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Información del artículo
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- Autor, Ángel Bermúdez
- Título del autor, BBC News Mundo
- 13 febrero 2026
- Tiempo de lectura: 11 min
Sorpresa, desconcierto, inquietud, alivio, esperanza y una gran incertidumbre…
Estas fueron algunas de las diversas emociones que experimentaron los venezolanos el pasado 3 de enero, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que a partir de ese momento su país tomaría el control de la industria petrolera venezolana.
“La industria petrolera en Venezuela ha fracasado”, declaró el mandatario estadounidense. “Vamos a permitir que nuestras principales empresas petroleras estadounidenses, consideradas las más grandes del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera severamente dañada y comiencen a generar ingresos para el país”, afirmó Trump, solo horas después de que el entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, fuera capturado en una operación militar estadounidense.
Sus declaraciones provocaron reacciones encontradas entre los venezolanos, conscientes del deterioro que ha sufrido su industria petrolera en los últimos 25 años debido a la falta de inversión, la corrupción, políticas deficientes y sanciones internacionales. Al mismo tiempo, sienten un fuerte lazo con el petróleo, considerándolo no solo como fuente de riqueza nacional sino también como un recurso que pertenece a todos.
Esta semana, el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, se transformó en el funcionario estadounidense de más alto rango en visitar Venezuela en más de veinte años.
Wright se reunió con Delcy Rodríguez y reafirmó que Trump está comprometido en cambiar la relación con Caracas con el objetivo de “llevar comercio, paz, prosperidad, empleos y oportunidades al pueblo de Venezuela en alianza con Estados Unidos”.
Pero, ¿qué implica exactamente que EE.UU. asuma el control de la industria petrolera venezolana?
Esa pregunta aún no tiene una respuesta clara, aunque con las semanas transcurridas tras la detención de Maduro, ha comenzado a tomar forma.
Cómo EE.UU. está comercializando el petróleo de Venezuela
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El 6 de enero, solo tres días luego de la detención de Maduro, Trump publicó en Truth Social que el gobierno de la presidenta temporal de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregaría a EE.UU. entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, equivalente a uno o dos meses de producción a los niveles actuales.
El presidente explicó que el crudo se vendería a precios del mercado, y afirmó que controlará los ingresos provenientes de esa venta para garantizar que “se empleen en beneficio del pueblo venezolano y de EE.UU.”
Al día siguiente, el Departamento de Energía de EE.UU. (DOE) comunicó oficialmente que el país había comenzado a comercializar el petróleo venezolano en el volumen citado, y anunció que este mecanismo se aplicará de manera indefinida.
La petrolera estatal venezolana, Pdvsa, confirmó que existen negociaciones para un acuerdo similar con EE.UU., aunque no mencionó que fuera permanente, comparándolo con el convenio vigente con la empresa estadounidense Chevron. Resaltó que se trata de “una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes”.
El DOE afirmó que EE.UU. contactó a “las principales empresas comercializadoras de materias primas y a bancos clave” para llevar a cabo y dar soporte financiero a estas ventas de crudo.
Más adelante, se supo que las compañías involucradas son Vitol y Trafigura, dos de las mayores empresas mundialmente dedicadas a la comercialización de materias primas. Juntas manejan un volumen diario de petróleo suficiente para cubrir el consumo combinado de México, Alemania, India y Japón, según Bloomberg.
Gran parte del petróleo recibido por estas firmas fue inicialmente almacenado en espera de su venta. Bloomberg reportó que adquirieron ese crudo a un precio US$15 por debajo del barril Brent y lo ofrecieron a refinerías en la Costa del Golfo de EE.UU. con un descuento de entre US$8 y US$9 respecto al Brent.
Históricamente, el petróleo venezolano se ha vendido a precios que oscilan entre US$5 y US$15 por debajo del Brent, dependiendo de la calidad, condiciones de venta y situación del mercado (cuando el precio mundial sube, el diferencial tiende a reducirse; al caer, suele ampliarse).
Según medios estadounidenses, Vitol y Trafigura fueron seleccionadas para estas primeras operaciones por su capacidad para gestionar el crudo venezolano y colocarlo de forma ágil en el mercado.
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Mecanismo temporal
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, explicó que esta venta es fundamental ya que Venezuela se encontraba sin espacios para almacenar petróleo, producto del bloqueo marítimo impuesto desde diciembre por Trump, y porque el gobierno de Delcy Rodríguez agotaba fondos para cubrir gastos esenciales.
“Venezuela estaba sin capacidad para almacenar. Producían petróleo, hacían perforaciones, pero carecían de dónde guardarlo o cómo movilizarlo. Además, enfrentaban presión fiscal. Necesitaban dinero ya para pagar policías, personal sanitario y gastos diarios del gobierno”, señaló Rubio en su intervención ante el Senado.
Indicó que este petróleo venezolano se vende a precios de mercado, superiores a los que recibía el país antes de la detención de Maduro.
“China estaba recibiendo este petróleo con un descuento enorme de cerca de US$20 por barril, y ni siquiera pagaban en efectivo, sino que se usaba para amortizar deuda pendiente. Este petróleo, que pertenece a los venezolanos, se entregaba como trueque a los chinos”, apuntó.
El diplomático afirmó que estas ventas iniciales son parte de un mecanismo temporal y no definitivo.
“Este mecanismo provisional se utiliza para estabilizar el país y asegurar que los ingresos petroleros beneficien al pueblo venezolano y no financien el sistema anterior”, comentó.
“Se espera avanzar hacia un sistema que permita comercializar petróleo como en una industria petrolera regular, sin control de cómplices o corrupción”, añadió.
¿Qué ocurre con el dinero?
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El 14 de enero, las autoridades estadounidenses informaron que se concretó la primera venta de petróleo venezolano por un total de US$500 millones.
Sin embargo, esos fondos no están bajo el control directo de las autoridades venezolanas, sino que permanecen en manos estadounidenses.
Asdrúbal Oliveros, economista y consultor venezolano, declaró a BBC Mundo que el dinero se deposita en una cuenta del Banco Central de Venezuela en JP Morgan (banco estadounidense), desde donde se transfiere a una cuenta en Qatar, que actúa como fideicomiso entre EE.UU. y el gobierno venezolano.
“De allí, los fondos se distribuyen a bancos venezolanos para la venta de divisas en el mercado cambiario o para cubrir otras necesidades, siempre con la aprobación previa de EE.UU. y del fideicomiso”, señaló.
Marco Rubio, en su declaración al Senado, afirmó que el dinero se encuentra en una cuenta perteneciente a Venezuela pero bloqueada por sanciones estadounidenses. Explicó que decidió enviarlo a Qatar para superar un escollo legal generado por el hecho de que EE.UU. no reconoce al gobierno venezolano como legítimo, además de evitar que acreedores de la deuda venezolana se adueñen de esos recursos para cobrar su crédito.
“Si esos fondos entraran en un banco estadounidense, aunque estuvieran a nombre de Venezuela, serían embargados inmediatamente por varios acreedores, impidiendo que las autoridades venezolanas accedieran a recursos necesarios para su funcionamiento a corto plazo”, aclaró.
¿De qué manera llega entonces este dinero a la economía venezolana?
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Destino del dinero
Actualmente, los fondos son asignados mediante subastas realizadas por el Banco Central de Venezuela (BCV), a las que empresas y personas naturales acceden a través de cuatro bancos del país.
Los interesados deben presentar la documentación requerida, indicar la cantidad de dólares que necesitan y el precio que están dispuestos a pagar, según confirmaron fuentes del sector bancario venezolano a BBC Mundo.
Luego, esas ofertas son notificadas al BCV, que decide a quién asignar las divisas, en qué cantidad y a qué precio.
¿Cuáles son los criterios para estas asignaciones? Según el economista Alejandro Grisanti, director de Ecoanalítica, para el 30 de enero los fondos se distribuyeron así: un 80 % para sectores prioritarios como alimentos y medicinas, un 15 % para otros sectores productivos y un 5 % para personas naturales.
Teóricamente, estas asignaciones deberían coincidir con lo acordado con EE.UU., según explicó Rubio ante el Senado.
“Se ha creado un mecanismo temporal para atender las necesidades del pueblo venezolano, en el que el gobierno de Delcy Rodríguez presenta cada mes un presupuesto indicativo de lo que requiere financiar. Nosotros les indicamos expresamente en qué no puede utilizarse ese dinero. Han sido cooperativos y se comprometieron a destinar una parte considerable para la compra de medicinas y equipos directamente desde EE.UU.”, afirmó.
“Este mecanismo temporal se usa para estabilizar al país y asegurar que los ingresos petroleros beneficiarán al pueblo venezolano y no alimentarán el sistema previo”, agregó.
Rubio añadió que están diseñando un sistema de auditoría posterior, financiado con recursos venezolanos, para controlar el uso correcto de los fondos.
Más recursos, pero poca transparencia
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La transparencia es una de las mayores inquietudes respecto a este proceso implementado entre los gobiernos de Trump y Delcy Rodríguez.
“No está claro quién aprueba la distribución de los fondos, cuáles son los criterios para garantizar que el dinero se destine efectivamente a la compra de alimentos, combustible o a salarios, ni cuánta supervisión o rendición de cuentas existe para asegurar que los desembolsos sean adecuados”, señala a BBC Mundo David L. Goldwyn, presidente de la consultora Goldwyn Global Strategies y del Grupo Asesor de Energía del Atlantic Council.
Por su parte, Asdrúbal Oliveros considera que es necesario perfeccionar el sistema de subastas para hacerlo más transparente e incorporar reglas claras sobre quién puede participar, cómo se fija el tipo de cambio y cómo se publica esa tasa.
“El BCV publica una tasa diaria que debería reflejar los resultados de la subasta, pero hasta ahora no lo hace del todo. Creo que este sistema requiere mejoras significativas, que dependen no solo de las sanciones sino también de la gestión interna del BCV”, explica.
En cualquier caso, hasta ahora el BCV ha subastado cerca de US$800 millones a través de la banca, siguiendo un ritmo que, de mantenerse, podría alcanzar los US$1.400 millones en el primer trimestre de 2026. Si esto ocurre, se situaría en niveles similares a los del último trimestre de 2025, cuando la demanda de divisas suele aumentar por la Navidad, según señaló Alejandro Grisanti en X. Una señal positiva para la economía.
“Que este programa esté colocando volúmenes comparables en un trimestre de baja actividad fortalece el anclaje del mercado y reduce el riesgo de episodios bruscos en el tipo de cambio, siempre que la ejecución mantenga consistencia”, escribió el economista.
Es probable que el flujo de fondos a través de este mecanismo temporal aumente aún más, ya que Rubio mencionó que se podrían gestionar entre US$2.500 millones y US$3.000 millones mediante este sistema.
Aunque Oliveros manifiesta preocupación por la lentitud del proceso y la insuficiente transparencia, reconoce que estos mecanismos representan un avance respecto al escenario previo en Venezuela, donde existían dificultades para vender el crudo por las sanciones y el gobierno recibía pagos poco transparentes, a menudo a través de intermediarios o criptomonedas.
“La expectativa ahora es lograr mayor estabilidad cambiaria, reducir una inflación que preocupa, y también impactar positivamente en el crecimiento. Esto ayudaría a estabilizar la economía y permitiría un mejor funcionamiento del sector privado. Si ese dinero se traduce además en mejoras en servicios clave como electricidad e infraestructura, impulsará el crecimiento. Por lo tanto, la perspectiva a mediano plazo es favorable”, señala.
David L. Goldwyn destaca que el proceso ha sido positivo en términos anticorrupción, imponiendo controles sobre el manejo gubernamental de recursos, y en el ámbito económico, al incrementar la disponibilidad de divisas, lo que parece haber frenado la depreciación del bolívar.
No obstante, advierte que aún existen desafíos.
Señala que estas primeras ventas utilizaron petróleo almacenado en buques y en volúmenes relativamente pequeños en comparación con la dimensión de la economía venezolana.
“Una cuestión relevante es qué tan eficiente será este sistema cuando aumente su escala y se manejen volúmenes mayores: qué tan rápido se tomarán decisiones y qué tan efectivas serán”, comenta.
“Todavía es muy pronto para saber si este esquema será eficaz para estabilizar la economía. En la medida en que los ingresos se destinen a alimentos, combustible, energía, salarios y rehabilitación de infraestructura crítica, será positivo para Venezuela, pero requieren de mucho más ingresos para lograr la estabilización”, advierte Goldwyn.