El Ejecutivo ha tenido que separar la revalorización de prestaciones del resto del escudo social debido al rechazo de la oposición a un decreto que incluya la suspensión de desahucios
El Gobierno presentará nuevamente ante el Congreso de los Diputados la revalorización del 2,7% prevista para las pensiones en 2026, esta vez mediante un decreto separado que el Consejo de Ministros aprobó el martes. Tras el rechazo en el pleno de la pasada semana al decreto ‘ómnibus’, que unificaba el aumento de prestaciones con otras medidas del escudo social, el Ejecutivo decidió separar las pensiones de las disposiciones más controvertidas, según informan fuentes oficiales a Europa Press.
El Congreso rechazó el martes 27 de enero este conjunto de medidas con votos contrarios de PP, Vox, Junts y UPN, quienes argumentaron que la suspensión de desahucios en hogares vulnerables sin alternativa habitacional fue la razón principal para su oposición. Sin embargo, tanto el PP como Junts ya habían manifestado su disposición a respaldar el aumento de pensiones si se presentaba como una norma independiente sin vincularse a la moratoria.
En esta ocasión, el Consejo de Ministros dividirá el decreto en dos partes, aprobando primero una norma que contemple exclusivamente la revalorización de pensiones, otras prestaciones y la congelación de cuotas para autónomos, y luego un segundo decreto con el resto de medidas del escudo social. Ambas disposiciones deberán ser validadas por el Congreso de los Diputados para mantener su vigencia.
Medidas contra desahucios de fondos buitre
Sumar expresó su desaprobación ante esta decisión, señalando que al separar los dos decretos se facilita el voto en contra de la derecha a la moratoria de desahucios, aunque reconocen que el PP “ya no tiene excusas” para rechazar la subida de pensiones. Respecto al escudo social, que se llevará en bloque al Senado, el partido liderado por Yolanda Díaz destacó que el Congreso deberá decidir “si apoya medidas sociales que protegen a los más vulnerables y que están vigentes desde la pandemia” y que “no es necesario elegir entre vivienda o pensiones”.
Este martes, el PNV anunció su intención de apoyar la moratoria antidesahucios después de acordar con el Gobierno que los propietarios con una sola vivienda en alquiler no estén obligados a brindar alternativas habitacionales a inquilinos vulnerables, asignando esta responsabilidad a los servicios sociales competentes. Además de extender la protección a pequeños tenedores y propietarios en situación vulnerable, el decreto del escudo social incluye salvaguardas para hogares amenazados por desahucios en viviendas propiedad de fondos buitre o grandes tenedores.
Actualmente, la convalidación de la suspensión de lanzamientos y las demás medidas de protección a familias vulnerables depende de Junts, cuyo voto en contra impediría al Gobierno alcanzar la mayoría parlamentaria necesaria. El grupo catalán condicionó su apoyo a que el escudo social contemplase la situación de los pequeños propietarios, en línea con el acuerdo entre PNV y Moncloa.
Vox no garantiza su apoyo a las pensiones
Por su parte, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, advirtió que su partido no ofrecerá apoyo automático al nuevo decreto sobre pensiones. La representante de Vox afirmó que esperarán a conocer el contenido exacto de la norma antes de decidir su voto. “No confiamos en absoluto en el Gobierno,” explicó Millán. Desde Vox acusaron al Ejecutivo de manipular el debate para presentar a la derecha como contraria a los intereses de los pensionistas y de instrumentalizar a estos “a su conveniencia”. “Eso es una falta de respeto hacia los pensionistas,” concluyó la portavoz.
El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, calificó la maniobra política como “una confesión de culpabilidad” por parte del Gobierno. En un mensaje en X (antes Twitter), aseguró que este cambio estratégico revela que “fueron ellos, y no otros, quienes pusieron en peligro la revalorización de las pensiones” y “utilizaron a los pensionistas como rehenes”.
El desacuerdo político anula la subida de las pensiones
La decisión inicial de no aprobar el aumento recuerda al rechazo parlamentario al incremento de pensiones de 2025, también llevado al Congreso mediante otro decreto ‘ómnibus’. La caída de esta norma expone a desgaste político tanto a los partidos de oposición, que se niegan a validar el aumento que salvaguarda el poder adquisitivo de los jubilados frente a la inflación, como al Gobierno, que vincula esta subida a medidas de menor consenso social. Las formaciones que votaron en contra califican la suspensión de lanzamientos como una protección adicional a los ‘okupas’, mientras que desde el PSOE los acusan de no defender los intereses de los pensionistas.
El Pleno del Congreso, con los votos de PP, Vox y Junts, derogó este martes el decreto ley conocido como ‘escudo social’, que incluía la revalorización de las pensiones y la prohibición de desahucios y cortes de servicios básicos para personas vulnerables. (Fuente: Europa Press/Congreso)
Actualmente, el Ejecutivo busca acuerdos con grupos parlamentarios que permitan que, el día 10 de febrero, fecha límite para que el aumento de pensiones se refleje en la nómina de ese mes, el decreto con la subida esté vigente. Los pensionistas ya recibieron este aumento en enero, pero la derogación del decreto pone en riesgo el pago de febrero.
Más allá de la suspensión de desahucios y el aumento de pensiones, la no convalidación del real decreto ley en el Congreso dejó sin efecto otras medidas sociales y económicas, como la prórroga del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta la aprobación de un nuevo incremento para 2026 y la congelación de cotizaciones para autónomos. También incluía la prohibición de cortes de suministros a familias vulnerables, descuentos en el bono social eléctrico, ayudas a afectados por la DANA e incendios, y beneficios fiscales para eficiencia energética y vehículos eléctricos.