Según un informe de la OCDE, la UE pierde hasta 89 millones de euros anuales en PIB a causa de la discriminación basada en la orientación sexual.
Casi una cuarta parte de todos los ciudadanos LGBTQ+ de la UE han sido sometidos a algún tipo de prácticas de conversión, según el último informe de ILGA Europe.
En Grecia, el 38% de los encuestados afirmó haber estado más expuesto a estas prácticas dentro de la UE, mientras que Francia, Italia y los Países Bajos registraron la menor exposición, cada uno con un 18%.
Las prácticas de conversión, conocidas también como terapia de conversión, pretenden erróneamente modificar la orientación sexual o la identidad de género de una persona. Estas acciones se han catalogado repetidamente como dañinas, ineficaces y pseudocientíficas.
Dichas prácticas adoptan diversas formas, incluyendo intervenciones familiares, rituales religiosos y asesoramiento, tratamientos psiquiátricos, medicación, violencia física y sexual, además de abuso verbal y humillación.
Según el informe de ILGA Europe, las personas trans, no binarias e intersex han sido más propensas a sufrir estas prácticas que los encuestados cisgénero.
Este estudio, el primero dentro de la serie «Intersections reports», se basa en datos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), recopilados en su Encuesta LGBTIQ III de 2023.
El impacto
Casi todos los encuestados que experimentaron prácticas de conversión bajo formas de abuso físico, sexual o verbal evitaron ciertos lugares por temor a ser agredidos, amenazados o acosados debido a su identidad LGBTQ+.
Factores como la edad y la situación económica también influyen en la probabilidad de que una persona acceda a la llamada terapia de conversión y en las condiciones bajo las cuales lo hace.
Más de una cuarta parte de los hombres trans que enfrentan dificultades económicas han dado su consentimiento a las prácticas de conversión debido a la presión o amenazas, detalla el informe.
Por otro lado, el 22% de las mujeres trans de entre 40 y 54 años ha otorgado su consentimiento voluntariamente en alguna ocasión para someterse a estas prácticas.
‘Prácticas basadas en una mentira’
De acuerdo con un informe de la OCDE, la discriminación por orientación sexual provoca una pérdida anual de hasta 89 millones de euros en el PIB de la UE, ocasionada por la disminución de la productividad laboral, menores ingresos y barreras en el empleo.
No obstante, se observa un esfuerzo europeo creciente para frenar la discriminación y las prácticas de conversión: a finales de enero, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el organismo de derechos humanos del continente en Estrasburgo, aprobó una resolución que insta a los países a prohibir dichas prácticas.
La resolución solicita que estas prácticas se definan claramente en la legislación nacional y que se sancionen penalmente, además de promover la implementación de mecanismos de supervisión y reporte.
Asimismo, el texto aprobado plantea una serie de medidas relacionadas con el apoyo y la protección de las víctimas, la evaluación de la legislación vigente, y el fomento de la investigación y recopilación de datos sobre la prevalencia e impacto de las prácticas de conversión.
«Estas prácticas se sustentan en una mentira, la mentira de que la diversidad es un defecto,» afirmó Helena Dalli, excomisaria europea de Igualdad y exministra de Asuntos Europeos e Igualdad de Malta, durante el debate sobre la resolución. «Persisten únicamente porque las instituciones y los estados han permitido que continúen.»
Aunque la resolución no es jurídicamente vinculante, puede ejercer presión política sobre los 46 estados miembros del Consejo de Europa.
Por su parte, la UE también toma medidas para erradicar la discriminación: a finales de 2025, la Comisión Europea adoptó una estrategia destinada a combatir el aumento de los ataques contra la comunidad LGBTQ+.
Actualmente, la mitad de los países de la UE dispone de una estrategia nacional para la igualdad LGBTQ+, y al menos ocho Estados miembros —entre ellos Bélgica, Chipre, Francia, Alemania, Grecia, Malta, Portugal y España— han prohibido las prácticas de conversión.