El gobierno autonómico, que busca un acuerdo con Comuns para desbloquear los presupuestos, ha presentado cuatro informes en los que se acredita que esta intervención es “viable” y “constitucional”
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación de un Real Decreto Ley con tres medidas 'urgentes y contundentes' para regular el mercado del alquiler.
El Gobierno catalán hizo público este sábado cuatro documentos jurídicos que respaldan la restricción a la compra especulativa de viviendas, una medida que el grupo parlamentario Comuns había señalado como esencial para apoyar los presupuestos autonómicos. En un contexto marcado por una fuerte subida de precios, la formación política catalana exigía al Ejecutivo de Salvador Illa intervenir en el mercado para limitar la adquisición de inmuebles que no se destinen al uso residencial habitual.
La iniciativa proviene de un grupo de trabajo creado en noviembre de 2025, integrado por juristas y expertos en vivienda, entre ellos el exmagistrado del Tribunal Constitucional Carles Viver i Pi-Sunyer y los especialistas Rosa Fornas, Fuensanta Alcalá, Pablo Feu y Jaime Palomera. Este equipo estudió las opciones legales para frenar la compra de viviendas con fines distintos a la residencia habitual y concluyó que la Generalitat posee la potestad para aplicar dichas restricciones.
Frente a las nuevas pruebas sobre la legalidad de prohibir la compra, la presidenta de Comuns en el Parlamento de Cataluña, Jéssica Albiach, ha solicitado “coraje y voluntad política” para proceder en consecuencia. La política catalana añadió que “existe una realidad objetiva de máxima urgencia” en la situación actual del mercado inmobiliario en la comunidad autónoma, debido a “los comportamientos especulativos de unos pocos”.
La “necesidad de intervención” justifica la medida
Uno de los informes clave, firmado por Viver i Pi-Sunyer, sostiene que las comunidades autónomas cuentan con la capacidad constitucional para imponer límites a la propiedad privada mediante el derecho administrativo. El documento subraya que el marco legal vigente otorga a los legisladores “un amplio margen de libertad” para establecer restricciones, incluso en las relaciones privadas. El dictamen destaca el principio de concurrencia competencial, que legitima al Govern para regular el mercado inmobiliario, siempre que se usen instrumentos contemplados en el ordenamiento jurídico actual.
Por su parte, el abogado Pablo Feu elaboró un segundo informe que relaciona la intervención pública en el mercado inmobiliario con el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho a la vivienda. Feu argumenta que la “necesidad urgente de intervención” queda justificada por las advertencias de la Unión Europea sobre los efectos de la especulación y que se trata de “una forma de intervención administrativa plenamente válida y respaldada expresamente por el ordenamiento urbanístico”.
En otro de los documentos, el investigador Jaime Palomera concluye que condicionar la compra de vivienda para uso residencial está “especialmente justificado en mercados tensionados”. El estudio de Palomera resalta que esto “supone desplazar la demanda especulativa que compite con el acceso a la vivienda, y que no contribuye a satisfacer la necesidad residencial”.
Más de 21.000 personas están en peligro de desahucio en Madrid por la especulación inmobiliaria: “Los fondos buitre son depredadores”.
La jurista Fuensanta Alcalá, a su vez, firma un cuarto informe que concluye que limitar la compraventa para frenar la especulación es “jurídicamente viable” y se integra de forma coherente en la normativa actual. Alcalá afirma que no se aprecian “vulneraciones constitucionales detectables” en la propuesta.
Condición previa para el acuerdo
Basándose en los resultados de estos informes, la conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, bajo la dirección de Sílvia Paneque, y el grupo de Comuns trabajarán en un acuerdo legislativo para regular la compra de viviendas en “zonas de mercado residencial tensionado”. El Govern señala que el mercado residencial catalán enfrenta un “desequilibrio estructural”, originado por una demanda sostenida y en ascenso, junto con la falta de parque residencial público y de vivienda accesible. Este escenario impulsa la intervención pública, respaldada por los artículos 47, 33 y 128.1 de la Constitución y el artículo 47 del Estatut.
*Con información de agencias