Junts, junto con PP, Vox y UPN, ha rechazado nuevamente el decreto ómnibus referente al «escudo social» por segunda ocasión, obligando así al Gobierno a presentarlo de nuevo.
El principal motivo de desacuerdo radica en la moratoria contra desahucios, que Junts rechaza, aunque respalda otras disposiciones sociales contenidas en el decreto.
La postura de Junts ha generado una fuerte reacción por parte del Gobierno y sus aliados, quienes los acusan de alinearse con la derecha y perjudicar a los colectivos más vulnerables.
Sin embargo, el Ejecutivo ha conseguido aprobar el decreto para la revalorización de las pensiones y otro destinado a asistir a las víctimas de accidentes ferroviarios, con el respaldo de Junts, PP y UPN.
Esta legislatura se está caracterizando por episodios sin precedentes. Este jueves, PP, Vox, Junts y UPN volvieron a rechazar por segunda vez el decreto ómnibus sobre el “escudo social”, lo que forzará al Gobierno a presentarlo una tercera vez, ahora fragmentado en mayores partes.
Por una parte, las medidas incluidas abarcan el bono social energético, pagos a cuenta o ayudas a quienes resultaron afectados por la dana, pero excluyen la moratoria contra los desahucios.
La táctica del decreto ómnibus, que pretende agrupar múltiples disposiciones en un solo documento, ya no resulta eficaz para el Ejecutivo.
Desde Junts, Marta Madrenas acusaba a Pedro Sánchez de “chantaje político” y de “exceder los límites del respeto democrático” con esta maniobra, además de criticar que continúe la prórroga indefinida de la moratoria anti-desahucios iniciada durante el confinamiento por coronavirus.
“Una excepción convertida en una condena interminable”, afirmaba la portavoz de Carles Puigdemont, quien cuestionaba: “Si la situación está tan favorable y España progresa aceleradamente, ¿por qué siguen gobernando como si estuviésemos en una pandemia perpetua?”
Madrenas instaba al Gobierno a presentar el escudo social de manera separada, dado que su partido lo apoya, pero rechaza “la defensa de los okupas”.
Efectivamente, ya han registrado una Proposición No de Ley que solicita que, una vez declarada vulnerabilidad para una familia, el Ejecutivo se haga cargo del pago del alquiler. Además, demandan que se transfiera el Ingreso Mínimo Vital a la Generalitat.
La posición de Junts irritó al Gobierno y sus aliados, quienes arremetieron con una dureza poco habitual contra el partido. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, lamentó la “excusa falaz acerca de los famosos okupas” y recordó que Junts apoyó “el mismo texto en 2025”.
El debate evidenció el aumento de la distancia entre Moncloa y Waterloo, con ataques inéditos hacia los postcovergentes, incluso hasta el día previo a la votación, cuando Sánchez evitó criticar públicamente la postura adelantada por Miriam Nogueras.
“Ni okupas ni okupos, no se dejen engañar”, afirmaba Bolaños, una figura clave en el Ejecutivo, quien reconocía que sabía que Junts mantendría su voto contrario, pero que “su meta es hacer que se avergüencen al subir a esta tribuna”.
Esta estrategia fue replicada posteriormente por los portavoces de la izquierda, dirigidos a la bancada de Junts. Jordi Salvador, de ERC, los acusó de “configurar un bloque junto a la extrema derecha franquista”.
Aína Vidal, de los Comunes, los calificó de “sicarios de los fondos buitres” y los comparó con el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, del PP: “¿Quién necesita a desokupa si existe Junts?”
«Junts, PP y Vox han abierto la puerta para desahuciar familias. Los buitres cuentan ahora con representación política. ¿Para qué pensar en Desokupa si existe Junts?», criticaba Vidal.
A los ataques contra Junts se unió incluso la portavoz socialista, Montse Mínguez, quien abandonó su usual tono suave hacia sus socios independentistas y lamentó que “se lleven la ovación de PP y Vox, quienes intentan ilegalizarlos”.
Después de la derrota, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también criticó a Junts y a PP y Vox en sus redes sociales por haber votado en contra. «Estas son las derechas catalana y española: irresponsables con la clase trabajadora y protectoras de los privilegiados«, manifestó.
La ruptura entre el Gobierno y sus aliados hacia Junts continúa intensificándose en medio del bloqueo legislativo.
En el Ejecutivo ya no ocultan su descontento con Puigdemont: “Ya ni siquiera desean sentarse a negociar”, confiesan fuentes gubernamentales con amargura, mientras aseguran que presentarán los Presupuestos, aunque hoy parece improbable su aprobación.
Tanto PP como Vox criticaron la ineficacia del Gobierno y recordaron que esta sería la sexta prórroga del Real Decreto de desahucios.
El diputado popular José Vicente Marí Bosó recordó que en 2025, el ómnibus incluyó “la prórroga del DAO”, actualmente investigada por violación, y que “mezclan disposiciones periódicas y recurrentes, pues son incapaces de aprobar los Presupuestos”.
El parlamentario de Feijóo afirmó que el escudo social “debe servir para sacar a las personas de la vulnerabilidad, no para perpetuarla”.
Desde Vox, el joven diputado Carlos H. Quero señaló que desde que está vigente la moratoria contra desahucios, “la mitad de los pisos están en alquiler, lo que provoca un incremento en los precios”.
El legislador de derecha acusaba a la “casta que saquea recursos” de “arruinar a su generación” y exhortaba al Gobierno a ofrecer una “alternativa habitacional” para personas declaradas vulnerables.
Esta medida también la planteaba Junts, indicando que el Gobierno puede sufragar el alquiler en caso de precariedad temporal y evitar así un desahucio.
Hernández Quero también preguntó al Ejecutivo: ¿Qué información disponemos después de seis prórrogas? ¿Continúan siendo vulnerables?
Preguntas que quedan sin respuesta.
Por otra parte, el Ejecutivo logró aprobar el decreto para revalorizar las pensiones, desde que fue separado del ómnibus hace un mes, así como otro para asistir a las víctimas de tragedias ferroviarias en Adamuz y Gélida. Contó con el apoyo de Junts, PP y UPN.
Ahora el Gobierno enfrenta el dilema de si debe presentar por tercera vez este ómnibus, aunque si fragmenta la moratoria, todo apunta a que ésta decaerá definitivamente.
Quizás por esta razón, este pleno tenía un aire de despedida para una medida que se ha mantenido vigente por más de cinco años.