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- Autor, Atahualpa Amerise
- Título del autor, BBC News Mundo
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En un contexto global donde las barreras migratorias se intensifican, España sigue una senda opuesta.
La administración de Pedro Sánchez dio a conocer inesperadamente la semana pasada una regularización extraordinaria para inmigrantes sin documentación o solicitantes de asilo que demuestren una residencia mínima de cinco meses en el país y carezcan de antecedentes penales.
El Partido Socialista y la formación de izquierda Podemos alcanzaron una alianza que fue ratificada por el gobierno a través de un real decreto, evitando así la aprobación parlamentaria, dado que los socialistas no cuentan con mayoría en el Congreso.
La iniciativa surge de una propuesta respaldada por cerca de 700.000 firmas y apoyos variados, incluidos colectivos migrantes y la Iglesia católica.
Elma Saiz, ministra española de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, expresó que esta regularización es «esencial para abordar la realidad que representa la presencia de estas personas en nuestras calles».
De los 49,4 millones de habitantes en España, más de 9,8 millones son originarios de otros países; de estos, 3,4 millones poseen permiso de residencia, según cifras oficiales.
Se calcula que más de 500.000 de los aproximadamente 850.000 inmigrantes en situación irregular podrán regularizar su estatus.
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Esta política, que evidencia una postura manifiestamente proinmigración, contrasta con las medidas restrictivas adoptadas por la mayoría de las naciones desarrolladas.
En Europa, Alemania implementó reformas para facilitar las deportaciones y detenciones; Francia restringió ayudas sociales y aceleró expulsiones; Italia emplea leyes disuasorias y procesa a solicitantes de asilo fuera de sus fronteras; mientras que Reino Unido limitó significativamente el acceso al refugio.
En Estados Unidos, la administración de Donald Trump promueve una política agresiva de cierre fronterizo, persecución y deportación de indocumentados; Canadá, históricamente abierto, ha reducido admisiones de trabajadores temporales y estudiantes extranjeros.
¿Qué hace que España se convierta en el elemento discrepante? A continuación, se analiza.
La economía
Aunque enfrenta retos como salarios bajos, desempleo elevado, pérdida del poder adquisitivo y carencia de vivienda, la economía española ha mostrado resiliencia en años recientes.
Recientemente España ascendió al puesto número 12 entre las economías mundiales, superando a México, Australia y Corea del Sur, con un PIB que ya excede los 2 billones, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).
«Hay una demanda significativa de mano de obra en sectores como el cuidado, la construcción y la hostelería, sectores que dependen directamente de la inmigración», señala a BBC Mundo Cecilia Estrada Villaseñor, doctora en migraciones internacionales de la Universidad Pontificia Comillas.
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La académica anticipa que la regularización impulsará a corto plazo la formalización laboral y el aumento en la recaudación estatal, al reducir la economía informal, mientras que a medio plazo contribuirá a la viabilidad del sistema de pensiones, cada vez más afectado por el envejecimiento poblacional.
“Respecto al impacto fiscal, investigaciones del Real Instituto Elcano, la OCDE y la Comisión Europea indican que, en promedio, los migrantes proporcionan más recursos de los que consumen en servicios sociales”, afirma.
Joaquín Arango, catedrático emérito de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y codirector del Grupo de Estudios sobre Migraciones Internacionales, destaca que la demanda de mano de obra migrante “también ocurre en Francia, Italia y Alemania, pero España es quien responde de forma más contundente a estas necesidades”.
“Otros países actúan en menor medida y de manera más discreta: Italia incrementa las cuotas de trabajo para extranjeros, incluso irregulares, pero sin publicidad; Alemania reconoce un déficit cercano a un millón de trabajadores, pero enfrenta mayores obstáculos y reacciona de forma menos decidida”, agrega.
En 2025, España cerró con 605.400 empleos nuevos, alcanzando una cifra récord de 22,46 millones de trabajadores y una reducción de 118.400 desempleados.
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A pesar de registrar el mejor dato en 17 años, el paro sigue siendo elevado —alrededor del 10%, frente al 6% promedio en la Unión Europea—, motivo por el que quienes critican la medida consideran que la integración de cientos de miles resultará complicada.
“Para un país con una tasa de desempleo estructural tan alta como España, que en Europa es una excepción, esto implica un costo elevado porque favorece la llegada de más migración de la necesaria”, advierte Alejandro Macarrón, analista demográfico y coordinador del Observatorio Demográfico del CEU-CEFAS.
El experto señala que la política de puertas abiertas, junto con el creciente aumento demográfico, también intensifica la principal preocupación de la población española: la dificultad para acceder a una vivienda.
“Quienes poseen una vivienda en propiedad —que aún constituyen la mayoría— no enfrentan problemas y, de hecho, ven aumentar el valor de sus casas. Sin embargo, para jóvenes e inmigrantes esta situación es un problema serio”, sostiene.
El "factor latinoamericano"
Diversos estudios revelan que, en general, los españoles tienen una percepción más favorable de la inmigración que otros países occidentales y, aunque hay inquietudes sobre la integración, reconocen la aportación económica de los extranjeros.
Especialistas destacan que un elemento clave que diferencia a España de otros países europeos es el origen de los inmigrantes.
Cerca del 48% de los extranjeros residentes en España nacieron en América Latina, que representan también el 66% de la inmigración no europea, según el Real Instituto Elcano.
Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina y Perú son las principales naciones contribuyentes.
Aunque no existen cifras oficiales, el centro de estudio sociológico Funcas estima que, de los más de 500.000 irregulares que podrían beneficiarse con la nueva medida estatal, 9 de cada 10 provienen de América Latina.
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“Al compartir el idioma, pueden incorporarse al mercado laboral inmediatamente al llegar a España, además de compartir cultura, valores y en gran parte la religión”, explica José Pablo Martínez, investigador en dinámicas sociales y económicas del Real Instituto Elcano.
Añade que “esto genera un menor choque social que el que ocurre en otros países con flujos migratorios de diferente origen, como la proveniente de países musulmanes en Francia o Alemania”.
Por su parte, Alejandro Macarrón coincide, señalando que “la integración parece más sencilla, ya que no se manifiestan conflictos como los derivados del yihadismo u otras diferencias religiosas y culturales”.
No obstante, España no está exenta de tensiones vinculadas a la inmigración, desde los disturbios en Torre Pacheco en julio pasado, con enfrentamientos entre extranjeros, vecinos y grupos de extrema derecha tras una agresión atribuida a jóvenes magrebíes, hasta el desalojo reciente de un edificio ocupado en Badalona, donde las quejas vecinales se centraban en la inseguridad.
Martínez reconoce que “España, como otros países europeos, enfrenta problemas sociales relacionados con la inmigración que han motivado políticas más restrictivas en otras partes”.
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BBC Mundo conversó también con Silvana Cabrera, portavoz de Regularización Ya, un colectivo decisivo en la presión al gobierno para aprobar la regularización.
Cabrera, boliviana residente en España, rechaza el peso del “factor latinoamericano”.
“No compartimos ese discurso, que consideramos colonialista y racista. No somos hermanas. El Reino de España no nos trata como hermanas; nos somete a maltrato y sufrimos racismo institucional igual que otros”, afirma.
La estrategia política
Otro aspecto clave, según especialistas, es el político: desde la ideología del gobierno hasta sus metas, que podrían ir más allá de las declaraciones oficiales.
“En España hay un gobierno socialdemócrata de centroizquierda, más predispuesto hacia la inmigración que otros países con gobiernos conservadores”, explica José Pablo Martínez, del Real Instituto Elcano.
De forma crítica, Alejandro Macarrón indica: “España es una anomalía en Europa Occidental al tener a la extrema izquierda, refiriéndose a Sumar, en el gobierno. Mientras otros países intentan ordenar los flujos migratorios para adecuarlos al mercado laboral, en España parece prevalecer la política ideológica”.
No es la primera vez que España realiza una regularización; estas se han dado tanto bajo gobiernos del Partido Socialista como del conservador Partido Popular (PP).
El gobierno de José María Aznar (PP) regularizó en 1996, 2000 y 2001, beneficiando a más de 520.000 personas, mientras que el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero llevó a cabo la mayor regularización en 2005, aprobando 576.000 solicitudes.
Jordi Canal i Morell, historiador español y profesor de la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, critica la postura de España en Europa.
“Esta medida es irresponsable. La migración y su regularización son temas sensibles que deben tratarse separadamente de populismos y coordinarse con socios y vecinos europeos”, declara a BBC Mundo.
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A su vez, especialistas indican que la endeble coalición que mantiene a Pedro Sánchez en el poder lo obliga a depender de fuerzas a la izquierda, como Podemos y Sumar.
“El gobierno busca ganar tiempo para mantenerse en un escenario político complejo y precisa el respaldo de estos partidos, todos a favor de la regularización”, indica el catedrático Joaquín Arango.
Para Arango, esa es la principal razón por la cual se ha elegido tramitar la medida mediante real decreto: “Con esta acción, la administración cree que podrá incrementar su apoyo parlamentario y asegurar una mayor estabilidad política”.
Otro propósito, más altruista, es enfrentar el elevado número de irregulares y el creciente volumen de expedientes de asilo que saturan la administración.
“Esta regularización es una forma de ordenar: al aprobarla se simplifican procesos y se gana tiempo de cara a situaciones similares que volverán a suceder. Por un período prolongado se puede reiniciar el conteo”, explica.
El catedrático recalca que, a diferencia de otros países europeos, “en España el temor a la impopularidad de una medida así es menor”, porque históricamente su sociedad ha mostrado “mayor aceptación hacia la inmigración”.
“Los estudios colocan a España entre los países más abiertos a la llegada de inmigrantes, a las solicitudes de asilo y a la protección internacional”, concluye.