Una investigación de ‘elDiario.es’ revela que la Comunidad de Madrid “eximió” 71 millones a la sanidad privada
La ministra de Sanidad, Mónica García, criticó este miércoles que la Comunidad de Madrid “omite cobrar a Quirónsalud y Ribera Salud “las sumas adeudadas por haber atendido a pacientes en la sanidad pública”. Así lo declaró en una entrevista con RNE refiriéndose a la exclusiva publicada por elDiario.es, que señala que el Gobierno regional habría “eximido” a estos grupos privados de pagar 71 millones de euros tras encargarse de sus pacientes.
“Este es el beneficio de la privatización sanitaria en Madrid: cuando Quirón o Ribera Salud captan pacientes, facturan a precios elevados. Pero, cuando los pierden, al gobierno de Ayuso se le olvida reclamarles. Esto es malversación y será objeto de investigación», enfatizó García en sus redes sociales al comentar la noticia.
En la Comunidad de Madrid, cinco hospitales operan bajo el modelo Alzira: son centros públicos gestionados en privado, principalmente por Quirónsalud y Ribera Salud. Estas empresas reciben un pago fijo por la población que atienden, junto a un extra cada vez que un paciente elige tratarse en su hospital, gracias al sistema de libre elección existente en la región.
El mecanismo debería aplicarse también al revés: cuando un paciente asignado a un hospital concertado opta por acudir a uno público, las empresas privadas deben reembolsar el coste correspondiente. Sin embargo, las cuentas de la Comunidad de Madrid presentarían un desfase de 71,6 millones de euros por no contabilizar los tratamientos de quienes se trasladaban de hospitales concertados a públicos. Los documentos obtenidos por elDiario.es indican que la falta de datos sobre la actividad clínica realizada impidió reclamar dichos importes.
Un anteproyecto para suprimir el modelo Alzira
El Consejo de Ministros aprobó el martes el anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), cuyo objetivo es priorizar la administración pública de los hospitales públicos. Esta normativa, que deberá ser debatida en el Congreso, restringe los modelos de gestión indirecta como el de Alzira, limitando su aplicación a circunstancias excepcionales.
La ley no tendrá efecto retroactivo, pero podría influir en futuros conciertos sanitarios. Si se aprueba, la gestión privada de hospitales públicos estará permitida únicamente cuando la gestión pública no sea viable y siempre que se garantice la sostenibilidad financiera y la eficiencia del centro. Además, el hospital deberá cumplir con estándares de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio.
La ministra de Sanidad, Mónica García, presenta el anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. (Ministerio de Sanidad)
La Comunidad de Madrid ha manifestado su rechazo frontal a esta iniciativa del Gobierno. Según la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, sería un intento del Estado de “desmantelar la sanidad” madrileña y llevarla “a la revolución” para “que nada funcione”. “¿Qué debemos hacer? ¿Cerrar la Fundación Jiménez Díaz? ¿Decirle a los pacientes que se equivocan al elegir estos hospitales?”, planteó Ayuso en un acto en Boadilla del Monte.
Para la dirigente autonómica, se trata de un texto “irracional” motivado por la “obsesión absoluta” del Gobierno con la Comunidad de Madrid, que actúa “amenazando, mintiendo e imponiendo”.