«No existe ningún acto humanitario en la destrucción de una nación», afirma su portavoz, quien anuncia una iniciativa conjunta en todas las cámaras parlamentarias para oponerse a la medida propuesta por el Gobierno
Al situar el rechazo a la inmigración «masiva» como fundamento de su ideología, Vox ha respondido con oposición rotunda a la regularización de inmigrantes anunciada por el Gobierno la semana pasada. Las filas de Santiago Abascal critican esta medida, al considerarla un «premio a la ilegalidad», un incentivo para «el efecto llamada» y un ataque directo a «nuestra identidad». «Transformar España sin el consentimiento de la población española», afirmó este lunes el portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster.
El dirigente fue más allá, siguiendo el ejemplo de otros miembros de la formación para intensificar sus críticas contra la regularización: «Esta acción no representa el suicidio de España, sino su asesinato», declaró al comienzo de su habitual rueda de prensa del lunes. «El asesinato premeditado y traicionero de nuestra soberanía, identidad y pertenencia a una patria común», explicó con contundencia.
Partiendo de estas ideas, Vox ha lanzado una iniciativa parlamentaria coordinada en todas las cámaras —desde el Congreso hasta los ayuntamientos— con el fin de «exigir» no solo el rechazo a la regularización extraordinaria de inmigrantes, sino también que se «audititen exhaustivamente todas las concesiones de nacionalidad de los últimos años».
Fúster evitó precisar cuántas concesiones pretenden revisar. «No contamos con datos concretos, desconocemos cómo se otorgaron esas nacionalidades», señaló, apuntando que el objetivo es determinar cuántas personas podrían haber obtenido la nacionalidad española mediante posibles «fraudes». «A partir de ahí, adoptaremos las medidas necesarias», añadió, sin especificar qué acciones se tomarán si se detectan casos de ese tipo.
Fúster manifestó con firmeza que «por supuesto, algunos tendrán que asumir responsabilidades». «Porque llevaremos a juicio, por este fraude, a la nación española», agregó, señalando que los documentos legales requeridos para obtener la nacionalidad podrían ser el punto donde existan irregularidades.
Cabe destacar que la regularización que planea el Gobierno no incluye la concesión de la nacionalidad, sino simplemente otorgar permisos de residencia a personas que ya llevan meses residiendo en España. Esto implica, además, que estos inmigrantes no tendrán derecho a voto en las próximas elecciones. Sin embargo, Vox se refiere a esto como una «sustitución del censo» —como expuso su portavoz parlamentaria, Pepa Millán— o una «operación de ingeniería social» destinada a «reemplazar en el futuro a esa mayoría [de españoles]», indicó hoy Fúster.
El portavoz nacional del partido, intensificando nuevamente el tono de sus declaraciones, atacó también a quienes defienden la regularización de inmigrantes bajo un argumento humanitario —el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo referencia a este motivo en redes sociales—. «El número uno de la trama corrupta habla de humanidad, pero no hay nada humanitario en destruir a una nación, ni en emplear la inmigración con fines ideológicos ni en enfrentar a los más vulnerables entre sí». Finalmente, añadió: «España no es una ONG».