Rafael Velasco, ex número dos del PSOE andaluz, ha sido procesado por presuntas irregularidades en la administración de ayudas para cursos formativos.
La investigación también afecta a su esposa, su hermano, dos cuñadas y varios ex altos cargos de la Junta de Andalucía.
El caso se centra en subvenciones otorgadas a la empresa Aulacen 5, ligada a Velasco, que habría recibido y gestionado ayudas de manera irregular entre los años 2006 y 2009.
Se indagan posibles delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación, dado que Aulacen 5 no estaba registrada como centro colaborador en el momento de solicitar dichas ayudas.
Hace casi 15 años, el socialista cordobés Rafael Velasco fue considerado el candidato principal para reemplazar al expresidente José Antonio Griñán.
Ascendió rápidamente hasta ocupar el puesto de número 2 del PSOE andaluz, pero todo cambió cuando renunció en octubre de 2010.
Esta decisión llegó después de que se revelara que la academia dirigida por su mujer en Córdoba habría recibido presuntamente ayudas públicas para impartir cursos formativos.
Recientemente, el juez de Instrucción número 6 de Sevilla ha decidido continuar con las diligencias previas bajo un procedimiento abreviado contra Velasco, su esposa, su hermano y dos de sus cuñadas, según indica un auto difundido por la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Después de un año tras las declaraciones, el juez también ha procesado al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, condenado por el caso ERE y por la concesión de otras ayudas, junto con otros cuatro ex altos cargos de la Junta de Andalucía.
Diez años tras el inicio de la investigación por parte de la juez Mercedes Alaya, fue la primera vez que Velasco y sus allegados comparecieron para declarar en esta causa, que la magistrada María Núñez Bolaños archivó en 2017, pero fue reabierta tres años después.
El propósito del juez es aclarar esta red familiar que supuestamente cobró sueldos de manera irregular, financiados por ayudas de la Junta, en lo que se conoce como la macrocausa de los cursos de formación.
Según el juez instructor, la investigación se centra en presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación vinculados a la posible ilegalidad en la concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a formación para el empleo otorgadas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la sociedad Aulacen 5, ligada a Rafael Velasco.
En este sentido, la mencionada entidad habría recibido, administrado, justificado y liquidado subvenciones de forma irregular, en el marco de cuatro expedientes administrativos de subvención concedidos por el SAE, según detalla el juez.
Las ayudas
En concreto, se han identificado cuatro subvenciones: una primera de 28.752,30 euros, otra de 41.296,50 euros, una tercera por 82.593 euros y una última de 41.296,50, en el período entre 2006 y 2009. Todo ello «al margen de la legalidad vigente».
El auto judicial también señala que la empresa se constituyó «tan solo tres días antes» de concluir el plazo para la solicitud de la subvención.
Por lo tanto, la petición para participar en los programas de formación profesional se presentó el último día permitido para su entrega.
Además, se indica que en el momento de solicitar la subvención, Aulacen Cinco «no estaba reconocida ni inscrita como centro colaborador» para realizar actividades formativas subvencionadas en el ámbito de la Formación Profesional Ocupacional (FPO).