marzo de 2024.

El coronel Pérez de los Cobos realizó una crítica pública al Gobierno y a los responsables del Ministerio del Interior al recibir una condecoración, provocando un amplio debate dentro de la Guardia Civil.

La asociación profesional de guardias civiles JUCIL expresó su apoyo total a Pérez de los Cobos, mientras que la principal agrupación, AUGC, alertó que sus declaraciones traspasan una «línea roja».

Este conflicto surge en medio de tensiones previas entre Pérez de los Cobos y el ministro Marlaska, tras múltiples ceses y disputas judiciales relacionadas con decisiones del Interior.

El Ministerio del Interior evalúa si las palabras de Pérez de los Cobos, emitidas en uniforme, podrían constituir una infracción disciplinaria por comprometer la neutralidad e imagen institucional del cuerpo.

Las manifestaciones del coronel Diego Pérez de los Cobos contra el Gobierno han provocado revuelo dentro del Instituto Armado.

Mientras que la mayoritaria AUGC advierte que ciertos comentarios “traspasan una línea roja”, JUCIL le brinda un apoyo «incondicional».

Este miércoles, Pérez de los Cobos ofreció un discurso al recibir una condecoración otorgada por la Confederación Española de Policía (CEP), durante su VII Congreso Nacional.

Desde su intervención, transmitió un mensaje que refleja la opinión de muchos en Interior, pero que fue más allá del protocolo de agradecimiento. «Ni policías ni guardias civiles merecen la humillación que algunos están provocando».

Hacía referencia al escándalo sexual que involucra al DAO de la Policía, José Ángel González, acusado de agresión sexual a una subordinada.

Además, añadió una frase que se interpretó como una crítica directa a la actual dirección política de Interior. «Si alguien, en lugar de servidores públicos ejemplares, pretende contar con despreciables lacayos al servicio de intereses partidistas y dispuestos a hacer cualquier cosa para satisfacer a su amo, debemos mostrarle la salida».

También mencionó la situación penitenciaria de exmiembros de ETA, denunciando que se les otorgue un «trato casi de ciudadanos ejemplares» cuando «hasta hace poco apretaban el gatillo para asesinar a nuestros compañeros».

Reacciones opuestas

La asociación profesional JUCIL reaccionó rápidamente. En declaraciones a EL ESPAÑOL, expresaron su «apoyo total» al coronel y destacaron que sus palabras reflejan «el sentir mayoritario de miles de guardias civiles».

Para este colectivo, la lealtad a la ley es fundamental frente a cualquier intento de manipulación política: «La Guardia Civil debe cumplir la ley y la Constitución, nunca los caprichos o intereses espurios de quienes buscan utilizar nuestras instituciones».

JUCIL se muestra «completamente de acuerdo» con el coronel y exige que se deje de emplear a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como «moneda de cambio».

En contraste, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en el Cuerpo, ofreció una respuesta diferente.

AUGC afirma «con total claridad» que los guardias civiles están obligados «exclusivamente a la Constitución, a la legalidad vigente y a los principios de neutralidad política y sindical que rigen nuestro estatuto profesional».

Sin citar al coronel, la asociación describió sus declaraciones como un «hecho inédito» en medio de una «clara tensión política».

«Cruzar ciertas líneas en el debate público puede afectar la percepción de imparcialidad que la sociedad exige de la Guardia Civil. Esa es una línea roja que debe protegerse con rigor institucional».

AUGC destaca que la Guardia Civil «ni puede ni debe ser un instrumento de confrontación política», aunque reconoce que el Gobierno recibe «múltiples alertas desde el interior del Cuerpo»: malestar estructural, falta de interlocución real, escasez de avances en asuntos clave y una creciente sensación de abandono institucional.

Un enfrentamiento prolongado con Marlaska

Los comentarios del coronel no pueden separarse de las controversias en las que se ha visto envuelto recientemente el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska.

En 2020, Pérez de los Cobos fue destituido como jefe de la Comandancia de Madrid por decisión del ministro, quien alegó «pérdida de confianza» tras su negativa a facilitar información sobre una investigación judicial relativa a posibles contagios en la manifestación del 8-M.

El coronel impugnó esa decisión y el Tribunal Supremo la declaró ilegal, ordenando su reincorporación y desautorizando expresamente la actuación del Ministerio del Interior.

Este fallo judicial representó un revés para Marlaska, quien demoró durante años la ejecución de la sentencia.

Posteriormente, Pérez de los Cobos acudió nuevamente a tribunales por decisiones relativas a su ascenso a general, denunciando alteraciones en los criterios de evaluación. En estos casos, Interior encajó nuevas derrotas judiciales.

A pesar de estos triunfos legales, el coronel pasó a la reserva al cumplir 61 años, finalizando su carrera sin alcanzar el rango de general a pesar de ser primero de su promoción.

Actualmente, el coronel se encuentra en situación de reserva desde finales de 2024. En términos oficiales, hasta cumplidos los 65 años, permanece activo, conservando su empleo, salario y condición militar.

Sus recientes declaraciones podrían tener consecuencias disciplinarias.

Fuentes del Ministerio del Interior indicaron a EL ESPAÑOL que su discurso podría constituir una infracción según el régimen disciplinario de la Guardia Civil.

El hecho de que hablara vistiendo el uniforme reglamentario es un factor agravante fundamental, dado que no actúa como ciudadano particular, sino proyectando la imagen institucional del Cuerpo.

Según las mismas fuentes, la libertad de expresión reconocida en la normativa que rige al mando tiene límites estrictos: no se permiten expresiones que vulneren la disciplina, neutralidad política o sindical, ni comentarios que impliquen desprecio hacia autoridades o instituciones públicas.

También está expresamente prohibido usar el uniforme o la condición de guardia civil para pronunciamientos de este tipo. Por ahora, comentan fuentes cercanas al ministro, no se ha decidido sancionarle.

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