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Caracas, 3 de enero de 2026, 1:55 de la madrugada.
Una serie de detonaciones despertó a los habitantes de Caracas, mientras que los destellos de las explosiones junto al ruido de los aviones y helicópteros que sobrevolaban la ciudad confirmaron lo que se esperaba desde hace meses: Estados Unidos ejecutó un ataque militar contra Venezuela.
“EE.UU. ha llevado a cabo con éxito una ofensiva masiva contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa (Cilia Flores), ha sido detenido”, escribió posteriormente el presidente Donald Trump en su cuenta de Truth Social, anunciando así el fin de esta inédita operación.
El jefe republicano indicó que la pareja fue “trasladada fuera del país” y, horas más tarde, las autoridades estadounidenses confirmaron su transporte hacia Nueva York.
Tras dos días, la hasta entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió la presidencia interina de Venezuela.
Actualmente, mientras Maduro y Flores permanecen en sus celdas del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC, en inglés) a la espera del 17 de marzo, momento en que deben comparecer nuevamente ante un tribunal federal para responder por cargos de narcotráfico y narcoterrorismo, en Venezuela, el país que gobernaron más de una década, se están implementando transformaciones impuestas por Washington que, hasta hace poco, parecían imposibles.
Se destacan algunos de estos cambios.
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1. Excarcelaciones y amnistía
Una de las primeras medidas adoptadas por las autoridades venezolanas fue ordenar la liberación de opositores, dirigentes sindicales, activistas en derechos humanos, periodistas y manifestantes detenidos durante meses, muchos de ellos bajo procesos considerados arbitrarios por organismos internacionales.
La acción fue calificada como “un gesto unilateral” destinado a “fortalecer la paz en la República y la convivencia pacífica”, según declaró el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
Durante el mes, las autoridades afirmaron que más de 600 personas recuperaron la libertad.
No obstante, esta cifra fue cuestionada por familiares y organizaciones defensoras de derechos como el Foro Penal Venezolano, que hasta el 1 de febrero había constatado 344 excarcelaciones entre los más de 600 “presos políticos” que registra.
Con aparente intención de acelerar el proceso, el 30 de enero, la presidenta interina Delcy Rodríguez anunció: “Hemos decidido promover una ley de amnistía general para cubrir todo el período de violencia política desde 1999 hasta hoy”.
“Que sea una ley orientada a sanar las heridas que dejó el enfrentamiento político”, manifestó, mientras informaba el cierre de El Helicoide, una de las sedes del servicio de inteligencia venezolano y centro de detención señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Misión de Naciones Unidas para Venezuela como “centro de torturas” contra la disidencia.
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Pocos días antes, Trump expresó en su red Truth Social: “Me alegra informar que Venezuela está acelerando la liberación de presos políticos, y se espera que este ritmo aumente en semanas próximas”.
Los anuncios de Rodríguez contravienen las posturas mantenidas por Maduro y altos cargos chavistas hasta hace poco.
“Esta vez no habrá perdón, sino prisión en Tocorón”, advirtió el sucesor de Hugo Chávez a quienes protestaron contra su polémica reelección en julio de 2024.
Semanas después, más de 2.000 personas fueron encarceladas, según cifras de la Fiscalía venezolana.
“Aquí no existe ni ley de amnesia, ni impunidad, ni amnistía, ni conciliación ni reconciliación”, declaró en 2016 Diosdado Cabello, actual ministro del Interior, cuando la Asamblea opositora impulsó una norma parecida, bloqueada por el gobierno y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Aunque las autoridades han tolerado algunas protestas —especialmente las vigilias familiares frente a cárceles—, mantienen vigente el decreto de estado de conmoción que permite encarcelar a quien se burle de la captura de Maduro.
2. Enterrando la estatización petrolera
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“Ni una gota de petróleo saldrá hacia EE.UU. si atacan a Venezuela. Ni una gota bajo ninguna circunstancia”, fue la amenaza emitida por el ministro Cabello en diciembre pasado.
Sin embargo, esa advertencia quedó sin efecto.
Horas después de la operación militar que terminó con la detención de Maduro, Trump anunció que Caracas había aceptado suministrar hasta 50 millones de barriles de petróleo para ser comercializados a “precios de mercado”.
Respecto a los fondos que se obtengan, el mandatario estadounidense indicó: “Serán controlados por mí (…) para garantizar que se empleen en beneficio tanto del pueblo venezolano como de EE.UU.”.
Las autoridades venezolanas no negaron esta información y la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) confirmó “que se están realizando negociaciones con EE.UU. para la venta de volúmenes de petróleo”, en un breve comunicado.
Días después, Trump instó a las petroleras estadounidenses a invertir al menos US$100.000 millones para aumentar la producción venezolana, que se ha deteriorado considerablemente.
No obstante, muchas compañías se mostraron reticentes debido a la incertidumbre política y la inseguridad legal.
“Actualmente no es posible invertir allí”, comentó Darren Woods, ejecutivo de Exxon Mobil.
“Nos han confiscado nuestros activos en dos ocasiones, por lo que, como podrán imaginar, regresar una tercera vez requeriría cambios muy importantes”, añadió el directivo.
Para modificar esa percepción, el presidente de la Asamblea Nacional anunció una inesperada revisión del marco legal, que ya resultó en la reforma de la Ley de Hidrocarburos, revirtiendo parcialmente la política de estatización del sector petrolero establecida por el fallecido Hugo Chávez desde 2007.
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“Esas enormes reservas petroleras (de Venezuela) deben extraerse para transformarse en escuelas, hospitales (…) ya que bajo tierra no benefician a nadie”, justificó Jorge Rodríguez.
Antes de la captura de Maduro, los diputados planificaban debatir una reforma constitucional, cuyo contenido no fue divulgado.
La reforma de la Ley de Hidrocarburos ha recibido críticas dentro del chavismo.
“El 29 de enero de 2026, Venezuela dejó de ser propietaria de su petróleo, no importa cómo se mire”, escribió el exministro de Comunicación Andrés Izarra.
“Conservamos el derecho nominal sobre el subsuelo. Pero perdimos el control sobre quién extrae, cómo extrae, a quién vende, a qué precio, bajo qué jurisdicción y qué parte nos queda como nación”, añadió.
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3. Dólar en caída, pero precios igual de altos
La incertidumbre posterior a la operación militar estadounidense impactó negativamente al bolívar en el mercado oficial y paralelo.
En enero, la moneda venezolana perdió 21,87% de su valor frente al dólar, situándose de Bs. 301,37 a Bs. 367,30 por billete verde, según datos del Banco Central de Venezuela (BCV).
En el mercado negro, donde muchas personas y empresas adquieren divisas para operaciones, el dólar superó los Bs. 800 tras los sucesos del 3 de enero, aunque recientemente ha descendido a poco más de Bs. 400.
“Hubo mucha incertidumbre y muchos creyeron que la situación sería más caótica, por lo que la oferta de divisas en el mercado paralelo, ya reducida semanas antes, disminuyó aún más”, explicó a BBC Mundo un economista que prefirió mantener su anonimato.
La intervención de las autoridades, que inyectaron US$300 millones al mercado cambiario provenientes de la venta de petróleo —primera acción de este tipo en meses—, parece haber sido la principal causa de la reducción de la diferencia entre los tipos de cambio.
Sin embargo, el especialista advirtió que estas medidas son insuficientes.
“Lo importante aquí es cómo será el flujo, más que ventas puntuales; eso definirá el comportamiento de la economía, la inflación y la moneda”, afirmó.
La disminución del diferencial cambiario no ha significado un alivio para la población venezolana.
“Todo sigue igual de caro; los precios no bajan, aunque el dólar paralelo baje. La semana pasada un cartón de huevos costaba US$2,60 y ahora US$3,50. El dinero no alcanza”, detalló Alberto Fernández, trabajador independiente en Caracas.
Mientras el mercado negro parece haberse estabilizado, la moneda continúa depreciándose en el mercado oficial, hecho significativo para un país que ha importado históricamente cerca del 60% de su consumo.
Según la más reciente estimación del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicada en octubre, Venezuela cerró 2025 con una inflación acumulada de 548%.
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4. De la insurrección a la negociación
A finales de 2025, Maduro advirtió que cualquier agresión de EE.UU. contra Venezuela no quedaría sin respuesta.
“No se moverá un alfiler, y se declarará huelga general, insurreccional y revolucionaria de la clase obrera”, declaró.
Sin embargo, sus predicciones no se materializaron, ni tampoco las de quienes anticipaban una fractura en el chavismo.
El gobierno liderado ahora por Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro, eligió dialogar con Washington y prepara la reapertura de vínculos diplomáticos tras casi siete años sin relaciones formales.
La semana pasada, la diplomática estadounidense Laura F. Dogu arribó a Caracas para reabrir la embajada de EE.UU., cerrada desde 2019.
Antes, tuvo lugar la histórica visita del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, a Venezuela.
Rodríguez defiende su estrategia, afirmando que facilitará “enfrentar las consecuencias derivadas de la agresión y secuestro del presidente y la primera dama”.
No obstante, algunos sectores oficialistas dudan de esta versión.
“Por duro que suene, hoy somos un país ocupado militarmente. No se ven marines en las calles, pero existe una ocupación naval, aeroespacial y electrónica”, denunció el exvicepresidente Elías Jaua este fin de semana.
“El gobierno actual, por la estabilidad que exige el imperialismo para asegurar su urgente necesidad de energía petrolera, debe actuar conforme a las directrices de la potencia ocupante”, añadió.
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Por su parte, la presidenta interina ha intentado rechazar las acusaciones de subordinación.
Así, el 15 de enero defendió “el derecho de Venezuela” a mantener lazos con Cuba, Irán, Rusia y China.
Y días después criticó la interferencia estadounidense.
“Basta de órdenes de Washington dirigidas a líderes venezolanos. Que sean las autoridades venezolana quienes resuelvan sus diferencias y conflictos internos”, afirmó.
No obstante, medidas como las excarcelaciones, la ley de amnistía y la reforma a la Ley de Hidrocarburos —que no figuraban en la agenda oficialista y, de hecho, iban en contra de sus planes—, junto con el hecho de que algunas se anunciaron antes desde Washington, evidencian el carácter impuesto de este giro.
“Delcy está donde está gracias a la extracción [de Maduro], un acto violento, pero ella no controla ese elemento [la violencia] porque depende del ejército de EE.UU.”, aseguró a BBC Mundo la analista política Carmen Beatriz Fernández.
“Considero que su estrategia es lograr legitimidad mediante resultados, hacer bien su trabajo y mejorar la situación para obtener algo de legitimidad popular”, añadió.
Por su lado, el profesor Ángel Oropeza, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, afirmó: “El proyecto del gobierno interino de Rodríguez es una estabilización autoritaria. Es una estrategia con dos velocidades: apertura económica rápida, pero cambio político lento”.
Gabriela Ramírez, exdiputada chavista y defensora del Pueblo, fue más contundente.
“No tienen opción [las autoridades actuales] más que mantener la calma y conducir una transición pacífica que culmine en elecciones democráticas”, declaró a BBC Mundo, advirtiendo que lo contrario podría provocar otra intervención estadounidense.
Trump ya había advertido en ese sentido: horas después de la captura de Maduro, le advirtió a Rodríguez que “si no actúa correctamente, pagará un precio mucho mayor, probablemente más alto que el de Nicolás Maduro”.