Feijóo insta a Sánchez a hacer públicas las informaciones relacionadas con supuestas corruptelas y otras cuestiones, aprovechando la desclasificación de documentos del 23-F.
Junts confirma que volverá a votar en contra del Real Decreto del ‘escudo social’, lo que podría obligar al Ejecutivo a presentar el decreto por tercera vez.
Podemos reitera la necesidad de incluir la moratoria de desahucios en el decreto y solicita al Gobierno un plan alternativo para las familias en situación vulnerable.
PP y Junts respaldarán la subida de las pensiones y la ayuda a las víctimas de accidentes, aunque mantienen posturas críticas en otros puntos clave del pleno.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tomado como referencia la decisión del Consejo de Ministros de desclasificar los documentos secretos del 23-F, tras cumplirse 45 años del intento fallido de golpe de Estado, para reformular su pregunta al Gobierno.
El líder del principal grupo opositor solicitó a Sánchez que, aprovechando esta situación, se desclasifiquen «los contratos que terminaron en mordidas, los viajes en Falcon a República Dominicana, las visitas de Zapatero a Caracas, el DelcyGate o quién financió las primarias» del PSOE en 2017.
Cuestiones sin resolver a las que añadió otras dudas como «las causas del apagón» o informes que indican que la regularización de inmigrantes irregulares promovida por el Gobierno podría superar el millón, muy por encima de los 500.000 inicialmente previstos desde Moncloa.
Sánchez calificó la intervención de Feijóo como «desafortunada» y les cuestionó: «¿Qué les molesta? ¿Qué problema encuentran?» en la desclasificación de los documentos del 23-F.
El presidente terminó su participación con un lema que repite en cada intervención: «España va como nunca y ustedes mienten como siempre».
Feijóo contestó con una promesa, asegurando que «no harán falta 45 años» para conocer las irregularidades de Sánchez y garantizó que, si llega a La Moncloa, «en menos de 45 días sabremos qué hizo» el actual líder del PSOE.
El líder del PP añadió un apunte sobre Adolfo Suárez, presidente en funciones durante el 23-F mientras se investía a Leopoldo Calvo Sotelo, para destacar que en 1981 existía un jefe del Ejecutivo que «combatía el terrorismo» y contrastarlo con Sánchez, recordándole sus alianzas actuales con Bildu, sucesores de Batasuna, y afirmando que «por eso» la ciudadanía «le da la espalda».
No obstante, el mayor golpe a Sánchez provino de la portavoz parlamentaria de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, quien ratificó que los siete diputados independentistas rechazarán el Real Decreto sobre el «escudo social» que se vota este jueves en el Congreso.
Será la segunda vez en un mes que este decreto decae, lo que obligaría al Gobierno a tomar una decisión sin precedentes: presentar por tercera ocasión un Real Decreto modificado si quiere lograr su aprobación.
«Escudo social, sí; ocupaciones, no», afirmó Nogueras, solicitando «separarlo de las okupaciones» para que pueda presentarse.
Esta situación forzará al Gobierno a avanzar con mucha cautela, puesto que partidos como Podemos consideran fundamental incluir la moratoria antidesahucios junto con otras medidas como el bono energético.
Hace un mes, Moncloa presentó un paquete que además del escudo social y la moratoria de desahucios contemplaba la revalorización de las pensiones. El rechazo del grupo de Carles Puigdemont obligó a desglosarlo para buscar apoyo.
Moncloa intentó un acuerdo con el PNV para acercarse a las demandas de Junts, pero desde el Gobierno reconocen que la alianza tradicional entre PNV y Junts, que solía coincidir en temas sociales y económicos, se ha fracturado.
Desde Podemos ya reclaman que, en caso de rechazo este jueves, el Gobierno presente el decreto una tercera vez. «Debe tener un plan B para estas 60.000 familias que enfrentan riesgo de desahucio», afirmó Ione Belarra.
Si Junts mantiene su postura negativa, sería la primera vez que Moncloa debe presentar un Real Decreto en tres ocasiones para su aprobación.
Hasta ahora, lo habitual ha sido volver a presentarlo tras negociar y añadir demandas de socios o, en caso de paquetes amplios, dividirlos para lograr su aprobación rebajando ciertos aspectos.
La cuestión ahora consiste en saber qué puede ceder para atraer a Junts sin perder el apoyo de Sumar, Bildu o Podemos.
Por otra parte, PP y Junts votarán en el pleno del jueves a favor de la revalorización de las pensiones conforme al IPC —un 2,7 % de incremento general— y a favor de ayudas a las víctimas del descarrilamiento en Adamuz y Gélida.
Este último decreto ha sido impulsado por Transportes, pero será presentado por Ángel Víctor Torres, dado que el ministro Óscar Puente se ausentará del pleno por motivos personales.