La desclasificación de documentos no satisface a sus aliados, que solicitan medidas adicionales
El 25 de febrero de 1981, apenas dos días tras el 23-F, apareció el número 194 de El Socialista, la publicación semanal del PSOE. Su portada, oscura, mostraba letras blancas superpuestas: «La democracia, amenazada. Segundo aviso». En el editorial, titulado «Aquí ha pasado mucho», se mencionan «conductas políticas inmersas en un proceso que conduce a la involución»; se alude a «presiones ejercidas por quienes, enquistados en las instituciones estatales, utilizan todos los medios para obstaculizar la consolidación del sistema de libertades»; y se concluye que «la consolidación efectiva de la democracia es el único camino para evitar la repetición de episodios históricos conocidos».
Cuarenta y cinco años más tarde, aquel editorial sigue siendo relevante para los dirigentes socialistas. Se retoman y reiteran las mismas ideas ante la decisión de La Moncloa de hacer públicos hoy documentos vinculados al golpe de Estado del 23-F. El mensaje de alerta contra la ultraderecha se mantiene, junto con la advertencia de que «Vox representa una amenaza para la democracia». Cambia el actor —los golpistas por Vox—; el mensaje permanece intacto. «Esta fecha siempre ha servido para reflexionar sobre las fortalezas de nuestra democracia y los peligros presentes», indicando los «partidos de ultraderecha que no creen en la democracia», enfatizó María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Ejecutivo, aludiendo directamente a la organización de Santiago Abascal.
El Gobierno ha optado ahora, tras años de solicitudes por parte de sus socios y de investigadores y tras siete años en el poder, por dar este paso «para saldar una deuda histórica con la sociedad» y porque «la memoria no puede permanecer sellada», explicó Pedro Sánchez. Esta decisión servirá para «evitar conductas que puedan poner en peligro la democracia», añadió Montero. La misma idea central de hace 45 años.
Esta medida llega en plena estrategia de los socialistas para intensificar el enfrentamiento con Vox, inmersos en un ciclo electoral donde la formación de derecha radical crece, superando al PSOE en ámbitos como Badajoz o Teruel, arrebatándoles bastiones y, incluso, votantes, mientras que el partido de Sánchez presenta una tendencia descendente. El objetivo, como ha señalado el propio presidente del Gobierno, es «trabajar» para que su base «se active cuando lleguen las elecciones generales». Todo suma en la intención de presentar los próximos comicios como una decisión entre «socialdemocracia o barbarie».
La autorización para desclasificar documentos procedentes de distintos ministerios será aprobada hoy por el Consejo de Ministros y, según fuentes del Ejecutivo, entrará en vigor mañana. Se trata de más de cien documentos ministeriales, según informan conocedores, sin audios pero con sus transcripciones, y confirman «la desclasificación total del 23-F». Estos textos estarán disponibles para consulta pública en la web oficial de La Moncloa durante el miércoles. Ese mismo día, en el antiguo Salón de Sesiones del Senado, se presentará el libro El Rey, de Manuel García-Pelayo, con la asistencia prevista de Felipe VI y Felipe González.
Esta iniciativa para abrir archivos y eliminar restricciones se conecta con otras promovidas por el Ejecutivo ultimamente, que buscan generar impacto y debate social; muchas, como esta, sin requerir la aprobación parlamentaria, con las cuales La Moncloa busca liderar y controlar el discurso público. Entre ellas: la propuesta de eliminar el horario de verano; la opción de enviar fuerzas de paz a Palestina o Ucrania tras el fin de los conflictos; prohibir el acceso a plataformas digitales a menores de 16 años; la movilización de hasta 23.000 millones para edificar hasta 15.000 viviendas anuales; y la realización de un estudio «sin precedentes», dirigido por el CSIC, para analizar y reducir la desigualdad desde la infancia…
Para el PP, estas propuestas, incluida la sobre la desclasificación de documentos del 23-F, son una «cortina de humo». La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, se burló de que no haya que esperar otros 45 años para conocer las causas del apagón que dejó a España a oscuras, o «todos los escándalos que rodean» al PSOE y al Gobierno.
La desclasificación de documentos del 23-F es una demanda que los socios de gobernabilidad de Sánchez llevan años reclamando, con especial atención al rol que desempeñó Juan Carlos I. Sin embargo, este gesto actual no les basta. Todos calificaron el movimiento de «insuficiente», solicitando la aprobación parlamentaria del Proyecto de Ley de Información Clasificada, que está bloqueado en la Cámara Baja desde septiembre de 2025, acumulando hasta 18 prórrogas en las enmiendas. Este texto contempla que toda información clasificada con más de 45 años se haga pública de manera automática, salvo que continúe representando algún riesgo para la seguridad o defensa. El Gobierno justifica esta actuación afirmando que cumple con la ley «antes de su aprobación».
Para Sumar, la medida «no es suficiente». Tampoco para Podemos, que demanda en la misma línea la aprobación inmediata del Proyecto de Ley de Información Clasificada.
Los independentistas, por su parte, emplearon esta apertura promovida por Sánchez para redirigir la atención y pedir la desclasificación de lo que consideran «cloacas del Estado». Así, desde el PNV, formación que lleva años reclamando en el Congreso la desclasificación de documentos, y Bildu, demandan que se haga lo mismo con casos como el asesinato de Mikel Zabalza, los sucesos del 3 de marzo en Vitoria, los sanfermines de 1978 o el atentado en el bar Aldana. Los vascos mantienen siempre en el radar los GAL.
Para los partidos que aseguran la gobernabilidad, que el Gobierno adopte ahora esta decisión confirma que todo responde a una «voluntad política». Junts, que ya forzó al Ejecutivo a desclasificar ocho documentos del CNI sobre los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils en 2017, definió la medida de Sánchez como «arqueología política».