Aldama afirmó poseer un sobre con datos relacionados con una supuesta financiación irregular del partido, y Pano confirmó que trasladó 90.000 euros a Ferraz
El magistrado de la Audiencia Nacional encargado del caso hidrocarburos ha remitido las declaraciones de la empresaria Carmen Pano y del presunto intermediario del caso Koldo, Víctor de Aldama, a la causa que investiga los pagos en efectivo dentro del PSOE destinados a gastos anticipados.
Así lo dispuso el juez Santiago Pedraz en una providencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la cual también incluye el testimonio del que se considera chófer de Pano, Álvaro Gallego, junto con documentación policial.
El 29 de enero, Aldama declaró que la presidenta asignada a Venezuela, Delcy Rodríguez, le entregó un sobre de la petrolera PDVSA que contendría información sobre una presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista, según fuentes jurídicas consultadas por esta agencia.
Pano, por su parte, confirmó ante el juez Pedraz que llevó 90.000 euros en efectivo procedentes de Claudio Rivas, propietario de la empresa que presuntamente está en el centro de la trama, hasta la sede del partido socialista.
Por su parte, Gallego declaró este miércoles que fue quien acompañó a la empresaria cerca de la calle de Ferraz, señalando que ella llevaba una bolsa con 45.000 euros en billetes de 5.000 euros, aunque aclaró que no presenció la entrada de Pano en la sede socialista.
Pedraz remite lo declarado hacia la pieza separada confidencial que investiga otro juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, donde se encuentra la información facilitada por el PSOE acerca de sus pagos en efectivo entre 2017 y 2024.
Los socialistas entregaron al magistrado un pendrive que contendría el listado y los justificantes de todos los pagos en efectivo realizados en esos años a dirigentes, empleados y simpatizantes, documentación que había sido solicitada por el juez.
Desfalco, entre «otras irregularidades»
Cabe recordar que en noviembre el juez de la Audiencia Nacional decidió abrir una pieza separada para investigar estos pagos en metálico. Esta medida fue tomada a petición del magistrado del Tribunal Supremo que también instruía el caso Koldo, ante la sospecha de que el ex ministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García pudieron aprovechar la ausencia de controles del PSOE en la devolución de gastos anticipados para blanquear fondos obtenidos presuntamente de actividades ilícitas.
Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción señaló la posible existencia de un delito de desfalco contra la formación política, junto con «otras irregularidades».
El PSOE aseguró ante el juez su disposición a colaborar con la Justicia en cualquier circunstancia, aunque advirtió que esto podría conllevar «graves implicaciones jurídicas, procesales, personales y de protección de datos», ya que implicaría revelar «todos los gastos adelantados a favor del partido por dirigentes, empleados, militantes y simples simpatizantes o voluntarios», y no solo los pagos vinculados a Ábalos y Koldo.
Además, los socialistas solicitaron al magistrado mantener esta información en una pieza secreta, accesible únicamente para los investigadores, el juzgado y la Fiscalía, alegando que «es evidente que el PP y el resto de acusaciones ignoran» la obligación legal de confidencialidad.