El Consejo de Ministros ratificó ayer el decreto que establece un aumento general del 2,7% en las prestaciones, tras el rechazo en el Congreso de los Diputados de la norma anterior
Las pensiones de jubilación en 2025 y su poder adquisitivo presagian un panorama difícil para la población de mayor edad.
La revalorización del 2,7% para las pensiones en 2026 entra en vigor este miércoles, respaldada por la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Real Decreto-ley que regula el incremento. Con la aprobación de esta norma en el Consejo de Ministros de este martes, el Gobierno pretende asegurar que los pensionistas reciban en su nómina de febrero el importe actualizado, tras el rechazo en el Congreso del anterior decreto que planteaba el aumento.
El Ejecutivo ha decidido desvincular la subida de las pensiones del resto de medidas contempladas en el llamado escudo social, a diferencia de enero cuando el Congreso rechazó el decreto ómnibus que las unificaba. Esta estrategia busca garantizar los apoyos necesarios para que esta medida se apruebe sin obstáculos. Las formaciones de derecha han manifestado varias veces su oposición a respaldar un decreto que contemple también la moratoria para la suspensión de desahucios a familias vulnerables, pero tanto PP como Junts han adelantado que votarían a favor de una norma específica dedicada al aumento de pensiones en la Cámara Baja.
La convalidación del aumento será votada próximamente en el Congreso, aunque se prevé que supere el proceso sin inconvenientes. Mientras tanto, el incremento ya tiene efecto legal y se aplica de inmediato en los pagos mensuales hechos a los pensionistas. Las demás medidas sociales seguirán un procedimiento legislativo separado, evitando que interfieran con la revalorización.
Situación de las pensiones en febrero
La actualización de los importes establecida por este decreto coincide con la planteada en la norma aprobada en diciembre, que, pese a no ser convalidada en el Congreso, ya se aplicó en las nóminas de enero. Por ello, los pensionistas pueden esperar en febrero un ingreso similar al recibido el mes previo. Además, la disposición se aplica retroactivamente desde el 1 de enero, de modo que los jubilados no tendrán que devolver el importe extra recibido ese mes.
En concreto, las pensiones públicas contributivas y de clases pasivas aumentarán un 2,7%, lo que supone un incremento cercano a 570 euros anuales para la pensión media del sistema. La pensión máxima alcanzará los 3.359,6 euros mensuales (47.034,4 euros anuales en 14 pagas), mientras que la pensión media de jubilación llegará a 1.317,7 euros mensuales, con un aumento de 498 euros anuales. La base máxima de cotización se eleva a 5.101,2 euros mensuales, un 3,9% superior a la de 2025.
En cuanto a las pensiones mínimas , crecerán un 7,07%, aunque para aquellas que incluyen cónyuge a cargo o viudedad con cargas familiares, el aumento será del 11,4%, al igual que en las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV). En 2026, la pensión mínima de jubilación para personas de 65 años o más será de 13.106,8 euros anuales en hogares unipersonales, y de 17.592,4 euros si existe cónyuge a cargo. Los límites de ingresos para acceder a estas pensiones mínimas serán de 9.442 euros al año (sin cónyuge) y 11.013 euros (con cónyuge).
El Pleno del Congreso, con el apoyo de PP, Vox y Junts, derogó este martes el decreto ley conocido como 'escudo social', que incluía la revalorización de las pensiones y la prohibición de desalojos y cortes de agua y electricidad para personas en situación vulnerable. (Fuente: Europa Press/Congreso)
Asimismo, las pensiones de vejez e invalidez (SOVI) aumentan un 7,07%, alcanzando 599,6 euros mensuales para las no concurrentes y 582,1 euros en las concurrentes. Las asignaciones por hijo a cargo o menor con discapacidad también crecen, llegando a 5.962,8 euros anuales para discapacidades superiores al 65% y a 8.942,4 euros para discapacidades mayores al 75%, lo que representa un incremento del 2,7% respecto a 2025.
Entra en vigor mañana la moratoria contra desahucios
El Gobierno también publicó hoy en el BOE el Real Decreto-ley del escudo social, que comenzará a regir mañana y contempla medidas relacionadas con vivienda, energía, empleo, fiscalidad y financiación territorial. Entre las disposiciones principales figura la prórroga hasta el 31 de diciembre de la suspensión de desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional cuando el arrendador sea un gran propietario o un ‘fondo buitre’. También se mantienen los bonos sociales de agua y energía y se refuerzan las ayudas directas para comunidades afectadas por la DANA.
Aunque la subida de pensiones también requiere convalidación en el Congreso, se espera que obtenga apoyo, a diferencia del escudo social, cuyo futuro en el Parlamento es más incierto. Junts ya ha anunciado que votará en contra, considerando insuficiente la protección a pequeños propietarios, lo que obligará al Ejecutivo a buscar acuerdos para asegurar su aprobación.