La antigua presidenta de Futpro reveló el monto salarial que reciben algunas de las jugadoras en la élite.
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Amanda Gutiérrez, abogada especializada en derecho laboral y defensora de los derechos de las futbolistas, fue la fundadora y primera presidenta de Futpro, además de una figura clave durante el surgimiento del movimiento #SeAcabó en el fútbol femenino español.
Desde esta posición se convirtió en la portavoz oficial de las jugadoras, liderando la lucha por una remuneración justa y un convenio colectivo que correspondiera a una liga profesional.
Gutiérrez impulsó la creación de Futpro en 2021 como un sindicato específico para futbolistas profesionales, con el objetivo de que ellas definieran su propia agenda, evitando quedar diluidas en estructuras diseñadas para el fútbol masculino.
Desde ese lugar, participó en negociaciones decisivas: el primer gran conflicto laboral en la Liga F, el nuevo convenio colectivo y, especialmente, en la gestión jurídica y mediática tras el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, donde Futpro encabezó la denuncia y coordinó el emblemático comunicado de «se acabó».
En 2025, después de liderar el sindicato durante cuatro años, dejó la presidencia en un proceso ordenado, pasando el cargo a Marta Perarnau y asumiendo el título de presidenta honorífica de Futpro.
La remuneración de las jugadoras
Durante su mandato, el principal desafío para Amanda Gutiérrez fue el salario mínimo de la Liga F, que consideraba completamente desfasado respecto a lo esperado en una liga profesional de referencia europea.
En una entrevista extensa en Panenka, resumió con contundencia que las futbolistas «se sienten ofendidas con el salario mínimo de la Liga F», frase que se difundió como titular y reflejó el ambiente dentro de los vestuarios.
Gutiérrez señalaba que «el personal que apoya el espectáculo gana más que quienes lo protagonizan, es decir, las futbolistas», y afirmaba que no era «aceptable permitirlo en una liga profesional».
Comentaba que Futpro elaboró «un estudio detallado y un informe extenso» sobre el salario ideal, tomando en cuenta los ingresos de la competición y las necesidades básicas de las jugadoras, planteando que al menos deberían retirarse «con una casa pagada o un ahorro concreto» para su futuro.
Según ella, la Liga F «ni siquiera respondió» a ese informe y simplemente contestó con un «no».
En las negociaciones del convenio, la exlíder de Futpro describió la oferta salarial de la patronal como «bastante indignante» desde la perspectiva de las futbolistas. Explicó que al comunicar las cifras, muchas las interpretaron como una falta de respeto: «Consideran que no se valora su trabajo y que resulta insultante».
Por ello, insistía en que «no hay nada más urgente que un nuevo convenio colectivo», visión que reiteró en múltiples foros y entrevistas.
Aunque reconocía avances en otros ámbitos —como la regulación de la maternidad o los protocolos contra el acoso—, Gutiérrez admitía que la cuestión económica seguía siendo el principal punto débil del acuerdo.
En una entrevista posterior, ya con el nuevo convenio firmado, valoró el resultado con un «siete» y destacó que «para Futpro, firmar esa finalización de huelga con ese salario no fue positivo», remarcando que el objetivo principal del próximo convenio debía ser «incrementar el salario mínimo».
Para ella, la problemática no solo estaba en las cifras, sino en la mentalidad: aún existían directivos que «no invierten en fútbol femenino porque argumentan que no genera ingresos», algo que veía como un obstáculo estructural para el desarrollo de la Liga F.
Más allá de la remuneración
Las críticas de Gutiérrez al sistema salarial formaban parte de un discurso más amplio sobre la precariedad y la inseguridad laboral de las futbolistas profesionales.
Desde Futpro defendían que el salario mínimo no puede contemplarse aisladamente, sino junto a factores como contratos breves, temor a represalias y la dificultad para denunciar abusos o discriminaciones, en un mercado tan reducido donde «solo se puede trabajar para 16 entidades».
En foros oficiales, como una intervención en el Ministerio de Igualdad, subrayó que la brecha salarial del deporte femenino no se soluciona únicamente con aumentos salariales, sino «fortaleciendo los convenios colectivos, garantizando derechos como la maternidad y la conciliación, y modificando estructuras de poder y políticas públicas».
Su mensaje destacaba que el fútbol femenino español ya está «entre los tres mejores de Europa» en lo deportivo, pero que sus salarios no reflejan ni esa posición ni la proyección real del producto.