El Tribunal Superior de Justicia de Murcia solicita protección al CGPJ ante esta «injerencia» y reprocha a Justicia su decisión «unilateral».
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La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha bloqueado un evento del secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodriguez, programado en la Ciudad de la Justicia de Murcia.
El segundo al mando de la ministra Pilar Llop pretendía «presentar», el día 21 a las 13:00 horas, la Fase II de estas instalaciones. Sin embargo, la Sala de Gobierno del TSJRM ha vetado el acto, criticando lo que considera una «injerencia» del poder político.
Además, califica de «unilateral» la convocatoria de esta actividad, que fue decidida exclusivamente por el Ministerio de Justicia. «Esta Sala de Gobierno desconoce el alcance real de lo que se intenta ‘presentar'», declaran. «Claramente, según los términos del anuncio, no se podría aceptar una supuesta inauguración o presentación de la Fase II de la Ciudad de la Justicia, que está en funcionamiento desde 2012 (hace ya once años)», señalan los magistrados.
«La iniciativa y convocatoria unilateral de este acto por parte del Ministerio de Justicia se apartan de las prácticas habituales de coordinación, cooperación y lealtad interinstitucional que esta Sala de Gobierno considera esenciales preservar», manifiesta la Sala.
«En cualquier caso, la neutralidad de los edificios judiciales y su imagen pública deben mantenerse especialmente libres de actividades ajenas a la función judicial, convocadas por entidades externas a los órganos de gobierno de los tribunales, sin su participación y en flagrante desconocimiento de la normativa orgánica aplicable a las sedes judiciales», añaden.
Por esas razones, por unanimidad, la Sala de Gobierno del TSJRM ha decidido no autorizar la realización de este evento, lo que implica que no podrá efectuarse.
Asimismo, ha optado por comunicar esta resolución al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), solicitando su amparo frente a lo que consideran una intromisión indebida en las competencias propias del estatuto de autogobierno del Poder Judicial.