El PP demanda la comparecencia de todos los ministros para detallar la gestión de los fondos europeos Next Generation, a solo medio año del fin de plazo para su ejecución.
Critican la creación del instrumento ‘España Crece’, presentado por Sánchez, calificándolo como un «falso fondo soberano» financiado mediante deuda en lugar de superávit.
Según el PP, España ha renunciado al 37,1% de los fondos y ha recortado notablemente los recursos dirigidos a los PERTE industriales, vivienda social y digitalización.
El PP denuncia una administración opaca y discrecional de los fondos, resaltando riesgos de arbitrariedad en la selección de beneficiarios y la entrada del Estado en empresas privadas sin controles adecuados.
El Partido Popular ha decidido llevar al Congreso la evaluación de los fondos europeos justo cuando la cuenta regresiva está en su fase final. En agosto próximo, lo que no esté ejecutado de los 160.000 millones concedidos a España en 2021 tendrá que ser devuelto.
Este lunes, Pedro Sánchez presentará el instrumento España Crece, un «falso fondo soberano» que pretende evitar la devolución de otros 10.500 millones a la Comisión Europea.
Se solicitará la comparecencia de todos los ministros, «cada uno de los 22 integrantes del Consejo en su comisión correspondiente», para rendir cuentas por el «fracaso» de una «oportunidad histórica», según fuentes de la dirección del PP.
A seis meses de la finalización del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el Grupo Popular ha presentado una batería de 134 iniciativas para realizar un control parlamentario “exhaustivo” sobre los Next Generation EU.
Esta segunda «ofensiva» se centra en la última adenda del Plan de Recuperación, los recortes en PERTE e inversiones y el diseño del nuevo instrumento ‘España Crece’. El objetivo es «comenzar cuanto antes la auditoría a la gestión deficiente del sanchismo», según palabras de Alberto Núñez Feijóo.
El presidente del Gobierno clausurará este lunes, en el Colegio de Arquitectos de Madrid, la presentación de ‘España Crece’, acompañado del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, con la asistencia también del ministro de Transportes, Óscar Puente.
Desde Moncloa, se presenta como un «nuevo fondo soberano» orientado a «extender el impulso» del Plan de Recuperación mediante inversiones en vivienda, transición ecológica y reindustrialización.
Por su parte, la oposición advierte que «un fondo soberano genuino» se crea con «ahorros basados en superávit», y no con «más deuda«, como ocurre en este caso.
Los populares critican que esta herramienta del ICO «favorece la politización de decisiones estratégicas«, financiadas con impuestos de los ciudadanos.
Renuncia al 37,1% de los fondos
Según los análisis económicos realizados por el PP, a los que ha tenido acceso este diario, España ha visto reducida su asignación del NextGenEU de 163.054 millones a solo 102.560 millones, «debido a la ineficiencia del Gobierno».
La séptima modificación del programa, reflejada en la última adenda aprobada en diciembre pasado, implica una reducción del 37,1% de los recursos inicialmente previstos.
Según el mismo documento, el Gobierno ha rechazado el 72,7% de los préstamos ofrecidos, alrededor de 60.496 millones, por no haber cumplido con los hitos y objetivos pactados.
Además, se reduce el impacto macroeconómico esperado del 13% al 8,2% del PIB de 2019, concentrándose la mayoría de los desembolsos pendientes en el tramo final de 2026, debido principalmente a la creación de ‘España Crece’.
Los populares ponen énfasis en la «reconfiguración de los PERTE industriales, un instrumento que no ha cumplido expectativas», así como en las líneas de crédito vinculadas.
El volumen total de estos proyectos estratégicos disminuye de 42.480 a 25.314 millones. Este recorte representa un 40,4%, con ajustes drásticos en áreas decisivas como los chips, la descarbonización, la política del agua y la economía del lenguaje.
Una presentación interna del PP, basada en la mencionada adenda, detalla las reducciones progresivas. La línea ICO Verde baja de 22.000 a 300 millones, la línea para ICO Empresas y Emprendedores de 8.150 a 600, y el programa Next Tech se limita a 1.500 millones frente a los 4.000 planeados.
Fracaso de los PERTE
En el ámbito de los PERTE, la disminución es aún más marcada. El PERTE Chip pierde 9.903 millones, quedándose en 920 millones.
El PERTE de Descarbonización Industrial elimina completamente ciertos tramos de préstamos, mientras que el PERTE del Agua reduce sus objetivos en 1.805 millones, más de la mitad.
Apoyándose en un informe detallado del Tribunal de Cuentas Europeo, el PP también resalta el impacto de la adenda en políticas sociales y territoriales.
En el ámbito de la vivienda y rehabilitación, por ejemplo, se sustituyen objetivos de renovación profunda por la emisión de certificados energéticos, y se reduce un 13% la construcción de viviendas para alquiler social, pasando de 20.000 a 17.365 unidades.
En digitalización, se bajan las metas del Kit Digital y se reduce claramente el esfuerzo en conectividad para zonas rurales y hogares vulnerables.
Las ayudas para banda ancha ultrarrápida caen de 752 a 251 millones, y los bonos de conectividad para personas y pymes se recortan de 136.000 a 7.700.
El documento del PP incluye también en esta lista la disminución de compromisos en formación, inmigración, turismo y accesibilidad.
Se mencionan la reducción de microcredenciales universitarias y certificaciones profesionales, la menor dotación para plazas de acogida, y la queja de las organizaciones de discapacidad por el «recorte en proyectos de accesibilidad financiados con el Plan».
Sin mayoría y sin controles
Paralelamente, el PP denuncia la retirada de 17 leyes consideradas reformas estructurales esenciales vinculadas a los fondos europeos, debido a la incapacidad del Gobierno para formar una mayoría parlamentaria.
Entre ellas destacan la Ley de Industria, la Ley de Pesca, la Ley del Cine, la Ley del Deporte y varias normas sanitarias y sociales, que «han sido sustituidas por compromisos de menor rango» o planes simplificados.
La ofensiva parlamentaria se fundamenta en el último informe del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la lucha contra el fraude dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Este informe concluye que los sistemas antifraude implementados tanto por la Comisión como por los Estados miembros, entre ellos España, «no son completamente efectivos» para detectar, comunicar y corregir irregularidades.
En el caso de España, los auditores señalan deficiencias en la supervisión del organismo coordinador y en la cobertura de controles sobre contratación pública y análisis de riesgos.
También constatan que las medidas antifraude se han aplicado con retrasos, que las herramientas digitales para la detección no se emplean plenamente y que los canales de denuncia no han generado casos reportados respecto al MRR.
El PP utiliza estas conclusiones para reforzar su mensaje de que el Gobierno ha manejado los fondos «con opacidad y discrecionalidad».
Entrada en empresas «sin controles»
Las 134 iniciativas registradas incluyen solicitudes de informes, preguntas escritas y orales, además de las mencionadas peticiones de comparecencia sobre la ejecución del Plan, la adenda, los PERTE y el uso de herramientas como el futuro ‘España Crece’.
Los populares cuestionan tanto la esencia como el «imposible efecto multiplicador anunciado de 12 a 1» para este nuevo instrumento.
Recuerdan que un fondo soberano auténtico «se conforma con excedentes y persigue acumular patrimonio a largo plazo«, mientras que ‘España Crece’ depende «de préstamos europeos y se sustenta en la capacidad de balance del ICO».
El PP advierte también sobre «los riesgos de gobernanza y arbitrariedad» en la elección de beneficiarios.
Indica que esta estructura permitirá al Ejecutivo «tomar participaciones en empresas privadas» mediante capital, préstamos participativos y otros instrumentos híbridos, con un margen de acción que consideran «insuficientemente limitado» por normativas claras.
Basándose en esto, Feijóo busca convertir el «fracaso de Sánchez» con los fondos europeos en un tema central de aquí al verano.
La comparecencia consecutiva de todos los ministros, en caso de aprobarse, obligaría al Gobierno a rendir cuentas en el Parlamento tanto sobre las renuncias recogidas en la adenda como sobre la puesta en marcha del nuevo fondo que Sánchez presenta este lunes.