Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, fiscales implicados en el ‘procés’, han solicitado las jefaturas de la Sección Penal del Tribunal Supremo.
El concurso incluye tres vacantes: una de ellas corresponde a Teresa Peramato tras su nombramiento como fiscal general, y otra derivada de la jubilación de Fidel Cadena.
Ana Isabel García León, sin antecedentes previos en casación penal, también compite por una de las jefaturas y se espera que sea seleccionada para una plaza.
Además, se convocan puestos en las fiscalías de medio ambiente y discapacidad, donde María José Segarra aspira a renovar su cargo.
Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, dos de los cuatro fiscales de Sala involucrados en la causa del ‘procés’, han solicitado las jefaturas de la Fiscalía de la Sala Penal del Tribunal Supremo que están actualmente en concurso. Su asignación será el primer reto en nombramientos para la recientemente nombrada fiscal general, Teresa Peramato.
El concurso abierto el 13 de enero contempla tres puestos vacantes de jefes de las secciones penales de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Una de estas vacantes corresponde a la que dejó Peramato al ser nombrada máxima autoridad del Ministerio Público.
La segunda vacante se debe a la pronta jubilación de otro fiscal vinculado al ‘procés’, Fidel Cadena. La tercera surge por el final del mandato de Javier Huete, quien busca su renovación.
Madrigal y Moreno aportan a su extensa trayectoria en la jurisdicción penal del Tribunal Supremo un reconocido prestigio profesional. Ambos son fiscales de Sala (Madrigal desde 2008 y Moreno desde 2014), y la primera fue también fiscal general.
La duda reside en si Peramato continuará la línea de sus predecesores García Ortiz y Dolores Delgado de favorecer a los integrantes de la minoritaria Unión Progresista de Fiscales, entidad que presidió en 2019 y 2020 la actual fiscal general.
Para la jefatura de la sección penal también compite Ana Isabel García León, quien fue responsable de la Secretaría Técnica con García Ortiz y dejó ese puesto tras el nombramiento de Julio Cano.
Fuentes judiciales indican que una de las tres plazas de Penal será para ella, aunque García León no había tenido experiencia previa en casación penal hasta su reciente adscripción a una sección penal del TS, donde debutó esta misma semana.
Esto contrasta con otros candidatos a estas vacantes, que cuentan con una extensa carrera en la jurisdicción penal del Supremo, como Rafael Escobar y María Ángeles Garrido.
También se han convocado dos cargos de fiscales de Sala adicionales: uno en medio ambiente y otro en discapacidad.
Para esta última plaza busca un segundo mandato María José Segarra, quien fue fiscal general entre junio de 2018 y enero de 2020.
Contrario a las especulaciones en ciertos sectores, Álvaro García Ortiz no ha solicitado la Fiscalía de Sala para delitos contra el medio ambiente, materia en la que posee especialización.
Fuentes fiscales han informado que el exfiscal general permanecerá en la Sección Social de la Fiscalía del Tribunal Supremo, «en los cuarteles de invierno», según señalan, luego de su destitución por una condena relacionada con la revelación de secretos.