El Senado, impulsado por el PP, presentará a Pedro Sánchez ante el Tribunal Constitucional por negarse a asistir al pleno extraordinario dedicado al accidente ferroviario de Adamuz y a los incidentes en Rodalies.
La Cámara Alta iniciará un conflicto de atribuciones alegando que Sánchez ha obstruido el ejercicio del Senado de controlar al Gobierno, incumpliendo así el artículo 182 del Reglamento del Senado y el artículo 66.2 de la Constitución.
El PP sostiene que la comparecencia del presidente es una responsabilidad personal e intransferible, y rechaza el argumento del Gobierno que considera suficiente la presencia de un ministro.
Este supuesto representa el duodécimo conflicto planteado en la legislatura, aunque es el primero que se dirige directamente contra el presidente del Gobierno; si Sánchez no comparece en el plazo de un mes, el caso será trasladado al Constitucional.
El PP ha impulsado al Senado para acusar a Pedro Sánchez ante el Tribunal Constitucional por «rebeldía» parlamentaria.
La Cámara Alta tramitará un conflicto de atribuciones debido a la negativa del presidente a asistir al pleno extraordinario sobre el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz y los sucesos en Rodalies. Estos hechos suceden justo cuando se cumplen dos años sin que Sánchez se presente en el Senado.
La iniciativa surge de una solicitud registrada por el Grupo Popular y firmada por su portavoz, Alicia García. En el escrito, se acusa a Sánchez de evitar que el Senado ejerza una de sus funciones esenciales: el control al Gobierno.
Este control se activó tras el descarrilamiento ocurrido en la línea de alta velocidad cerca de Adamuz el pasado 18 de enero. Días después, dos incidentes en las líneas R1 y R4 de Rodalies en Cataluña incrementaron la demanda de respuestas políticas.
El PP solicitó el 26 de enero la presencia de Sánchez ante el Pleno conforme al artículo 182 del Reglamento del Senado. La petición se centraba en la gestión de estas tragedias ferroviarias, que causaron 47 fallecidos.
La Mesa del Senado admitió la solicitud en su reunión del 27 de enero. Ese mismo día, con la firma de 140 senadores populares, la Cámara convocó un pleno extraordinario para el 29 de enero.
El orden del día incluía tres intervenciones: la del presidente del Gobierno y dos del ministro de Transportes, Óscar Puente. El propósito era que ambos explicaran qué pasó en Adamuz, si el raíl se soldó conforme a la normativa, y cómo influyó la supresión de la Unidad de Emergencias.
Sánchez optó por no asistir a la sesión, a pesar del requerimiento formal y no tener agenda pública. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes confirmó esta decisión a los portavoces en la Junta celebrada el mismo 27 de enero.
«Obligación inexcusable»
Un día antes del pleno, Pedro Rollán, presidente del Senado, envió una carta a Moncloa recordando a Sánchez su «obligación inexcusable» constitucional de comparecer y advirtiéndole de las consecuencias legales si se negaba a hacerlo.
A pesar de esta advertencia, el jefe del Ejecutivo mantuvo su ausencia ante el Senado. El pleno tuvo que aceptar la imposibilidad de tratar ese punto debido a la «evidente ausencia» del presidente.
El PP sostiene que esta actitud vulnera claramente el artículo 66.2 de la Constitución. Dicho artículo otorga a las Cortes Generales la función de controlar la acción del Gobierno, no solo a sus ministros, sino también a su presidente.
El documento del PP resalta que la Constitución define a España como una Monarquía parlamentaria y un Estado social y democrático de Derecho. Según el PP, un Gobierno que evade el escrutinio parlamentario rompe ese equilibrio de «pesos y contrapesos» entre poderes.
El aspecto jurídico clave está en el artículo 182.1 del Reglamento del Senado, que establece que «el presidente del Gobierno […] comparecerá ante el Pleno» cuando así lo decida la Junta de Portavoces, una fórmula que el PP interpreta como una obligación y no una mera opción.
García argumenta que el presidente no puede elegir libremente cuándo someterse al control del Senado. Si la entidad controlada puede fijar la agenda del órgano que la supervisa, «el Parlamento pierde toda su esencia y función», alerta el grupo mayoritario.
El Gobierno ha justificado la ausencia de Sánchez basándose en el principio de responsabilidad solidaria recogido en el artículo 108 de la Constitución. Este argumento, utilizado por el secretario de Estado, defiende que es suficiente que comparezca cualquier miembro del Ejecutivo, como Puente, sin requerir la presencia del presidente.
El PP rechaza de forma categórica esta interpretación. Argumenta que la solidaridad del Gobierno permite que el Congreso destituya al Ejecutivo en bloque, pero no reemplaza la obligación personal de Sánchez de rendir cuentas en el Senado.
Los populares enfatizan que las comparecencias en Pleno son ad nominem, personales e intransferibles. No se pueden delegar, justificar ausencias ni solicitar aplazamientos, a diferencia de las preguntas e interpelaciones.
García califica a Sánchez como «presidente en rebeldía parlamentaria y constitucional«. Le acusa de privilegiar «el cálculo político» y «resguardarse en el búnker de La Moncloa» en lugar de cumplir con su obligación legal y moral de rendir cuentas.
Asimismo, el PP advierte que la negativa de Sánchez menoscaba el ius in officium de los senadores que solicitaron el pleno. Su derecho a controlar al Gobierno a través de la comparecencia del presidente quedó frustrado por una desobediencia evidente al Reglamento y a los acuerdos de la Cámara.
EL ESPAÑOL ya avanzó que este enfrentamiento culminaría en el Tribunal Constitucional. En aquella ocasión, este medio informó que la incomparecencia en el pleno sobre Adamuz no se limitaría a un choque político, sino que derivaría en un conflicto de atribuciones.
Este paso se concreta ahora con la propuesta presentada por el Grupo Popular. Se trata del duodécimo conflicto de este tipo iniciado en la legislatura, aunque el primero que involucra directamente al presidente del Gobierno.
Si el pleno del Senado da luz verde al planteamiento, se enviará un requerimiento al Ejecutivo. Sánchez dispondrá de un mes para presentarse ante la Cámara Alta o se abrirá la posibilidad de que el asunto se eleve al Constitucional.
García advierte que el PP no permanecerá «con los brazos cruzados». El grupo empleará «todos los instrumentos parlamentarios, políticos y judiciales» para forzar al presidente a explicar lo ocurrido en Adamuz y justificar su negativa a comparecer en el pleno extraordinario.