El comisario de Migración de la UE advirtió que los inmigrantes irregulares deben salir de la Unión Europea para preservar la credibilidad de las normas.
La discusión sobre la regularización masiva en España generó inquietud en Bruselas, Washington, y varios gobiernos europeos por sus posibles repercusiones en la seguridad y el control fronterizo.
El Partido Popular Europeo y otras formaciones políticas alertan que una regularización amplia podría desestabilizar el espacio Schengen y favorecer a redes mafiosas dedicadas a la migración irregular.
El gobierno español defiende la regularización por motivos económicos y sociales, mientras que la oposición critica la medida por falta de garantías y transparencia.
El Parlamento Europeo celebró este martes un debate específico sobre la «regularización masiva» anunciada por Pedro Sánchez en España, donde el comisario de Migración, Magnus Brunner, lanzó una advertencia poco común: «Como norma general, es necesario que quienes estén en situación irregular abandonen la Unión Europea; de lo contrario, las normas pierden credibilidad».
Desde la tribuna, enfatizó que actualmente solo uno de cada cinco irregulares es retornado y que esta tendencia «debe revertirse». En medio de una fuerte polémica dentro y fuera de España, Bruselas quiere dejar claro que el próximo proceso de regularización no debe transformarse en una vía alternativa para acceder al espacio Schengen.
Sin filtro, el austriaco Brunner fue aún más explícito, apartándose del tono diplomático habitual de la Comisión. «Cada Estado debe asegurarse que sus decisiones no generen impactos negativos en otros países miembros», puntualizó.
Asimismo, el comisario recordó que la legislación comunitaria establece normas precisas sobre los efectos de las regularizaciones nacionales. Destacó que un permiso de residencia en un país «no conlleva libertad plena de movimiento» y que, en caso de solicitar asilo en otro Estado miembro, «el migrante debe regresar al país donde se le concedió ese permiso».
El contexto justifica la dureza de sus palabras, tan solo un día después de que este medio informara que el Gobierno de Estados Unidos solicitó formalmente “explicaciones” a Bruselas sobre la regularización masiva en España.
Washington expresó la semana pasada su «preocupación» por el posible efecto llamada y por las repercusiones en materia de seguridad y control fronterizo. Este reclamo formal elevó el tema a una cuestión de alcance transatlántico, más allá del espacio comunitario.
La iniciativa de incorporar el debate con urgencia en el Parlamento Europeo fue impulsada por el Partido Popular Europeo (PPE). La formación política de Alberto Núñez Feijóo logró incluirlo en la última reunión de la Mesa, apoyándose en la «grave preocupación» expresada por al menos 13 gobiernos nacionales.
Algunos advierten que una regularización tan extensa, sin coordinación, «podría desestabilizar Schengen» y «fortalecer a las mafias» que se lucran con la migración irregular.
La Comisión lleva semanas marcando distancia con el plan de Sánchez, respaldándose en sus propios documentos que solicitan desde 2024 una coordinación entre Estados para estas regularizaciones y, desde 2008, que sean «selectivas» y vinculadas al mercado laboral.
Bruselas teme que una amnistía administrativa masiva, tal como la propuesta por España, donde basta una «declaración responsable» para «entender» que no existen antecedentes penales, termine siendo un «coladero» que blanquee expedientes simplemente por el paso del tiempo.
El Ejecutivo comunitario advierte que no se puede modificar por la puerta trasera lo acordado en el nuevo Pacto de Migración y Asilo. Sin embargo, los eurodiputados participantes mostraron una posición aún más contundente.
Por parte del PPE, el sueco Tomas Tobé acusó frontalmente a Sánchez de desafiar el sistema Schengen y de poner en riesgo la estabilidad europea por «su supervivencia política».
Criticó al presidente español por vivir en una «realidad paralela» y convertir la regularización en un acto «no humanitario, sino para mantenerse en el poder», mientras que «exige a otros socios que asuman la solidaridad generada por Madrid».
La socialista española Iratxe García replicó acusando a la derecha de «difundir miedo y mentiras al estilo Trump».
La líder del S&D europeo recordó que «cientos de miles de migrantes ya conviven, trabajan, cuidan a personas mayores y recogen cosechas, pero se les niegan derechos fundamentales», lo que calificó de «injusticia».
Defendió que España y Europa requieren migración para sostener el crecimiento económico y las pensiones, y criticó al PPE por «ceder al discurso de Vox» cuando en su momento apoyaron la regularización del gobierno de José María Aznar y, hace apenas dos años, respaldaron la tramitación de la ILP para la regularización masiva.
La exministra Irene Montero, portavoz de La Izquierda, cuestionó «por qué la derecha se opone a documentar a los migrantes ya presentes en España» y acusó a estos grupos de «buscar mano de obra para explotar», recordando que la esclavitud terminó en el siglo XIX y mencionando el mandato cristiano de «tratar a los demás como quisieras que te tratasen».
Desde Renew Europe, el liberal Jan-Christoph Oetjen adoptó un enfoque más equilibrado respecto a España. Señaló que el país tiene tradición de regularizaciones vinculadas a la economía sumergida, para personas con empleos sin derechos, pero defendió «establecer orden» para distinguir entre quién necesita protección y quién debe ser retornado.
Advertió que «una medida de tal envergadura requiere transparencia, involucrar a todos los partidos y respetar estrictamente la legislación europea».
La crítica más severa contra Sánchez vino de Dolors Montserrat, portavoz del PP español y secretaria general del PPE.
La acusó de pretender regularizar a más de 800.000 personas «por decreto, sin verificar sus antecedentes penales«, en contradicción con la política europea y con consecuencias «devastadoras» para los Veintisiete.
Denunció que la medida alimentará la economía sumergida al no estar condicionada a un contrato o a una oferta laboral, y que «favorecerá a las mafias».
Según la representante popular, el presidente impulsa esto únicamente para «ocultar su corrupción y garantizar su reelección». Por ello, solicitó al comisario que «active mecanismos de control» y exija respuestas formales a Madrid.