El Tribunal Supremo ha transferido a la Audiencia Nacional la investigación sobre supuestos amaños en adjudicaciones de obras públicas vinculadas al ‘caso Ábalos-Cerdán’.
Este proceso involucra al exministro José Luis Ábalos, quien perdió su aforamiento tras renunciar a su escaño como diputado.
El juez Ismael Moreno, encargado actualmente de investigar las finanzas del PSOE, asumirá esta investigación independiente relacionada con adjudicaciones irregulares de obras públicas.
Entre los señalados se encuentran Ábalos, Santos Cerdán, Koldo García, varios empresarios y exdirectivos de la constructora Acciona.
El Tribunal Supremo ha remitido a la Audiencia Nacional la investigación relativa a la rama del caso Ábalos que trata sobre supuestos amaños de obras públicas en beneficio de determinadas constructoras.
Esto consta en una resolución emitida este lunes por el magistrado Leopoldo Puente, tras la renuncia del exministro José Luis Ábalos a su acta de diputado, una de las personas investigadas en este proceso.
Como consecuencia, perdió el aforamiento y el Supremo dejó de ser el órgano judicial exclusivo competente para su investigación.
La investigación de esta parte del caso seguirá ahora en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el juez Ismael Moreno.
Se trata del mismo magistrado que ya está investigando bajo secreto las posibles irregularidades en la contabilidad del PSOE. De hecho, él comenzó la instrucción cuando el exministro Ábalos aún no estaba implicado.
Al incorporarse Ábalos como investigado y mantener su aforamiento, el caso fue remitido al Supremo, pero ahora regresa a la Audiencia Nacional tras su renuncia al escaño.
En esta investigación, además del exministro, están señalados: su antiguo asesor Koldo García; el empresario Víctor de Aldama, el ex número tres del PSOE Santos Cerdán y los constructores Antxon Alonso y José Ruz.
Asimismo, se encuentran cuatro ex altos cargos de la constructora Acciona: Fernando Agustín Merino, Justo Vicente Pelegrini, Manuel José García Alconchel y Tomás Olarte.
La pieza separada
La pieza separada enviada ahora al Juzgado Central de Instrucción número 2 fue abierta en septiembre pasado para indagar sobre supuestas adjudicaciones ilegales de obras públicas, en cuyos amaños habrían participado, entre otros, Ábalos y Santos Cerdán.
Otra parte de este procedimiento, conocido como caso Mascarillas, también fue inicialmente instruida en la Audiencia Nacional y después derivada al Supremo.
Sin embargo, la fecha del juicio ya está establecida, por lo que, salvo imprevistos, tendrá lugar el próximo abril en el alto tribunal.
De hecho, en su resolución, el juez Puente recuerda que, en 2014, el Supremo determinó que el auto de apertura de juicio oral establece la competencia para juzgar causas contra aforados.
En este caso concreto, la resolución emitida cuando Ábalos aún era diputado obliga a que el Supremo sea quien lo juzgue por el caso Mascarillas, aunque posteriormente haya perdido el aforamiento.
De manera inversa, este mismo acuerdo implica que, tras la renuncia de Ábalos a su acta de diputado, la investigación todavía abierta sobre los supuestos amaños en obras públicas debe ser trasladada a la Audiencia Nacional.