Tribunales El exministro Ábalos y Koldo plantean objeciones al Supremo para su juicio, aunque no consiguen detener la audiencia preliminar
El Tribunal Supremo llevó a cabo la audiencia preliminar relacionada con el proceso por corrupción contra el exministro Ábalos y Koldo García, pese a las gestiones de sus defensas para paralizarla.
Las defensas cuestionaron la jurisdicción del Supremo, solicitaron consultas al Tribunal de Justicia de la UE y promovieron una recusación fuera de plazo de magistrados, sin lograr suspender la sesión.
Víctor de Aldama, empresario cuya declaración fue esencial en la investigación, continúa en libertad provisional y niega haber firmado ningún acuerdo oculto con la Fiscalía.
Las defensas de Ábalos y Koldo argumentan que, tras la renuncia de Ábalos a su escaño, el caso debería ser tramitado por la Audiencia Nacional, preservando así su derecho a la doble instancia penal.
A pesar de los intensos esfuerzos de las defensas del exministro José Luis Ábalos y Koldo García para suspender la audiencia, la Sala Penal del Tribunal Supremo celebró el jueves la audiencia preliminar del primer proceso por corrupción que involucra al Gobierno de Pedro Sánchez.
Se ponía en duda la competencia del tribunal, se solicitaba la paralización para consultar al Tribunal de Justicia de la UE, y se llegó a promover, de forma tardía, una recusación manifiestamente extemporánea de cinco de los siete magistrados. No obstante, finalmente, el presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, anunció «se levanta la sesión» tras tres horas y media de deliberaciones.
Ábalos y García —que intentaron sin éxito seguir la audiencia por videoconferencia desde la prisión de Soto del Real, donde están desde el 27 de noviembre— permanecieron sentados en la segunda fila de los estrados.
Justo detrás de sus abogados, Ábalos mostraba momentos de somnolencia y García permanecía casi ocultando su rostro en todo momento, sin que ninguno de los dos acusados tuviera que intervenir.
A corta distancia, aunque sin intercambiar palabras, se encontraba Víctor de Aldama.
El empresario, visiblemente más tranquilo que sus compañeros de banquillo, escuchó cómo las defensas del exministro y su antiguo asesor arremetían contra él: solicitaron que se investigue su patrimonio y exigieron que se haga público su «acuerdo opaco» con el fiscal.
Las declaraciones de Aldama
No sorprende, ya que las confesiones de Aldama—para quien el fiscal solicita siete años de prisión frente a los 24 años de Ábalos y los 19 años y medio de Koldo García—fueron fundamentales primero para la investigación y luego para fundamentar las acusaciones contra el exministro de Transportes y su colaborador. Gracias a esas confesiones, el empresario permanece en libertad provisional.
«No hay ningún convenio de conformidad con la Fiscalía», afirmó de forma rotunda el abogado de Aldama, José Antonio Choclán. «Coincidimos en los hechos del escrito de acusación, pero discrepamos respecto a las consecuencias jurídico-penales», es decir, sobre la pena solicitada.
Se explicó que «la actuación de Aldama corresponde a un procedimiento previsto por la ley penal. Se le imputa un delito de organización criminal, que contempla una reducción de pena para quien contribuya a desarticularla, identificar a sus responsables y esclarecer los hechos atribuidos. Esto fue lo que hizo Aldama: no firmar un acuerdo opaco, sino acogerse a una norma penal destinada a fomentar ese tipo de conductas.«
Choclán anticipó que su cliente «declarará con total transparencia ante cada acusación y defensa, respondiendo a todas las preguntas para evitar indefensión».
El fiscal jefe anticorrupción expresó una opinión similar. «El acuerdo de conformidad con un acusado es aceptado a nivel nacional e internacional como medio para concluir procesos, incluso deseable para fomentar la colaboración y erradicar ciertas formas de delincuencia. Pero no existe conformidad con Aldama en sentido estricto. No hay convenio alguno con él», explicó.
Añadió que «hubo una declaración de Aldama en la Audiencia Nacional sin influencia del Ministerio Fiscal y que el fiscal no conoció en sus detalles».
«Al decidir declarar, su abogado planteó las preguntas que consideró oportunas, y la Fiscalía se enteró de sus declaraciones en ese mismo acto. No se trata de una declaración premiada ni similar, sino que la reducción de pena aplicada corresponde al Código Penal, cuya artículo 21 establece como atenuante confesar la infracción ante la autoridad».
La dimisión de Ábalos como diputado
Tanto la abogada de García, Leticia de la Hoz, como el defensor de Ábalos, Marino Turiel, sostuvieron que, tras la renuncia de Ábalos a su acta parlamentaria, el caso debe ser remitido a la Audiencia Nacional.
Ambos abogados remarcaron que el juicio ante el Tribunal Supremo les priva del derecho a un doble recurso penal.
Turiel enfatizó que la renuncia al fuero no respondió a un propósito indebido, ni es una cuestión de «elegir» tribunal para el juicio.
Ábalos abandonó el acta «no para evadir al tribunal», explicó, sino por «motivos de índole económica y personal que condicionaron dicha renuncia».
Añadió que, tras la suspensión de sus funciones parlamentarias en noviembre debido a su ingreso en prisión, el exministro perdió salarios y cobertura social. «Se generó una situación de ‘pariariación'», señaló.
«Ya no ostenta la condición de aforado, goza del derecho a la doble instancia, que no debe condicionarse a criterios orgánicos», añadió, en referencia al acuerdo de la Sala Penal de 2014 que estableció que el Tribunal Supremo conserva competencia cuando el aforado renuncia tras la apertura del juicio oral.
De la Hoz propuso una medida poco común en el sistema judicial: someter a Koldo García a un examen con polígrafo «para evaluar la veracidad de sus declaraciones».
La abogada también solicitó un enfrentamiento testimonial entre Koldo García y Víctor de Aldama. «Eso se decidirá una vez que ambas partes hayan declarado», aclaró Martínez Arrieta.
Esta decisión se tomará si se desestiman las cuestiones previas, para lo cual no existe un plazo definido.