El PP rechazaría la ley de redes sociales impulsada por Sánchez si se mezclan la protección de menores con métodos para rastrear la polarización en adultos.
El Ejecutivo propone reforzar la normativa digital, incluyendo consecuencias penales para dirigentes de empresas tecnológicas y un sistema para supervisar la conversación pública.
El PP defiende la protección infantil, pero rechaza que dicha protección se utilice como pretexto para supervisar contenidos, criticando la posible deriva autoritaria del paquete presentado.
La Comisión Europea advierte que España debe acatar el marco común europeo y no puede establecer regulaciones nacionales que contravengan el Reglamento europeo de Servicios Digitales.
Pedro Sánchez presentó la regulación de redes sociales para proteger a los menores de 16 años como su nueva apuesta política.
Por su parte, el Partido Popular ya ha avisado que votará en contra de una ley promovida por Sumar, que estuvo bloqueada durante meses en el Congreso, pese a contar con el consenso mayoritario y las enmiendas del PP que incluían expresamente esa disposición.
¿Cuál es el motivo? Porque el presidente anunció el pasado martes en Dubái varias medidas, destacando la protección de menores, pero también integró otras como el «rastreo de la huella de odio y polarización», que el Gobierno pretende imponer a usuarios adultos en internet.
Así lo indican fuentes de la dirección del partido de Alberto Núñez Feijóo a este medio. «Ni está permitido por las instituciones europeas, ni contarán con nosotros para apoyar esas ansias censuradoras». Porque una cosa es defender los derechos de niños y padres, y otra distinta «darle al Estado herramientas para controlar los contenidos«.
Sin embargo, tras provocar la reacción crítica de figuras influyentes en plataformas sociales, como Elon Musk y Pável Dúrov, el Ejecutivo respondió con un extenso comunicado difundido por Telegram (mensaje propiedad de Dúrov) y el propio Sánchez lo hizo mediante un breve post en X (red de Musk).
Así, una iniciativa que antes unía a la mayoría del Congreso comienza a convertirse en un foco de confrontación. El PP se prepara para frenar lo que describe como «un paquete digital con deriva autoritaria«.
La ofensiva
Desde Moncloa han lanzado una ofensiva para reforzar las regulaciones sobre internet y plataformas digitales, aunque han combinado en la misma propuesta la protección infantil junto con lo que denominan «su plan de acoso a las libertades, tras cinco días de reflexión», incluyendo nuevas responsabilidades penales para directivos tecnológicos.
Desde Génova observan una operación con gran carga política. Por un lado, el Gobierno se ampara en la bandera de los menores y el orden en redes, mientras por otro intenta instaurar un sistema de monitorización de la conversación pública en internet.
El cuidado de los menores es una prioridad para el PP, que defiende desde hace meses elevar a 16 años la edad de consentimiento digital y fortalecer los controles parentales en plataformas con «herramientas innovadoras disponibles».
Este trabajo se encuentra ya gestionado mediante la Ley Orgánica para protección de menores en entornos digitales, impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia, aprobada para trámite en septiembre de 2025 y con amplio respaldo en las Cámaras.
La dirección del PP critica al PSOE por haber frenado más adelante el desarrollo de la norma, opinando que Moncloa prefirió dejar el debate para ahora, en mitad de la crisis del caos ferroviario y el desgaste legislativo del Ejecutivo.
Además, añadiendo un «giro totalitario» que afecta a los adultos y provoca alertas en la oposición. En el PP interpretan el plan como un intento de vigilancia de las críticas al Gobierno «bajo la excusa de combatir el odio».
La UE no lo permite
Los populares recuerdan que España está obligada a cumplir el Reglamento europeo de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). Esta normativa establece un «marco común» para la moderación de contenidos y define obligaciones para las plataformas, limitando la posibilidad de regulaciones nacionales propias.
En Bruselas ya se han iniciarado advertencias. La Comisión Europea señaló el miércoles que cualquier normativa española «no debe vaciar el contenido» del régimen europeo, ni podrá «añadir disposiciones nuevas» que contradigan el marco vigente.
El PP europeo recogió el guante. Feijóo ha movilizado a sus aliados en el PPE para denunciar que Sánchez actúa unilateralmente en materia digital, de forma similar a su plan para regularizar a cientos de miles de inmigrantes.
El otro punto conflictivo del paquete es el aspecto penal. El Ejecutivo propone aumentar la presión sobre tecnológicas, con posibles responsabilidades penales para sus directivos si no actúan con celeridad sobre contenidos ilícitos o generadores de odio.
La reacción de las plataformas no se hizo esperar. El fundador de Telegram envió un mensaje masivo a todos los móviles españoles con su app instalada, acusando públicamente a Sánchez de usar la protección digital como pretexto para establecer un «estado de vigilancia» masiva en España.
Moncloa respondió subiendo el tono contra Telegram, señalándola como refugio de delitos y acusando a los «tecno-oligarcas» de tratar de influir en el Gobierno mediante campañas en sus plataformas.
El PP no lo pasará
Para el PP, esta disputa con las tecnológicas oculta el verdadero debate. Denuncian que «una cosa es proteger a los menores» y otra muy diferente es monitorizar políticamente a los adultos. Por eso anticipan su línea roja: votarán en contra si el Gobierno mantiene ambos asuntos en el mismo paquete.
«No puede ser que nos agarremos a la improvisación; son cuestiones sin relación», señala la fuente mencionada en la dirección del PP.
El equipo de Feijóo detecta un patrón conocido: en su opinión, Sánchez trata de erigir barreras entre el Gobierno y otras instituciones; primero con la Justicia, luego con inmigración y ahora con la regulación digital.
Finalmente, el PP se apoyará en el marco europeo para fundamentar su rechazo, defendiendo que la DSA ya contempla mecanismos para obligar a las plataformas a actuar, y que España no puede establecer un sistema paralelo de «rastreo ideológico».