La Policía ha activado la alerta debido al gran número de solicitudes que se prevé recibir en abril y advierte que será necesario contar con más recursos y ampliar las plantillas.
El plan para regularizar a 500.000 migrantes que ya residen en España, anunciado por Pedro Sánchez a comienzos de año, tendrá su punto álgido —según la valoración de la Policía Nacional— en abril, mes en el que supuestamente comenzará a implementarse. La escasa información disponible sobre un plan de tal magnitud, sumada a que el Ejecutivo no consultó a especialistas, sigue generando críticas severas dentro del Cuerpo y dudas respecto a la manera en que se llevará a cabo el programa.
La controversia principal que plantean los agentes radica en la carencia de recursos suficientes para gestionar una regularización prevista como masiva, cuyo esquema ya empieza a evidenciar sus primeras fallas. Esto ocurrió en Alicante, apenas horas después del anuncio. Cuatro hombres acudieron a la comisaría local para informarse sobre el proceso y presentar el certificado de antecedentes penales de su país de origen: Argelia.
Según la documentación entregada, no tenían procesos policiales ni judiciales pendientes. Sin embargo, los efectivos de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), encargada de perseguir la trata de personas y la inmigración ilegal y que será la unidad que supervisará el trámite, detectaron que los documentos eran falsos. Esto se descubrió tras enviar el certificado a Argelia vía Interpol. La respuesta indicó que habían cometido delitos allí. Fueron arrestados por falsedad documental y un juzgado de Alicante ha iniciado el proceso judicial correspondiente. Precisamente, el tiempo y dedicación que exigen estas verificaciones ha encendido las alarmas en la Policía, que tiene en la mira el mes de abril, cuando espera un «aluvión» de solicitudes.
Los agentes resaltan que pudieron efectuar el trámite porque sólo se trataba de cuatro individuos, pero advierten que cuando aumente el número de solicitantes para acogerse al proceso de regularización una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el personal será «insuficiente» para atender estas situaciones. «Realizarlo correctamente, para que nadie engañe ni falsifique, requiere tiempo y numerosas verificaciones», explica uno de los policías consultados por este medio.
Los policías asignados a las unidades de Extranjería y Fronteras son los que más padecerán las consecuencias, ya que serán quienes deben gestionar la tramitación «masiva» de solicitudes de autorización de residencia, certificar procedimientos administrativos, verificar identidades y, principalmente, descartar antecedentes penales. Afirman que esta «mayor carga laboral» podría resultar «letal» para equipos que ya están saturados en toda España.
Dentro de la estructura de la Comisaría General de Extranjería, además de la UCRIF, también figura el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF). El anuncio de la regularización masiva causó más incidentes en Alicante. El Consulado General de Argelia en esta ciudad se vio colapsado. Cientos de personas, la mayoría en situación irregular, se concentraron desde temprano frente a la sede diplomática, generando momentos de tensión y desorden que requirieron la intervención de la Policía Nacional y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).
Más de 200 ciudadanos argelinos aguardaban en las inmediaciones del consulado, habiendo pasado la noche a la intemperie, para tratar de obtener la documentación necesaria para cuando, en abril, tal como anunció el Gobierno, comiencen los trámites. Entre los requisitos destaca el certificado de antecedentes penales expedido por el país de origen, trámite que únicamente puede gestionarse presencialmente en el consulado. La ausencia de un sistema de citas previa agrava la situación y fomenta las aglomeraciones.
El Ejecutivo calcula que las solicitudes podrán presentarse a partir de comienzos de abril, una vez culminada la tramitación del Real Decreto, y el plazo permanecerá abierto hasta el 30 de junio. La Administración se concede hasta tres meses para resolver las peticiones, algo que la Policía considera «casi imposible» si no se incrementan o refuerzan las plantillas. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha admitido que todavía es necesario «preparar el engranaje» para que el proceso sea «ágil» y exitoso.
Todavía no se han precisado detalles sobre los puntos de presentación de solicitudes, aunque se mencionaron como opciones las oficinas de la Seguridad Social, delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y la vía telemática.
El sindicato policial Jupol critica el diseño de esta política migratoria, calificándola como «mal planificada». Afirma que el acuerdo generará un «efecto llamada» y advierte que será utilizado como un «argumento comercial» por las organizaciones criminales, que, según denuncian, «emplean las expectativas de futuras regularizaciones para persuadir a miles de personas de emprender trayectos extremadamente riesgosos, explotando su desesperación y poniendo en grave peligro sus vidas».