Comisión Andina de Juristas saluda la condena penal a ex dictador Ríos Montt
En los últimos cincuenta años los pueblos latinoamericanos sufrieron la presencia nefasta de regímenes de facto que durante su estadía en el poder sembraron luto y dolor, aplicaron el Terrorismo de Estado como forma de relacionarse con la sociedad civil e hicieron de la violación de los derechos humanos una práctica sistemática y consuetudinaria. Uno de ellos fue precisamente la dictadura encabezada por JOSÉ EFRAÍN RÍOS MONT en el hermano país de Guatemala.
En la semana que concluyó un una jueza en materia penal, luego de sustanciar el respectivo proceso, condenó al referido ex dictador de 86 años, por los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Guatemala, a 50 años de cárcel por genocidio y otros 30 por los crímenes de guerra en que incurrió el ejército contra el grupo étnico IXIL, entre 1982 y 1983, totalizando una sentencia condenatoria de 80 años de presidio. El ex dictador fue hallado responsable de 15 masacres a manos del ejército, de 1771 indígenas mayas-ixiles en el departamento de Quiché. Más de un millar de personas, entre familiares de las víctimas y activistas por los derechos humanos, celebraron este acto de justicia.
La sanción penal impuesta por el tribunal de primera instancia, si bien será apelada por el ex dictador, como lo anunciaron sus abogados, sin embargo constituye un antecedente positivo para las democracias en el continente, en el marco de la incansable lucha que sostienen los pueblos contra la impunidad de los delitos de lesa humanidad perpetrados durante la vigencia de dictaduras de orientación derechista que inspirados en la Doctrina de la Seguridad Nacional, convirtieron a la política en la forma más inhumana de relacionarse con los pueblos.
Coherente con su forma deshonesta de pensar y de actuar, el ex dictador calificó el proceso como un “show político internacional que afecta el alma y corazón de los guatemaltecos”, enfatizando que “se lo condenó bajo argumentos que no tienen ninguna sustentación y que no fue un juicio imparcial” . Olvida el autor intelectual de la represión contra hermanos indígenas que, es precisamente el sistema democrático el que le permitió ejercer su derecho de defensa ante un juicio inevitable, derecho que durante su gobierno le fue negado a muchos ciudadanos guatemaltecos, en el contexto de una guerra civil que sufrió ese país entre 1960 y 1996 que dejó 200 mil muertos o desaparecidos.
La COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS, interpretando la aspiración legítima de los pueblos latinoamericanos, de que se haga justicia frente a crímenes de lesa humanidad perpetrados en el continente, saluda la decisión de las autoridades judiciales que llevaron adelante el proceso penal contra el referido ex dictador, porque tiende a reivindicar la dignidad del género humano, fortalece nuestros sistemas democráticos y sienta un antecedente positivo para que nunca más se instalen dictaduras y regímenes de facto que sólo generaron frustración y dolor para nuestros países, máxime si la impunidad de estos crímenes constituye un incentivo para su reiteración en cualquier momento.