Rafael Pineda, antiguo jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía y vinculado al PSOE, fue arrestado junto con su esposa y otras tres personas en el marco de una investigación llevada a cabo por la Guardia Civil.
Pineda enfrenta cargos por delitos urbanísticos y por realizar trámites para terceros ante administraciones públicas a cambio de beneficios económicos, incluyendo supuestas concesiones a empresarios relacionados con el blanqueo de capitales.
La operación cuestionada se centra en la venta de una parcela pública adjudicada a Higuerón Real Estate, empresa gestionada por la esposa de Pineda, que fue revendida unos meses después generando un beneficio de 2,1 millones de euros.
Las ganancias derivadas de esta operación se distribuyeron entre el matrimonio y antiguos socios, y la investigación incluye posibles delitos de corrupción entre particulares.
Rafael Pineda, quien desempeñó el cargo de jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía hasta agosto pasado, fue detenido el martes por la UCO junto a su esposa y otras tres personas.
Pineda, considerado un «compadre» político del actual vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, mantiene una larga vinculación con el PSOE, partido donde tuvo puestos importantes durante la gestión de Alfredo Sánchez Monteseirín como alcalde.
Precisamente en ese periodo, mientras ejercía como gerente de Lipasam, coincidió con Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.
Pineda fue arrestado bajo sospecha de delito urbanístico tras la venta irregular de una parcela pública, operación de la que se cree podría haber obtenido beneficios ilegítimos, aunque existirían otros posibles ilícitos.
Según informaciones de la Guardia Civil, el socialista habría estado realizando gestiones para terceros ante distintas administraciones públicas «a cambio de contraprestaciones económicas«.
«He cerrado un buen negocio que me ha traído un dinerito interesante y ahora espero cerrar otra operación que me motiva… (la voz se interrumpe), con lo de mis estafas y demás, y la verdad es que no me puedo quejar, todo va saliendo bien».
Estas declaraciones, del socialista fechadas en noviembre de 2024, están recogidas en un informe de la Guardia Civil entregado a la juez de Instrucción 10 de Sevilla, quien ordenó su detención, y al que tuvo acceso EL ESPAÑOL.
En la otra línea telefónica se encontraba un empresario vinculado al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.
De hecho, según otra conversación interceptada, la Guardia Civil indica un supuesto trato de favor de Rafael Pineda desde su puesto en la Delegación del Gobierno para este empresario, quien le solicitó ayuda para regularizar a varias personas extranjeras.
El empresario de ascendencia marroquí comenta a una conocida que el delegado del Gobierno —refiriéndose a Rafael Pineda— «le dijo que concediera documentos de identidad a quien quisiera regularizar su situación migratoria«.
La interlocutora señala textualmente que «cada vez que esta persona viene toma ‘una papalina’ y que le gusta mucho el marisco fresco y bueno».
En otra conversación, este empresario consulta sobre una prohibición autoimpuesta para acceder a los casinos de juego.
Explica que quiso limitarse a los casinos de Andalucía, pero que el director estableció la prohibición a nivel nacional y que para levantarla debe acudir a la Plaza de España, sede de la Delegación del Gobierno.
Rafael le indica que debe gestionar esto en la Junta de Andalucía y añade textualmente: «Si fuera competencia del Gobierno de España, yo mismo lo resolvería«.
Comienza la investigación patrimonial.
A partir de lo anterior, bajo la sospecha de delitos de tráfico de influencias y cohecho, se inició una investigación patrimonial sobre Pineda y su entorno, detectándose indicios sospechosos en las actividades de su esposa —también detenida— y la empresa que administra, Higuerón Real Estate.
Esta es la firma que se adjudicó la subasta pública de la parcela mencionada. Para los investigadores, existen indicios suficientes para considerar que se trata de una «operación comercial sospechosa».
La empresa obtuvo en septiembre de 2024 la parcela de Emvisesa por 1,7 millones de euros. La parcela salió en subasta en junio de 2022, durante la alcaldía socialista de Antonio Muñoz, con un precio inicial de 1,9 millones, pero la licitación quedó desierta por falta de interesados.
No obstante, en 2024, con José Luis Sanz al frente del Ayuntamiento, la parcela volvió a subastarse con un precio inicial rebajado a 1,4 millones de euros, medio millón menos.
En septiembre de 2024, Higuerón Real Estate se adjudicó la parcela por un importe apenas superior al precio de salida: una puja «de solo 40 céntimos por encima del precio base«, según la UCO. Incluyendo IVA, el coste final fue de 1,7 millones.
La Guardia Civil destaca que, menos de cinco meses después, a comienzos de 2025, Higuerón Real Estate vendió la parcela a la sociedad Eryel Invest —perteneciente al holding empresarial Burger King Spain— por 3,9 millones de euros, consiguiendo un beneficio de 2,1 millones.
Distribución de los beneficios
El análisis de las transferencias bancarias revela que estas ganancias se dividieron entre Rafael Pineda y su esposa, que recibieron 639.120,63 euros.
El resto fue destinado a dos antiguos socios de la sociedad y 78.650 euros a una empresa propiedad del funcionario de Emvisesa Daniel M. L.
Por estas razones, los investigadores consideran que la secuencia de eventos en el expediente de subasta requiere un análisis exhaustivo.
Además, no se descarta la existencia de un posible delito de corrupción entre particulares, dado que uno de los antiguos socios de la empresa adjudicataria es también empleado del grupo empresarial que finalmente adquirió la parcela a un precio considerablemente inflado.
La detención de Pineda este martes no fue inesperada. La UCO lo seguía desde hace tiempo. De hecho, a finales del año pasado, agentes de esta unidad se presentaron en la Delegación del Gobierno en Andalucía.
Las sospechas sobre Emvisesa fueron fundamentales. La empresa pública también fue visitada el año pasado por agentes de la UCO, quienes indagaron sobre este asunto.
En este contexto, el Ayuntamiento inició en noviembre pasado una investigación interna y se constituyó parte en el procedimiento el 20 de octubre, tras levantarse el secreto sumarial.