Las personas afectadas por el accidente ferroviario de Adamuz están en proceso de formar una asociación legal y planean personarse como acusación en el juzgado para dar seguimiento a la investigación.
El siniestro causó 46 muertes y numerosos heridos; muchos de los afectados buscan unirse para reclamar justicia y esclarecer los hechos.
La Fiscalía ha solicitado la participación de peritos especializados para el análisis del accidente y exige rigor en la apertura de las cajas negras de los trenes implicados.
Hasta ahora, el juzgado ha recibido 34 denuncias y ha iniciado 148 diligencias previas relacionadas con el incidente.
Lo que comenzó como un intercambio de números telefónicos entre seis heridos del accidente ferroviario de Adamuz, quienes sufrieron gran desamparo y confusión aquella fría noche en un hospital de Antequera, se convertirá próximamente en una asociación legal.
Una vez constituida formalmente, el siguiente paso será personarse como acusación en los juzgados de Montoro, con el fin de estar informados sobre el avance de la investigación judicial.
Un mes tras la tragedia, que causó 46 fallecimientos y cientos de heridos, «no fue un accidente», el promotor del movimiento, Mario Semper, busca que todos los damnificados, directa o indirectamente, se unan debido a que la fuerza reside en la unión.
Este vecino de Mazagón viajaba en el vagón 4 y, tras alertar a las autoridades, comenzó a colaborar en el rescate de pasajeros. Ahora desea aportar de otra manera para que «se conozca la verdad».
Por el momento, el grupo de WhatsApp reúne a 120 personas, con la intención de que muchas de ellas pasen a formar parte como socios.
La denominación se decidirá en la asamblea constituyente prevista para la próxima semana, aunque probablemente se llamará ‘La plataforma de víctimas del descarrile de Adamuz’.
Este grupo ya representa aproximadamente al 80% de los pasajeros del Alvia, pero quienes lo impulsan también están contactando con los usuarios del Iryo.
En declaraciones a EL ESPAÑOL, Samper hizo un llamado para que los afectados se comuniquen con él, a fin de que la mayoría se sienta representada.
Este medio también ha conversado con otras víctimas interesadas en incorporarse a la plataforma, como es el caso de Carmelo, residente en Punta Umbría.
Su hijo de 21 años sufrió heridas en el accidente, incluyendo fracturas en radio y cúbito en tres lugares, además de otras lesiones. La acompañante de su hijo, Rocío, falleció en el siniestro.
«Estamos pasando por un auténtico calvario porque estamos desorientados. No sabemos qué camino tomar», expresa Carmelo. Su hijo trabaja de forma temporal en mantenimiento en un hotel local y el accidente ocurrió durante sus dos meses sin actividad.
«Lo más probable es que no pueda reincorporarse cuando le toque debido a que la recuperación de la fractura será prolongada», afirma el padre del joven herido.
34 denuncias
Actualmente, el Juzgado de Córdoba encargado de la investigación del accidente de Adamuz ha recibido 34 denuncias relacionadas con el caso. Adicionalmente, se han presentado hasta siete acusaciones populares.
Por ahora, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, que lleva el proceso, no ha emitido decisión sobre la admisión de dichas acusaciones, por lo que ha abierto una pieza separada para ello.
Por otra parte, desde el TSJA se informa que «se han iniciado 148 diligencias previas a partir de los partes médicos recibidos por el Tribunal de Instancia». A todos los afectados se les está ofreciendo la posibilidad de ejercer acciones legales, explican.
Las cajas negras
La Fiscalía, por su parte, ha solicitado que peritos especializados participen en la investigación del accidente, según declaró este martes en Sevilla la fiscal Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago.
Además, la fiscal aclaró que el Ministerio Fiscal no se opone a la apertura de las cajas negras de los trenes implicados. Lo que exige es que se realice con la máxima rigurosidad.
En cualquier caso, la Fiscalía considera que la investigación será «larga y compleja». «Pero se está trabajando con total dedicación. Existe un compromiso firme para evitar retrasos y garantizar la pesquisa exhaustiva», añadió.
Uno de los temores principales de la fiscal es que la precipitación cause problemas futuros, como sucedió en el accidente ferroviario de Santiago de Compostela en 2013.
La coordinación de la investigación corresponde al fiscal jefe de Córdoba, «con el respaldo de la Fiscalía general», puntualizó la titular.
«Participan tres fiscales: uno responsable del caso y dos que le brindan apoyo», recalcó Tárrago.
Este mismo deseo comparten las víctimas, quienes implican que no quieren que el proceso se extienda excesivamente, aunque son conscientes de la complejidad del procedimiento.