Ayuso destituye inesperadamente a Emilio Viciana como consejero de Educación y designa a la diputada Mercedes Zarzalejo en su lugar

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la consejera de Universidades, Investigación y Ciencia, Mercedes Zarzalejo.

Isabel Díaz Ayuso ha destituido de forma inesperada al consejero de Educación, Emilio Viciana, y ha designado a Mercedes Zarzalejo para sustituirlo.

Mercedes Zarzalejo, quien hasta ahora ejercía como viceconsejera de Universidades y es exdiputada, toma las riendas de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades en un momento especialmente complejo para el Ejecutivo regional.

Este cambio ocurre en medio de las negociaciones por la nueva ley de Universidades madrileña, mientras se preparan movilizaciones estudiantiles en contra del proyecto.

La nueva titular deberá gestionar un presupuesto sin precedentes de 6.959 millones de euros y enfrentar la complicada situación económica de universidades como la Complutense y la Rey Juan Carlos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llevó a cabo el cese sorpresivo del consejero de Educación, Emilio Viciana, este lunes.

Según fuentes oficiales en Puerta del Sol, la líder del PP en Madrid ha nombrado en su reemplazo a su exnúmero dos, Mercedes Zarzalejo. El decreto oficial que confirma el cambio se publicará este martes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

Zarzalejo (Madrid, 1976) ha ocupado el cargo de viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia desde octubre de 2025, y ahora asume la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades en un momento especialmente delicado para el Gobierno regional.

Su llegada a la primera línea del Ejecutivo autonómico se produjo luego de su paso como diputada en la Asamblea de Madrid y alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias.

En la Asamblea regional, Zarzalejo se destacó como una de las voces más críticas del Grupo Popular durante la comisión de investigación que el PP dirigió sobre la labor profesional de Begoña Gómez en la universidad.

Fue portavoz de esa comisión, promovió la citación de la esposa del presidente del Gobierno debido a su vínculo laboral con la Complutense, y elaboró el pliego de cargos que terminó en una sanción contra Rocío Monasterio, entonces líder de Vox, por emitir dos votos en una misma iniciativa.

El relevo se realiza cuando la Consejería enfrenta una de las reformas más importantes de la legislatura: la nueva ley de Universidades madrileña.

El proyecto estaba programado para ser presentado antes de diciembre de 2025, pero permanece en negociación con los rectores y aún no ha sido remitido a la Asamblea. Paralelamente, grupos estudiantiles preparan movilizaciones y una huelga contra el texto, a pesar de que el articulado definitivo no se ha hecho público.

Además, la normativa ha sufrido cambios significativos desde su propuesta original. En un primer borrador se incluían medidas controversiales, como sanciones por manifestaciones en los campus o por escraches, propuestas que han sido eliminadas en versiones posteriores ante la oposición política y académica.

Viciana, que había estado bajo presión durante los dos primeros años de la legislatura tras rectificar iniciativas como la del colegio internacional del Ramiro de Maeztu, afrontaba ahora la etapa final de la negociación de la norma universitaria.

Su despido se interpreta dentro del ámbito político como un intento por fortalecer el perfil político de la Consejería en un momento de gran tensión.

A la oposición estudiantil se suma la situación económica de varias universidades públicas madrileñas. La Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos enfrentan problemas financieros que han requerido negociaciones con el Ejecutivo regional.

En el caso de la Complutense, la Comunidad condiciona su apoyo económico a un plan de ajuste que forzará al rector, Joaquín Goyache, a implementar recortes, incluyendo en el personal.

De esta forma, la nueva consejera asume el liderazgo de un departamento que para 2026 cuenta con un presupuesto histórico de 6.959 millones de euros —equivalente al 22,7% del total regional— y que deberá gestionar tanto la reforma universitaria como un entorno académico con creciente conflictividad.

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