El aumento del SMI avanza hacia su aprobación definitiva: Ministerio de Trabajo planea validarlo en febrero con aplicación retroactiva

El Gobierno confirma que el salario mínimo aumentará un 3,1% hasta los 1.221 euros y se publicará en el BOE “como máximo” en tres semanas

Yolanda Díaz, durante la presentación

El incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026 está en proceso y su ratificación es inminente. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, confirmó este martes que el Real Decreto que aumentará el SMI un 3,1% está en trámite, y que la intención del ministerio es que quede aprobado entre mediados y finales de febrero, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en un plazo máximo de tres semanas.

Durante la rueda de prensa para analizar los datos del paro, Pérez Rey aclaró las incertidumbres surgidas tras el rechazo en el Congreso del decreto conocido como escudo social, que incluía la prórroga del salario mínimo de 2025 y que fue rechazado por PP, Vox y Junts. Según explicó, esa prórroga no será incorporada en el nuevo Real Decreto-ley que aprobará este martes el Consejo de Ministros.

“El aumento del salario mínimo interprofesional para 2026 es inminente”, enfatizó Pérez Rey, añadiendo que la actualización se aplicará con efectos retroactivos. De este modo, los trabajadores que perciban el SMI recibirán los atrasos correspondientes una vez el nuevo decreto sea publicado.

El incremento situará el salario mínimo en 1.221 euros mensuales distribuidos en catorce pagas, consolidando la tendencia de aumento de los últimos años y reafirmando su función como base salarial. Desde Trabajo destacan que el retraso administrativo no conlleva pérdida de derechos para quienes reciben los salarios más bajos.

Una circular para asegurar el suelo salarial

Ante la caída del decreto previo, el Ministerio de Trabajo ha querido transmitir un mensaje de calma. Pérez Rey recordó que la Dirección General de Trabajo emitió una circular interpretativa que establece que la función del SMI como salario mínimo legal no puede desaparecer bajo ninguna circunstancia, incluso si la prórroga anterior no fue convalidada.

Según detalló, dicha circular reafirma que ningún trabajador puede tener su salario reducido por debajo del umbral vigente del SMI, sin importar los vaivenes políticos. Por esta razón, y dado que el nuevo aumento está próximo a aprobarse, el ministerio considera que no es necesario incluir la prórroga del SMI de 2025 en el decreto ley que se presentará este martes. “Además, ya no podría considerarse una prórroga en sentido estricto, porque estamos ya en el año 2026”, agregó el secretario de Estado.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, defendió este miércoles un aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) de 50 euros mensuales para 2025, lo que eleva esta renta mínima a 1.184 euros al mes en 14 pagas.

La reforma pendiente de absorción y compensación

Uno de los temas que quedan excluidos de esta actualización inmediata es la reforma de las reglas de absorción y compensación de los complementos salariales, una demanda histórica de los sindicatos. Pérez Rey reconoció que esta modificación no podrá ser aprobada junto a la subida del SMI por motivos técnicos y normativos.

Actualizar la cuantía del salario mínimo, explicó, es un proceso relativamente sencillo, que no requiere informes complejos ni pasar por el Consejo de Estado. Sin embargo, introducir cambios estructurales en el decreto exige cumplir con todos los trámites legislativos, lo que inevitablemente prolonga los tiempos.

A pesar de ello, el ‘número dos’ de Trabajo aseguró que la reforma llegará “pronto”, aunque su implementación se demorará. Y no será un cambio menor. El trámite en curso tiene como objetivo incorporar en la legislación española la Directiva Europea de Salarios Mínimos, que afecta no solo la absorción y compensación, sino también el papel de la comisión de expertos del SMI y otros aspectos clave del sistema.

Con la subida del salario mínimo ya en marcha y nuevas reformas en perspectiva, el Gobierno busca consolidar el SMI como un instrumento central en la lucha contra la precariedad, mientras el debate político y parlamentario sigue marcando los tiempos para su desarrollo normativo.

Scroll al inicio