El Colegio de Arqueólogos y Más Madrid solicitan al Gobierno regional que reconsidere la licitación y se mejoren las condiciones ofrecidas. A pesar de ello, seis empresas ya han presentado sus propuestas para la adjudicación
Los arqueólogos expresan su rechazo a la Comunidad de Madrid. Reclaman al Ejecutivo regional, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, que retire la licitación para contratar empresas especializadas encargadas de supervisar que las mejoras en la red de suministro de agua no perjudiquen yacimientos históricos. El Colegio Profesional de Arqueología de Madrid denuncia que la oferta económica presentada por el Canal de Isabel II (la entidad pública responsable de los trabajos) “menosprecia la profesión” y que “se sitúa apenas por encima del Salario Mínimo Interprofesional. Es una vergüenza”. Pese a ello, seis compañías han participado en el proceso de adjudicación. “Es cierto que la propuesta no es muy generosa, pero veremos si finalmente los números cuadran”, comenta una de ellas.
La Comunidad de Madrid requiere arqueólogos. El Canal ha destinado 67 millones de euros para asistir a municipios pequeños, con menos de 2.500 habitantes, en la renovación de sus infraestructuras hidráulicas y de alcantarillado. Son 25 localidades que deberán ejecutar obras en sus términos municipales para mejorar la red de abastecimiento a sus habitantes. Estas obras serán financiadas en un 76% por Canal de Isabel II y el 24% restante mediante una cuota adicional en la factura futura de consumo. Sin embargo, estas intervenciones implican una obligación legal: las excavaciones no deben dañar posibles restos arqueológicos, tal como dispone la ley madrileña de Patrimonio Cultural. Para ello, el Canal está dispuesto a destinar 581.000 euros a la asistencia técnica durante cuatro años.
Al analizar el contrato, se encuentra que se trata de un acuerdo marco (con participación de varias empresas) que se dividirá en unos 30 contratos. La duración promedio de las obras vinculadas a cada contrato será de 12 meses. “Así, el importe mensual estimado para el trabajo de control arqueológico sobre el movimiento de tierras durante las obras será de una base imponible mensual de 1.335 euros”, que con IVA asciende a 1.615 euros. El Salario Mínimo Interprofesional fue fijado este viernes en 1.221 euros en 14 pagas. “Es ofensivo. Nos tratan como si fuéramos peones de obra. Nuestra profesión no está reconocida”, explica Carlos Caballero, portavoz del Colegio Profesional de Arqueología de Madrid.
Para el colegio, que cuenta con unos 359 miembros, es “una novedad positiva” que el Canal lance una licitación para contratar la vigilancia arqueológica en 25 municipios, lo que “demuestra que por fin se empieza a reconocer que el conocimiento y estudio de nuestro patrimonio arqueológico es una parte indispensable de las obras civiles”.
No obstante, existen matices importantes, y “aquí hay uno muy grave” que desvirtúa la aparente buena intención del Canal de Isabel II: las condiciones laborales impuestas a quienes realizarán la supervisión arqueológica, fijando sueldos base que apenas superan el Salario Mínimo Interprofesional. “Esto implica que, aunque la presencia de arqueólogos en las obras civiles sea obligatoria, para el promotor lo ideal es que trabajen en las peores condiciones posibles”, señala Caballero.
Seis empresas
A pesar de las críticas del Colegio, seis empresas han presentado sus propuestas en la licitación, lo que indica que en principio aceptan las condiciones económicas impuestas por la Comunidad de Madrid. El portavoz de una de ellas, la empresa zaragozana ‘Paleoymas’, reconoce que la oferta del Canal podría haber sido “más generosa”, pero que han analizado los números y “en principio les resulta viable”. Señalan además que los equipos arqueológicos no deben estar presentes durante toda la jornada acompañando a los operarios del Canal. “Son tareas concretas durante periodos determinados”.
Otro representante, de ‘Grupo 365 Arqueología’, comenta que también han revisado sus costes y que, al tratarse de un acuerdo marco, trabajarán en un conjunto de obras que permitirá reducir los gastos. “Es importante destacar que nuestros arqueólogos tienen un salario fijo. Su remuneración no depende de lo que la Comunidad pague a las empresas seleccionadas”.
Desvelados nuevos secretos sobre los grafitis de Pompeya. (Parque Arqueológico de Pompeya)
Sin embargo, el Colegio Profesional opina que “la licitación debería retirarse y volver a convocarse tras consultar a los agentes implicados, ya que resulta inaceptable que, ante la ausencia de regulación y el predominio del libre mercado, una empresa pública de la Comunidad de Madrid precarice a toda una profesión”. Algo que el Canal de Isabel II no parece dispuesto a modificar.
Alicia Torija, diputada de Más Madrid, se alinea con los arqueólogos. “Una empresa pública como Canal de Isabel II debería garantizar la dignidad profesional en cualquier licitación. La oferta para el seguimiento arqueológico en 25 municipios durante varios años no comprende la verdadera naturaleza de la arqueología preventiva”, señala. ¿La razón? El pliego establece que el equipo arqueológico estará bajo la supervisión de un director, un ingeniero designado por el Canal.
“Que una persona sin cualificación arqueológica sea la máxima responsable desvaloriza la formación de los arqueólogos, pone en duda los resultados del trabajo y amenaza su independencia. El trato injusto que el neoliberalismo más severo ha infligido a la arqueología en la región no puede justificar que desde la propia Comunidad de Madrid se defiendan salarios miserables. Se exige la retirada de la licitación y la mejora de las condiciones propuestas”, concluye Torija.