En 2017, acusó a un líder sindical policial de publicar su teléfono en sitios web dedicados a la prostitución. El caso fue archivado y la agente fue denunciada por apropiación indebida.
Antes de que el nombre del director adjunto operativo (DAO) José Ángel González apareciera en los medios por una supuesta agresión sexual, la inspectora que lo denunció ya había sufrido otro supuesto episodio de acoso por parte de una expareja. En junio de 2017, en calidad de oficial de policía, presentó una denuncia por acoso contra Víctor Manuel Duque León, quien entonces ejercía como secretario general del sindicato Unión Federal de Policía (UFP), tras detectarse que su teléfono personal aparecía en portales de contactos sexuales.
La causa fue investigada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Arganda del Rey (Madrid), aunque en marzo de 2019 el juez la archivó de forma provisional al no estimar probada la identidad del responsable de los hechos.
Los acontecimientos se remontan a finales de junio hace nueve años. La actual inspectora empezó a recibir llamadas y mensajes de hombres desconocidos que decían haber encontrado su número en sitios de contacto, donde alguien se hacía pasar por ella bajo varios alias.
El 30 de junio, un hombre que se presentó como Dani afirmó haber conversado con ella por chat. Días después, otro sujeto se comunicó diciendo que también había hablado con ella en otra web distinta. La inspectora formalizó la denuncia el 15 de septiembre de 2017 ante la Dirección General de la Policía, y dos meses más tarde Duque fue arrestado por acoso cibernético, vinculado a cuestiones de celos.
La Brigada Central de Investigación Tecnológica rastreó el origen de los datos. La dirección IP desde la que se publicó la información de la agente correspondía a la sede del sindicato UFP en la plaza de Carabanchel, Madrid, lugar donde tanto la denunciante como Duque ejercían sus labores. En la inspección del despacho del sindicalista, los agentes hallaron un portátil cuyo historial de navegación había sido borrado el 16 de octubre de 2017, fecha que la inspectora había indicado en su declaración.
También se detectó, desde un iPhone, una conexión al portal Chatpolis el 4 de julio de ese año, y dentro de una cuenta de Dropbox apareció un archivo comprimido titulado «wasap Chat… Valladolid». Cuando se solicitó a Duque que facilitara las credenciales de acceso, este se negó.
No obstante, el juez consideró que la investigación —descrita en el auto como «completa y compleja»— no había precisado qué dispositivo había efectuado la conexión ni quién lo controlaba en ese momento.
Además, señaló que varias personas tenían acceso al despacho y a las contraseñas del investigado: su secretaria, el informático y la propia denunciante. Duque negó continuamente los cargos. El magistrado archivó la causa provisionalmente al considerar que, aunque existían indicios, no eran suficientes para proseguir el proceso. También descartó los cargos de amenazas, coacciones y acoso laboral relacionados con la relación sentimental que ambos habían mantenido, debido a la falta de pruebas concretas y testimonios que los respaldaran.
El archivo no puso fin al conflicto entre las partes. Posteriormente, el sindicato acusó a la inspectora de presunta apropiación indebida de bienes de la UFP, específicamente un móvil y contratos de internet.
En respuesta, ella acusó a Duque y a otro dirigente sindical, secretario de organización, de cargar gastos personales, comidas y bebidas en tarjetas del sindicato. Esta acusación derivó en una investigación por apropiación indebida y malversación de fondos, que llevó a un juez de Madrid a procesar al sindicalista en octubre de 2023. En septiembre de 2025 se emitió auto de procesamiento contra Duque y el otro dirigente por apropiación indebida de 500.000 euros. Ese auto fue recurrido por ambos, solicitando la imputación de la denunciante, recurso que sigue pendiente en la Audiencia Provincial de Madrid.
Mientras tanto, la causa por difusión de sus datos en páginas de prostitución no ha sido reabierta. El archivo de 2019 permanece vigente, aunque la inspectora denunció haber sufrido acoso laboral y amenazas durante todo este período.