El exalcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, ha sido procesado por la contratación en 2018 de un asesor que, según la justicia, no cumplió con la normativa vigente.
También enfrentan proceso judicial exconcejales, su ex jefe de gabinete, otro asesor y el propio contratado, por un supuesto delito de prevaricación administrativa.
El juez sostiene que el asesor desempeñaba funciones reservadas exclusivamente a funcionarios y emitía órdenes vinculantes a empleados municipales, sin ser funcionario, trabajador laboral o eventual.
‘Kichi’ declaró ante el juez que dicha contratación se efectuó respetando la legalidad y que el asesor no impartió instrucciones a los funcionarios.
José María González ‘Kichi’, exalcalde de Cádiz, ha sido judicialmente procesado por el papel desempeñado por un asesor contratado por el gobierno local en 2018 «sin sujeción a la legalidad».
Tras la denuncia presentada por CCOO, también han sido procesados los exconcejalas David Navarro y Laura Jiménez, su ex jefe de gabinete, otro asesor y el propio contratado, por un presunto delito de prevaricación administrativa.
El auto emitido por el Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz indica que la contratación se realizó con «la intención de otorgarle facultades no contempladas en el marco legal, eludiendo las funciones legítimas de los funcionarios municipales«.
El juez considera que los procesados, actuando de forma conjunta, acordaron entre el 18 de abril de 2018 y el 14 de abril de 2019 que el asesor operara en el área de contratación municipal con «la apariencia de personal eventual designado por el gobierno municipal«.
No obstante, el auto, divulgado por Europa Press, señala que dicho asesor no poseía la condición de funcionario público, ni era personal laboral ni eventual, sino asesor del grupo municipal Por Cádiz Sí Se Puede.
Para facilitar su trabajo, se le proporcionó un despacho en las instalaciones municipales que compartía con personal eventual y de plantilla del Ayuntamiento, detalla el auto.
Asimismo, tuvo acceso a los expedientes de contratación del Ayuntamiento de Cádiz y emitía directrices de cumplimiento obligatorio a los funcionarios de carrera de dicho Ayuntamiento.
«Estos debían acatar sus órdenes en los expedientes de contratación en los que participaba, respaldado públicamente por los investigados», explica el auto.
Entre los hechos documentados por el Juzgado se incluyen correos electrónicos donde el asesor interactúa con concejales, asesores y miembros de instituciones municipales, dando instrucciones sobre pliegos.
En uno de esos correos, se dirige a una funcionaria responsable de un pliego para la recogida de residuos: «me tomo la licencia de mandarte un correo para recordártelo otra vez«, brindándole criterios de valoración.
El pasado 24 de junio de 2024, la pareja de Teresa Rodríguez declaró en el Juzgado, afirmando que se actuó «con estricto cumplimiento de la legalidad y con conocimiento claro de lo permitido y prohibido».
Además, aseguró que estaban «completamente tranquilos porque todas las acciones se realizaron por el beneficio de la ciudad» y que el asesor «no ordenaba a los funcionarios».