Específicamente, la investigación que también involucra a Santos Cerdán y que indaga sobre las supuestas ‘mordidas’ a cambio de contratos públicos
El magistrado Leopoldo Puente ha señalado en un auto la pérdida de competencia del Tribunal Supremo para proseguir con la instrucción y el juzgamiento de la pieza separada que investiga al exministro José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Koldo García, Víctor de Aldama y otras ocho personas, tras la renuncia del primero a su escaño en el Congreso, dejando de ser aforado, condición que ostentaba como único investigado.
Mediante el auto, el juez dispone remitir este procedimiento al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, tribunal de origen y que también lleva adelante actuaciones relacionadas con las que son objeto de esta pieza especial, vinculadas a otros imputados. Asimismo, comunica que el plazo de instrucción ha sido extendido hasta el próximo 8 de marzo.
El propósito de esta pieza es esclarecer con detalle la denominada red de amaños en adjudicaciones de obra pública y las supuestas comisiones ilegales relacionadas con altos cargos del PSOE, entre ellos Koldo García, el exministro José Luis Ábalos y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
La segunda vertiente de la investigación
Este aspecto de la investigación se diferencia de otra parte del caso, ya enviada a juicio en el Tribunal Supremo, que se centra en los presuntos contratos irregulares para la compra de material sanitario durante la pandemia de COVID‑19, principalmente mascarillas y otros equipos, por los cuales Ábalos y García ya fueron vinculados a proceso.
En esta sección en particular, los investigadores analizan si entre 2018 y 2023 los imputados utilizaron su influencia política para favorecer adjudicaciones de obras públicas a ciertas compañías a cambio de comisiones o beneficios, hecho que podría encajar en delitos como prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y pertenencia a organización criminal.
De acuerdo con los autos y los informes de la Guardia Civil remitidos al Supremo, existen grabaciones y datos patrimoniales que apuntan a la posibilidad de que empresarios de la construcción y otros intermediarios entregaran sumas en efectivo o mediante otros métodos a los investigados o a personas relacionadas con ellos, en compensación por adjudicaciones sin los procesos competitivos correspondientes.
El presidente del PP sostiene que nada de lo sucedido en el PSOE con Cerdán, Ábalos y Koldo ocurrió sin el conocimiento del secretario general.
Un ejemplo de esta línea de investigación es el estudio de movimientos financieros y transferencias entre empresas supuestamente implicadas, como aquellas vinculadas a Acciona o cooperativas como Erkolan, donde se examina si pagos recibidos durante años enmascaran retribuciones indebidas o la canalización de fondos a través de terceros para ocultar su origen.
La pesquisa también está centrada en la posible utilización de empresas «fantasma» o relacionadas con familiares y allegados de los imputados, empleadas como mecanismos para blanquear o esconder el destino final de las comisiones, junto con la coincidencia temporal entre las presuntas adjudicaciones irregulares y las compras de bienes por parte de los involucrados.
En la causa ahora remitida a la Audiencia Nacional figuran como investigados José Luis Ábalos Meco, Koldo García Izaguirre, Víctor Gonzalo de Aldama Delgado, Santos Cerdán León, José Ruz Martínez, Antonio Fernández Menéndez, Daniel Fernández Menéndez, Fernando Agustín Merino Vera, Joseba Antxon Alonso Egurrola, Justo Vicente Pelegrini, Manuel José García Alconchel y Tomás Olarte Sanz.